Las violaciones al debido proceso y las arbitrariedades que, de acuerdo a expertos, rodean la forma en la que el gobierno de Trinidad y Tobago ha detenido, deportado y/o expulsado a venezolanos, incluyendo menores de edad, en los últimos meses, ha desatado indignación en Venezuela.
No se trata de una situación nueva. Son “muchos” los casos plagados de irregularidades que se han venido registrando por lo menos desde 2018, de acuerdo a la defensora de DD.HH., Karla Henríquez, miembro del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos (PIDH) en Canadá y quien maneja varios casos de venezolanos expulsados de la isla caribeña.
“Primero deportaban menores de edad que mantenían detenidos en un centro de detención para inmigrantes, que no pueden estar detenidos con adultos, no puedes tener niños mezclados con hombres. Qué delito tan grande puede cometer un niño para que sea literalmente privado de libertad”, afirma la activista en declaraciones a la Voz de América.
Además, denuncia que funcionarios del gobierno trinitario “rompen los carnés de ACNUR y rompen los carnés de registro a venezolanos que tienen más de un año en Trinidad y Tobago”.
En ese sentido, Henríquez sostiene que el gobierno caribeño ha “violentado” diversos instrumentos internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
“Ellos están en derecho de cuidar sus fronteras, pero también están en toda la obligación de respetar los DD.HH. de las personas y todos los tratados firmados”, enfatiza.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, ONG defensora de los derechos de los niños y adolescentes, explica que en 1989 Trinidad y Tobago suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que “se obliga internacionalmente a proteger los derechos de los niños que se encuentren en su territorio, independientemente de la nacionalidad que ellos tengan”.
“Procesos de deportación basados en el estatus migratorio violan los principios de la Convención, sobretodo tomando en cuenta la migración venezolana que es forzosa y al ser forzosa surge el imperativo internacional de proteger y cobijar y más cuando se trata de niños”, subraya.
Trapani recuerda que “más allá de los organismos internacionales, lo que surge es la obligación de cada Estado, de poder adoptar las medidas necesarias para darle protección a cualquier migrante, sea venezolano o no”.
“Hay una obligación general que traspasa la nacionalidad del migrante, sobre todo tomando en cuenta los niveles de vulnerabilidad en la que se encuentra un migrante. Desde Cecodap hemos insistido mucho en protocolos transfronterizos para la protección del migrante venezolano, pero hace falta la voluntad política y el apoyo de los Estados para que eso sea una realidad”, dice a la VOA.
Trapani considera que si el Estado persiste en negar la migración y no reconoce que hay unas causas estructurales que la estimulan, “los problemas van a continuar”, y reiteró que el Estado venezolano “tardó” en dar algún tipo de pronunciamiento sobre uno de los episodios más recientes que encendió las alarmas.
En noviembre del año pasado, 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, fueron detenidos y devueltos a altamar por autoridades trinitarias, en medio de una tormenta y en embarcaciones que no garantizaban su seguridad. Tras una orden judicial, las autoridades se vieron forzadas a regresar a los venezolanos y varios de ellos aún permanecen detenidos.
En ese entonces, el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aseguró en su cuenta en Twitter que “bajo la rúbrica de ‘humanitaria’, esta interpretación, si se acepta, efectivamente abrirá nuestras fronteras a todo migrante económico, traficante de armas, traficante de drogas, traficante de personas y líder/pandillero sudamericano”.
Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa anunció que convocaron al gobierno trinitario a lo que calificó como “una necesaria reunión de trabajo”.
El drama de los afectados
La esposa y los dos hijos de 9 y 5 años de Félix Marcano, quien tiene 2 años viviendo legalmente en Trinidad y Tobago, forman parte del grupo deportado que posteriormente fue devuelto.
Marcano cuenta que pagó 750 dólares para que su familia viajara en una de las embarcaciones y reunirse con ellos. Dice que tomó la decisión para “poder costear los medicamentos” de sus hijos, ambos con patologías cardiovasculares, pues pagarlo en Venezuela le resultaba más difícil.
“Cuando llegaron acá fue el 17 de noviembre, fue cuando los apresaron y los llevaron a un centro de salud, le hicieron examen de COVID-19 y los trasladaron a un módulo policial donde estuvieron unos 5 días, luego los trasladaron a un sitio desde donde se hacen las deportaciones”, contó a un grupo de periodistas a través de una videollamada.
“La embarcación salió y se apagó el motor en medio del mar, otros los rescataron y estuvieron vagando por esas costas. Durmieron dando tumbos por ahí, el frío, la plaga los estaba azotando, la juez dio la orden de que fueran a buscar a los niños, que los devolvieran a Trinidad, porque no debían deportarlos, aunque hubiera una tormenta tropical que se acercaba”, recuerda.
“Los volvieron a apresar. A los 4 o 5 días los trasladaron a Chaguaramas (Trinidad y Tobago), y el 31 de diciembre me entregaron a mis niños, mi esposa y otros siguen detenidos. Mi hija me dijo que los tratan demasiado mal, la comida es mala, muchas veces duermen en el piso”, contó Marcano. /Con información de Informe21
