La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que numerosos solicitantes de asilo enviados a México por el gobierno del ex presidente estadounidense Donald Trump sufrieron violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos. Muchos de ellos son venezolanos que huyeron de la represión del régimen de Nicolás Maduro.
El informe consigna que, desde enero de 2019, Estados Unidos cerró -en la práctica- su frontera sur a los solicitantes de asilo, a raíz de lo cual muchos quedaron expuestos a abusos en México.
“El gobierno de Trump, en el marco del programa ‘Quédate en México’, envió a más de 71 mil solicitantes de asilo a México mientras sus solicitudes de asilo eran procesadas en Estados Unidos. Asimismo, desde marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a más de 400 mil migrantes, muchos de ellos a México, incluyendo algunos que buscaban protección internacional y a quienes les negaron la posibilidad de solicitar asilo. Estas últimas expulsiones se realizaron invocando restricciones de viaje supuestamente impuestas para prevenir la propagación del COVID-19″, indicó la ONG.
“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Y agregó: “Ante los pasos positivos que está dando el presidente Biden para revertir algunas de las políticas migratorias más abusivas del gobierno de Trump, al Presidente López Obrador le queda mucho más difícil mirar hacia otro lado mientras funcionarios mexicanos siguen cometiendo abusos contra migrantes”.
La ONG entrevistó a 71 venezolanos que habían cruzado México para pedir asilo en Estados Unidos y fueron enviados a México para esperar mientras se procesaban sus solicitudes, en el marco del programa “Quédate en México”.
“La mayoría viajaba con sus parejas, hijos u otros familiares. Human Rights Watch también habló con funcionarios públicos, organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos de los migrantes y con dos abogados que representan a solicitantes de asilo. En muchos casos, consultó evidencias que eran consistentes con los testimonios, como por ejemplo fotografías, documentos migratorios e informes policiales”, explicó la organización.
Human Rights Watch concluyó que los migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros, extorsión, agresiones y trauma psicológico. Además, “los casi 1.600 venezolanos que aún tienen casos activos de asilo en el marco de ‘Quédate en México’ representan apenas una pequeña proporción de los cientos de miles de migrantes que han sido enviados a México por Estados Unidos en los dos últimos años”, agregó.
La ONG luego manifestó que “casi todos los venezolanos entrevistados” para el informe “indicaron haber huido de persecución política, tortura o acoso. Sus relatos son consistentes con investigaciones previas de Human Rights Watch que documentaron la brutal arremetida contra opositores por el gobierno de Nicolás Maduro, así como con informes de la fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, ambas cuales concluyeron, sobre la base de información con la que contaban producto de sus investigaciones, que es probable que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.
Casi la mitad de los entrevistados por HRW dijeron que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México. En 16 casos, los solicitantes de asilo manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno. Algunos afirmaron que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los carteles si no pagaban.
“En 27 casos, los solicitantes de asilo indicaron que grupos criminales los habían interceptado en cruces fronterizos, estaciones de autobús, hoteles u otros lugares en ciudades fronterizas. Los criminales los habían secuestrado o amenazado con secuestrarlos, y habían exigido cientos o miles de dólares a modo de rescate o a cambio de protección”, subrayó la ONG en su crudo informe.
Luego destacó que la mayoría de las víctimas afirmó haber sufrido estos abusos por su condición de migrantes. “Los agresores a menudo identificaban a las víctimas inspeccionando los documentos de identidad o migratorios que llevaban consigo. En algunos casos, el agresor ya tenía su fotografía o identificaba a la persona en cuestión entre la multitud. Muchas víctimas dijeron haber visto a desconocidos que los miraban o les tomaban fotografías antes o después de ser víctimas del delito”, acotó.
Haciendo referencia al hecho de que los migrantes son victimizados tanto por funcionarios públicos como por delincuentes, un hombre dijo a HRW: “No entiendo quién es un criminal y quién es la ley”.
“Me aterra salir”, contó una mujer. “No sé qué es peor, si estar aquí o en Venezuela”, agregó.
Vivanco denunció que “las peligrosas condiciones que enfrentan los solicitantes de asilo en el programa Quédate en México son injustificables”. Y agregó: “Mientras el gobierno de Biden termina de revertir este programa abusivo, el gobierno mexicano debe asegurarse de que los solicitantes de asilo puedan permanecer de manera segura en México y acceder a servicios esenciales”.
Los motivos por los que abandonaron Venezuela
Casi todos los venezolanos entrevistados en México por HWR habían huido de persecución política, tortura u hostigamiento en el país petrolero.
Los entrevistados mencionaron varios motivos para buscar asilo en EEUU; entre ellos, haber sufrido abusos por parte de agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y varias fuerzas policiales de los estados, así como por grupos armados partidarios del gobierno, conocidos en Venezuela como “colectivos”. Algunos habían sido miembros de partidos políticos opositores o activistas políticos. Algunos solamente habían participado en manifestaciones, en algunos casos en reclamo de servicios esenciales como agua y electricidad. Otros eran empleados públicos que se habían negado a participar en eventos a favor del gobierno o que habían compartido alguna imagen crítica del gobierno en redes sociales.
Jonathan, a quien, como a los demás entrevistados, se identifica con un seudónimo para garantizar su seguridad, contó que en abril de 2019 lo detuvieron cuando participaba en una manifestación en apoyo al líder opositor Leopoldo López. Estuvo detenido tres días, lo golpearon y lo obligaron a dormir de pie. Finalmente, lo acusaron de delitos como terrorismo, asociación para delinquir y uso de bombas incendiarias.
Su familia tuvo que vender sus pertenencias para poder pagar USD 3.500 para que lo liberaran. Relató que, durante meses, mientras su juicio era postergado una y otra vez, se presentaban agentes en los alrededores de su casa y tomaban fotografías. Su abogado en un momento le advirtió que el gobierno revocaría su libertad condicional, por lo que decidió huir de Venezuela con su esposa y sus dos hijos, de 3 y 13 años. En marzo de 2020, los enviaron a esperar a México tras haber solicitado asilo en EE.UU. En enero de 2021, seguían esperando en una ciudad fronteriza.
Otro caso
Mayra, abogada de derechos humanos y activista de un partido opositor, contó que en 2019 había ayudado a organizar marchas para que el gobierno permitiera el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó que después había comenzado a recibir mensajes amenazantes de funcionarios y desconocidos.
Finalmente, agentes allanaron su casa, la detuvieron violentamente, le vendaron los ojos y la arrastraron hasta una camioneta, donde perdió el conocimiento tres veces mientras la golpeaban y le aplicaban descargas eléctricas durante seis horas.
La llevaron a un campamento guerrillero cerca de la frontera, donde un hombre amenazó con matarla si no salía del país y dejaba de participar en eventos políticos.
Finalmente, regresaron a la ciudad, donde la abandonaron en una estación de la GNB. Mientras se recuperaba en casa, un amigo presentó una denuncia policial. Sin embargo, cuando Mayra se presentó en la dependencia para certificarla, dos personas la secuestraron y le dijeron que la policía había destruido la denuncia. Abandonó el país poco antes de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Ha estado esperando en el marco de Quédate en México desde septiembre de 2019.
Blanco de secuestros y extorsión en México
Dieciséis personas entrevistadas dijeron que agentes de migración o policías mexicanos las habían detenido y les habían exigido sobornos, en algunos casos de miles de dólares. Contaron que los funcionarios las habían amenazado con deportarlas, hacerlas desaparecer o entregarlas a carteles si no pagaban. Algunas dijeron que las habían extorsionado al ingresar al país. Otras, que las habían detenido en un aeropuerto y los agentes de migración las habían llevado a áreas de espera para exigirles un pago.
Ángel y su familia volaron de Ciudad de Panamá a Monterrey, en el norte de México, en octubre de 2019, como parte del trayecto para solicitar asilo en la frontera de EEUU. Ángel contó que un agente de migración mexicano que tenía fotos de ellos, presuntamente tomadas más temprano ese mismo día en el aeropuerto de Panamá, los sacó de la fila de llegada y les hizo pasar la noche en una celda. A la mañana siguiente, otro funcionario les exigió un soborno de USD 100 por persona y les dijo que los deportaría si no pagaban.
Ángel pagó, y él y su familia continuaron en un vuelo hacia la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Allí, agentes uniformados de la policía federal y municipal sacaron de la fila a todos los ciudadanos venezolanos y cubanos y les exigieron nuevamente sobornos de USD 100 por persona, mientras uno de ellos les decía: “Sabemos que están intentando llegar a la frontera”. Cuando Ángel se negó a pagar, esos mismos agentes lo detuvieron junto a su familia hasta el anochecer, los llevaron en una camioneta a un callejón abandonado y los amenazaron con que, si no pagaban USD 6 mil, los entregarían a un cartel.
Ángel dijo que no tenía esa cantidad de dinero, así que golpearon a su padre, rompieron las maletas de su familia para abrirlas y desparramaron su contenido por el suelo. La hermana de Ángel les entregó su cartera, en la que había USD 3 mil, todo el dinero que tenían para el viaje. Los agentes se fueron en la camioneta y, en el medio de la noche, la familia caminó hasta la frontera, donde comenzaron el proceso de asilo.
Human Rights Watch solicitó al Instituto Nacional de Migración de México que le enviara la información con la que contara sobre señalamientos de agentes migratorios que hubieran extorsionado a migrantes, pero no ha recibido respuesta. /Con información de Infobae
