El monto embargable alcanza 29 meses de pensiones no abonadas, que corresponden a 97 mil 334 soles, según resolución judicial.
La Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado reafirmó el embargo, en forma de retención, de las pensiones y gratificaciones del expresidente Alejandro Toledo Manrique, el cual es investigado bajo la presunción de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht y sobre quien pesa un pedido de extradición de los Estados Unidos.
La resolución judicial -que ratifica el fallo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado, precisa, además, que el monto embargable alcanza 29 meses de pensiones no abonadas, que corresponden a 97 mil 334 soles.
También dispone que se oficie a las entidades y “por ende se levante lo embargado en cuanto al exceso” ascendente a 15 mil 914 soles).
Hace una semana, ante el juez Richard Concepción Carhuancho, el empresario israelí Josef Maiman Rapaport confirmó que las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa le entregaron en total US$34 millones para Alejandro Toledo.
Desde Israel, Maiman declaró que las entregas de dinero de Odebrecht comenzaron en el segundo semestre del 2006. “Barata me indica que va a empezar el proceso, yo se lo comunico a Toledo y empiezo a recibir los fondos. Cuando empiezo a recibir, los comienzo a transferir a las cuentas costarricenses que ellos me dijeron”, sostuvo.
El empresario ratificó que entre Odebrecht y Camargo Correa recibió entre US$34 millones y US$35 millones, “pero toda la documentación fue entregada y certificada por los bancos, era el acuerdo de pago a Toledo”. Especificó que de Odebrecht recibió en sus cuentas “alrededor de 30 y 31 millones”, mientras que de Camargo Correa recibió US$4 millones.
En junio del año pasado, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para el ex presidente Alejandro Toledo Manrique y su esposa, Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia, por el Caso Ecoteva. /El Comercio
