Disney demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y lo acusó de “venganza” política después de que una junta designada por él anulara acuerdos que le daban al gigante del entretenimiento el control sobre la expansión de su parque de atracciones en el estado.
DeSantis y la compañía se enemistaron el año pasado cuando Disney criticó una ley promovida por el republicano que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias de Florida.
Como represalia por esas críticas, el gobernador designó en febrero a una junta para dirigir un distrito especial otorgado a Disney en los años 1960, en su parque de atracciones de Orlando, que la compañía gestionaba como un gobierno local.
“Una campaña selectiva de venganza gubernamental -orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso de Disney- amenaza ahora las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales”, indicó la compañía en su demanda presentada ante un tribunal federal del norte de Florida.
Mickey, Minnie y el rey Carlos
La iniciativa de Disney, que emplea a más de 75.000 personas en el estado, llega después de que la junta designada por DeSantis anulara este miércoles acuerdos firmados por la empresa justo antes de ceder el control del distrito especial.
Con esa jugada, Disney se aseguró de no necesitar la aprobación de la junta para construir edificios en el distrito o ceder derechos de superficie, además de prohibir el uso del nombre de la empresa o de sus personajes por parte de los nuevos gestores.
Los documentos incluían una cláusula que garantizaba su validez hasta “21 años después de la muerte del último superviviente de los descendientes del rey Carlos III” de Inglaterra. DeSantis, cuya candidatura a la Casa Blanca parece inminente, había prometido invalidar esos acuerdos y amenazado con subirle los impuestos a la compañía o imponerle inspecciones de seguridad.
La nueva estrella de la derecha estadounidense, de 44 años, se ha dado a conocer con sus batallas culturales contra políticos, profesores y empresas como Disney, a los que acusa de imponer una ideología progresista a los demás.
En su demanda, la compañía solicita que se ilegalicen las leyes que le retiraron el control del distrito especial, alegando que se “promulgaron en represalia por el discurso político de Disney en violación de la Primera Enmienda”, que protege la libertad de expresión.
“A la empresa no le queda más remedio que presentar esta demanda para proteger a sus miembros, a los clientes y a los socios locales de una campaña implacable para utilizar el poder del gobierno como arma contra Disney”, indicó la compañía en el documento judicial.
“En Estados Unidos, el gobierno no puede castigarte por decir lo que piensas”, añadió.
Disney ha anunciado sus planes de invertir más de 17.000 millones de dólares en Disney World en la próxima década, una medida que, según sus previsiones, creará más de 10.000 nuevos puestos de trabajo y atraerá aún más turistas a Florida.
