Más de 600 médicos denuncian al régimen cubano por someterlos a “condiciones de esclavitud” en labores en el extranjero.
“Nuestro objetivo no es desmantelar las misiones médicas de Cuba, sino frenar la esclavitud, no somos una entidad política, sino humanista”. Asegura Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders (PD) para DW.
Se conoció que esta ONG, ha elaborado un informe el cual ha sido remitido a la oficina de la ONU en Ginebra, y a la Corte Penal Internacional (CPI). Dicho informe lleva por nombre Misiones de Internacionalización de Cuba, 622 médicos cubanos contra el Gobierno cubano.
Los testimonios para elaborar dicho informe, fueron recopilados con ayuda de formularios online divulgados en diversas plataformas mediáticas. Se suman la verificación y documentación de otros 217 testimonios hechos públicos previamente por los afectados.
Más de 600 médicos denuncian al régimen cubano por someterlos a “condiciones de esclavitud”
Los personas involucradas denuncian que viviendo en Cuba, les impedían viajar al extranjero por asuntos particulares sin una autorización especial.
Asimismo, señalan que el régimen cubano aplica mecanismos coercitivos de reclutamiento. Además de regulaciones que les impidieron llevar consigo a sus familias, conducir vehículos sin autorización explícita o desplazarse de la localidad donde laboraban mientras estuvieron contratados en el exterior.
También, estos galenos elevan su voz por normas que les obligaban a prescindir de vínculos con personas con posiciones políticas desaprobadas por el Gobierno cubano.
Además, de informar sobre sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde trabajaban; o de sus intenciones de contraer matrimonio.
No conformes con eso, crearon un “marco represivo” que favorece la impunidad de prácticas de acoso. Aunque estas sean activamente sancionadas por las leyes cubanas y del país de acogida.
Por su parte, se denuncia leyes que tras abandonar “misiones” o contratos oficiales en el exterior o no regresar una vez concluidos estos, los califican de “desertores” y los castigan con la prohibición de entrar al país en 8 años (o más, y sin excepciones humanitarias, sobre todo si el afectado hace declaraciones públicas al respecto). /Con información de CaraotaDigital
