El Poder Judicial de Perú ha admitido a trámite la apelación de la Fiscalía para volver a debatir la petición de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos delitos de corrupción en el caso ‘Lava Jato’.
El pasado 18 de marzo, la jueza María Álvarez Camacho rechazó el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva contra Vizcarra y dictó solo comparecencia con restricciones, tras lo que la Fiscalía apeló la decisión. Tras aceptar a trámite esta apelación, la Justicia deberá fijar una fecha para la audiencia en la que se revisará la causa.
Será la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Especializada la que evalúe la apelación para determinar si admite en segunda instancia el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, informa ‘El Comercio’.
La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva por delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio. Según el fiscal Germán Juárez, del equipo especial para el caso ‘Lava Jato’, Vizcarra habría recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua por empresas vinculadas a la trama corrupta del caso Club de la Construcción.
Los presuntos sobornos fueron por las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua en 2013 y 2014. Este mismo caso, provocó su salida de la Presidencia en noviembre de 2020.
En el caso del proyecto Lomas de Ilo, Vizcarra habría recibido un pago ilícito de un millón de soles (cerca de 226.000 euros) del consorcio Obrainsa-Astaldi, según reveló ‘El Comercio’ y parte de los sobornos se habrían pagado con el alquiler de una avioneta para trasladar a un grupo de funcionarios bolivianos que viajaban entre las ciudades de Lima e Ilo para reunirse con el exmandatario, a petición de él mismo.
Respecto al Hospital Regional de Moquegua, según destapó el mismo diario, el consorcio de ICCGSA e Incot pagó 1,3 millones de soles (más de USD350.000).
Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, ha rechazado en diversas ocasiones las acusaciones señalando que se tratan de testimonios que intentaban “desestabilizar al país”, si bien en noviembre de 2020 la jueza Álvarez Camacho dictó la prohibición de salida del país durante 18 meses para el expresidente en relación a estos presuntos casos de corrupción. /Con información de Europa Press
