“Ningún país del mundo puede apoyar y dar protección a quién viola derechos humanos y pone en peligro la paz en Venezuela, el continente y el mundo”, así lo dice Ricardo Alfredo Rojas Machado, capitán retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, médico y abogado, a propósito de lo ocurrido el pasado 20 de mayo de 2020 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Él propone que los países del mundo se pronuncien, según el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, para que se expulse a Venezuela de la ONU por violar de forma repetitiva los derechos humanos y proteger a grupos irregulares.
El artículo 6 que cita, señala: “Todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.
Rojas Machado, además de capitán de la Guardia Nacional de Venezuela que participó el 30 de abril de 2019 en la Operación Libertad, es médico cirujano, especialista en oftalmología, acreditado como médico forense y también es abogado y fue profesor en la Universidad Militar de Venezuela.
Considera que “sería interesante que el Consejo de Seguridad de la ONU escuchase a países vecinos de Venezuela, sobre la permanencia de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros”.
Que esos países vecinos narren “el recibimiento masivo de migrantes venezolanos, forzados a dejar su país huyendo del hambre, el desempleo, la falta de medicamentos básicos para el manejo de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.), así como falta de servicios básicos para el funcionamiento de la vivienda (energía eléctrica, luz, gas doméstico) llegando masivamente a otros países causando situaciones de xenofobia”.
A su juicio, eso les permitiría a los países miembros tener una visión más clara de los hechos, “para que, al momento de decidir y votar, lo hagan sabiendo y teniendo la verdad que, quizá no esté del todo clara con relación a lo que ha ocurrido y ocurre en Venezuela”.
Dice eso a propósito de lo ocurrido, el pasado 20 de mayo de 2020, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Destaca el militar y abogado Rojas Machado que “Venezuela es un Estado miembro ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sabe la ONU y el mundo el sufrimiento desencadenado a las víctimas y a sus familiares por el régimen actual de Venezuela, con dolor humano incalculable a consecuencia de las múltiples ejecuciones extrajudiciales, demostradas y denunciadas, tales como los asesinatos ocurridos durante las protestas, donde perdieron la vida más de 200 jóvenes, además de innumerables detenciones, aplicación de torturas blancas y corporales”.
Recuerda cómo “algunos casos han sido fatales, como el caso de Óscar Pérez, el concejal Fernando Albán y más recientemente el capitán Robert Colina; de éste último describí como Médico Forense adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense (Senamecf) y ex director de la región Miranda, los signos externos de violencia presentes en el cadáver que hablan a favor de lesiones con reacción vital, los que se interpreta clínicamente que fueron realizadas en vida”.
Es enfático en señalar que “las actuaciones de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro han destruido la vida de muchos jóvenes venezolanos como el del adolescente Rufo Chacón, quien recibió más de 50 perdigones en su rostro ocasionándole lesiones gravísimas como la pérdida de sus dos globos oculares durante una protesta pacífica, por no tener gas doméstico”.
En el marco del Derecho Internacional dijo que el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ratificó el Convenio de Ginebra en septiembre del año pasado. “Eso fue aun, cuando estando en Venezuela la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, se dio el secuestro del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que poco después muere estando en manos del régimen”.
Recordó el capitán Rojas Machado la comisión de delegados que dejó Bachelet en Venezuela para continuar las investigaciones de violaciones de Derechos Humanos. “A los delegados no se les permitió la entrada a los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. No se aplicaron los protocolos internacionales necesarios en el curso de las investigaciones realizadas sobre el caso del CC Acosta Arévalo, que deben aplicarse en casos de investigaciones por tortura y muerte en ‘extrañas circunstancias’, con evidente violación a los Derechos Humanos en Venezuela”.
Agrega el militar y abogado “la OMS cataloga que ‘la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’, por lo que puedo entonces afirmar que en Venezuela no hay salud”.
En cuanto a algunos hechos ocurridos en el marco de la llamada Operación Gedeón, Rojas Machado dice recientemente fue aprehendido un grupo de jóvenes, a quienes se les mantuvo en poder de las autoridades, “sin informar a la familia ni a los medios de comunicación, manteniendo presión psicológica a los familiares de los detenidos. El Mayor General (Ej) Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante de la REDI Capital, se refirió a ellos como “prisioneros”, entre ellos a una joven mujer, a quienes se les ve maniatados y arrodillados en el piso, sin respeto por la dignidad humana tal como lo establece el Derecho Internacional, en este caso el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7, sobre Crímenes de Lesa Humanidad”.
Ese artículo 7 establece: “Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia seguido de la negativa de informar sobre la privación de libertad o dar información sobre su suerte o paradero de esas personas con la intención de dejarla fuera del amparo de la Ley por un periodo prolongado”.
Ante ello el capitán y abogado explica que “esos jóvenes estuvieron desaparecidos varios días, sin que nadie supiera de su paradero y siguen fuera del amparo de la Ley, pues no tienen acceso a abogados de confianza sino a defensores públicos asignados por el régimen, quienes no velan por la legítima defensa tal como lo señala el debido proceso”.
El artículo 55 del Estatuto in comento señala que durante la investigación “nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza o tortura ni otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”.
Afirma que “en este caso se practicó desaparición forzada de personas, así como trato cruel, inhumano y degradante al tenerlos amarrados y arrodillados en el piso recordando que los hombres solo se ponen de rodillas ante Dios”.
“Es alarmante que aún hay personas que están muertas, de los cuales no se ha dado información oficial, reincidiendo en lo pautado en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas y demás normas Internacionales como el Estatuto de Roma de Corte Penal Internacional”.
Finalmente dijo: “Insto a las diversas organizaciones de Derechos Humanos como la CIDH, OEA, Grupo de Lima, países vecinos y demás países del mundo, a pronunciarse y dar un claro mensaje de solicitud ante la ONU para que el artículo 06 de la Carta de la Naciones Unidas sea aplicado contra el régimen que usurpa el poder en Venezuela en vista de que ya es público notorio y comunicacional que de forma repetitiva se violan Derechos Humanos en el país, lo que no es secreto ni para la Alta comisionada Bachelet; hay denuncias formales ante la Corte Penal Internacional”. /Con información de Infobae
