El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez por blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano. Las diligencias abiertas por el magistrado apuntan tanto a miembros del ejecutivo actual y del anterior como a colaboradores de todos ellos que residen en la península ibérica desde hace años y que habrían facilitado a sus compatriotas las vías para devolver los fondos de la empresa estatal PDVSA al curso legal a través de diferentes inversiones inmobiliarias y de todo tipo.
La investigación, que aún se encuentra en un momento incipiente y bajo secreto de sumario, supone la mayor causa que emprende el mencionado juzgado de instrucción desde que está al frente el juez Peinado y, según fuentes judiciales consultadas, este magistrado dedica la mayor parte de su tiempo a sacar adelante el procedimiento. No en vano, incluso durante estos días de Semana Santa el instructor ha estado practicando diligencias para hacer avanzar el asunto, en el que hay decenas de personas investigadas, apuntan las mismas fuentes consultadas, que hablan de más de 40 imputados.
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En concreto, el juez rastrea más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal PDVSA con empresas de la trama. Parte de ellas estarían vinculadas a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que de momento aún no ha venido a España para declarar. Estos convenios, muchos de ellos obtenidos tras un soborno previo, habilitaban a estas sociedades para extraer y comercializar el crudo de Venezuela, según apuntan las primeras investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las mercantiles, explican otras fuentes ligadas a la causa, eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que éstas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa.
Rodríguez ejerce como vicepresidenta del país desde el pasado junio, cuando abandonó su cargo al frente de la Asamblea Nacional Constituyente para pasar a ser la mano derecha de Maduro. Anteriormente había sido canciller de la República Bolivariana y ministra de Información, puesto este último que luego pasó a ocupar su propio hermano Jorge Rodríguez, hoy vicepresidente de Comunicación y también investigado en la causa que dirige el Juzgado 41. Con Chávez, Delcy también tuvo un alto cargo, el de ministra del Despacho del Presidente nada menos. Su trayectoria política la convierte en una de las personas más influyentes del país, pues ha permanecido en puestos de responsabilidad con los dos últimos jefes de gobierno.
El procedimiento que instruye el Juzgado 41 comenzó en España después de que a lo largo de la investigación realizada en otra causa abierta por un juzgado de Houston las autoridades norteamericanas descubrieran que la trama contaba con una derivada en Europa. En concreto, la justicia vinculó la organización con mercantiles en Portugal. La colaboración internacional permitió posteriormente descubrir quelos fondos derivados a este último país pasaban luego a Andorra y de ahí a España. Cuando las autoridades de Estados Unidos descubrieron esta circulación del dinero, se lo comunicaron a la justicia portuguesa, que abrió las correspondientes diligencias por blanqueo de capitales, y ésta a la española.
No en vano en 2017, a petición de las autoridades lusas, la Audiencia Nacional coordinó una serie de registros en propiedades del hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de 6.000 millones de euros procedentes de PDVSA a actividades en España con el fin de ser blanqueados. Sin embargo, la red era de tal magnitud que era necesario iniciar una nueva causa coordinada por un juzgado español para investigar la derivada de la trama. La Fiscalía Anticorrupción la puso en marcha y ahora se encuentra en el citado Juzgado 41 de Madrid. Los investigadores estiman que el entramado societario podría haber blanqueado 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que los venezolanos vinculados a la trama abrieron aquí.
