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Decisión. Consejo de Minería resolvió declarar infundado el recurso de revisión planteado contra la licencia de construcción del proyecto minero. Pobladores anuncian radicalización de las protestas. Anoche hubo enfrentamientos. Gobierno Regional acudirá al Poder Judicial para insistir con la anulación de la autorización.
Los pobladores del valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, consideran que el Gobierno les “declaró la guerra ” con la decisión del Consejo de Minería . Este organismo que depende del Ministerio de Energía y Minas confirmó la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María de la empresa Southern.
Ayer la noticia llegó por la mañana. Un grupo de pobladores aguardaba en la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra. La mayoría se sentía indignado e impotente. Esperaban que los recursos de revisión interpuestos contra la licencia prosperaran. Algunos incluso lloraron al conocer la decisión. El dirigente Miguel Meza Igme, quien organiza las protestas, se quebró ante los periodistas. No son lágrimas de cobardía, sino de impotencia, lo justificaban otros pobladores.
Aunque aún no se conocen los argumentos de la resolución del Consejo de Minería, el dirigente Miguel Meza Igme señaló que recurrirán al Poder Judicial con ayuda del Gobierno Regional de Arequipa.
A medida que transcurrió el día, los ánimos se fueron caldeando. Un grupo se reunió en la tarde para anunciar la radicalización de las protestas. “El presidente de la República, el moqueguano que conoce perfectamente la provincia de Islay, nos declara la guerra”, dijo Miguel Meza.
Se anunció otra reunión de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, pero esta se canceló.
Cuando ya oscurecía, un hecho enardeció a los manifestantes. A la altura del sector de Chucarapi, un camión, en el que viajaban algunos agricultores que participaron en la manifestación, se volcó a un costado de la vía. Los pobladores señalaban que una tanqueta de la Policía le cerró el paso ocasionando el accidente.
Sin embargo, los agentes señalaron que el chofer del camión perdió el control. En medio de esta confusión, la policía comenzó a disparar perdigones a los pobladores. Una adolescente de 12 años terminó con golpes en la cabeza. Ella fue llevada al distrito de Cocachacra.
Se informó que, en total, seis personas resultaron heridas, pero a la vez fueron detenidas. Son Víctor Aparicio Vilca Huayta, Cecilia Asunta Cari Castillejos y Darwin Ranses López Ortiz, este último salió en libertad horas después. Otros tres menores de edad también figuraron como detenidos, uno de ellos fue liberado y de los otros dos se dispuso su liberación cuando lleguen sus padres. Todos fueron trasladados al cuartel de Chucarapi. El abogado Alexander Casapía acudió a ver su situación.
Tras conocerse la decisión del Consejo de Minería y la tensa situación que se vive en el valle, la minera Southern Perú publicó un comunicado invocando a la paz y el diálogo.
“Con este fallo no solo se da viabilidad a la ejecución de un proyecto que tendrá un impacto positivo para el desarrollo de la provincia de Islay, la región Arequipa y el Perú, sino que también se da una buena señal a la comunidad de inversionistas, mostrándonos como un país que apuesta por su crecimiento económico y cumple sus compromisos”, señaló el vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern, Raúl Jacob. Sin embargo, aclararon, las obras no comenzarán mientras no mejoren las condiciones sociales en la provincia de Islay.
Ayer antes de abordar un avión a la ciudad de Lima, alrededor de la una de la tarde, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, dijo que el gobierno regional no fue notificado de la decisión. De arranque, lamentó la decisión y acusó al presidente de la República, Martín Vizcarra, de estar tras esta decisión.
“Esa licencia es ilegal y antitécnica. Ese Consejo de Minería, que depende del Gobierno nacional, ha tenido que dictar esa sentencia por orden del presidente Vizcarra”, dijo Cáceres. Asimismo, calificó al de Vizcarra como un gobierno de facto y que la decisión favorece a “intereses de las transnacionales”.
Explicó que, cuando reciban la notificación formal del consejo, recurrirán al Poder Judicial para tratar de revertir la actual situación. El argumento será que la licencia es ilegal y antitécnica. “Esperamos que el Poder Judicial sea autónomo y no se someta a este gobierno”, manifestó.
Como se recuerda, el 19 de julio, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) planteó el recurso para anular la licencia de construcción otorgada a Tía María, argumentando que parte de la zona, donde Southern pretende hacer sus operaciones, se sobrepone a Lomas de Cachendo, área considerada como ecosistema frágil. Así fue declarada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. No obstante, la minera dice que el área comprometida alcanza un 0.5% de la concesión. Su respuesta es que retirarían el suelo orgánico y lo pondrían en un depósito especial.
Ayer el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, señaló que el Ejecutivo no impondrá el proyecto Tía María y que, a partir de hoy, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) revisará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. En Tambo, tal anuncio no fue bien recibido, pues los pobladores no tienen confianza.
El alcalde distrital de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz, indicó que ya no creen en OEFA ni en la justicia peruana, por eso propuso que se recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el decano del Colegio de Biólogos de Arequipa, Julio Bernabé Ortiz, rechazó la resolución del Consejo de Minería, ya que pone en riesgo el ecosistema frágil, que es altamente vulnerable.
En contraste, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía consideró que la decisión es una señal, que permitirá dinamizar la inversión minera y la economía nacional.
Alcaldes emitirán pronunciamiento
Wuilber Mendoza, alcalde del distrito de Socabaya y vocero de la Asociación de Municipalidades del Perú en Arequipa, indicó que los alcaldes emitirán un comunicado conjunto sobre Tía María.
Señaló que se reunirán, luego de que el Ejecutivo informe sobre la estrategia que adoptará a raíz del incremento de las protestas en el valle de Tambo.
Añadió que era previsible que el Consejo de Minería ratifique la licencia de construcción de Tía María, porque se trata de un organismo que solo analiza temas técnicos. Otro tema es el conflicto.
Dijo que la inversión que Southern realizará, para llevar adelante el proyecto, beneficiará a la región, pero debe garantizarse que no se contaminará al valle de Tambo. Indicó que si es un proyecto lesivo, estarán en contra de él.
Estamos ante un gobierno absolutamente desconectado, desubicado. Esta decisión, el Gobierno pudo haberla postergado, porque no es oportuna.
El caos va a venir ahora, porque quienes hacen gran negocio político de estas agitaciones van a encontrar las razones para intentar encender la pradera, mucho más estimulados por lo que pasa afuera.
El Gobierno, con esta decisión, se está disparando a los pies, cuando se supone que debe estar concentrado en crear un clima adecuado para las elecciones congresales, que las tenemos a la vuelta de la esquina.
Prácticamente, agita el escenario de la manera más inexplicable. Lo está haciendo el propio presidente del Consejo de Ministros con unas declaraciones absolutamente irresponsables. Lo único que hacen es echar más gasolina al fuego. /La República