El Estado venezolano hostiga a familiares y hasta a mascotas de víctimas, denuncia Amnistía Internacional. El sistema internacional de defensa de los derechos humanos le ha fallado a Venezuela, advierte un experto en la materia.
Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela bajaron a golpes de su camioneta a Américo Ledezma, productor agropecuario del Sur del Lago de Maracaibo, en una zona rural de Venezuela, a inicios de noviembre. Lo ataron de manos, lo amordazaron y se lo llevaron secuestrado hasta el potrero de una de sus fincas, la Caraquita.
También a la fuerza, encaramaron en sus vehículos a varios empleados del ganadero y, ya en el sitio, los obligaron a cavar una fosa entre el barrial. Siete trabajadores de la hacienda estaban maniatados. Y, a su jefe, lo extorsionaron.
“Danos 25.000 dólares antes de que te encontremos los muertos, porque te los vamos a conseguir”, le gritaban los uniformados al dueño del predio campesino.
Ledezma, aún dentro de la camioneta donde lo raptaron, no sabía a qué muertos se referían. Amigos productores llegaron minutos después al lugar, acompañados de cuatro policías municipales y otros tantos militares de la Guardia Nacional Bolivariana. Exigían su libertad, reclamando la ilegalidad del procedimiento.
Dos de ellos comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares. Las imágenes se hicieron virales luego del hecho, que culminó con la liberación del productor.
“Decían que ellos no tenían que dar parte a nadie, que tenían órdenes de Caracas para el procedimiento”, cuenta a la Voz de América un testigo (*). “A Américo, le iban a matar los obreros para ‘sembrarlos’ en esa fosa”, añade.
Los videos generaron tal indignación en Venezuela que, incluso, funcionarios del chavismo repudiaron públicamente aquella actuación de integrantes de la FAES, un cuerpo cuya disolución ha solicitado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
“De verdad, no entiendo qué es lo que está pasando con las FAES. Ahí va a haber presos”, dijo sobre el hecho el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en una entrevista en el canal estatal, VTV.
El funcionario especuló incluso que las FAES pretendían asesinar al ganadero secuestrado. Su despacho ordenó la detención de seis agentes de ese cuerpo policial que participaron en lo ocurrido ese día en el municipio Francisco Javier Pulgar, del occidental estado Zulia, el más poblado de Venezuela. /Con información de AlbertoNews
