Recientemente llegó silenciosamente a Caracas una representación de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (Oacnudh) Verónica Michelle Bachelet Jeria, pasa sostener diversas reuniones. La ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM) que había solicitado una cita recibió como respuesta “no hay cupo”. Ante eso Molly De La Sotta Quiroga, quien dirige la ONG, envía un mensaje público a esa comisión en representación de los militares, víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos, en particular los detenidos en la DGCIM y SEBIN.
Molly de la Sotta es hermana del capitán de navío Luis de la Sotta Quiroga, quien fue detenido en mayo de 2018 por una supuesta conspiración y desde entonces torturado en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en cuyos sótanos permanece desde entonces. “Junto con mi hermano hay militares que tienen años en los sótanos de la DGCIM sin aire natural ni luz del sol. Otro tanto lo que ocurre en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en sus sedes de El Helicoide y Plaza Venezuela, en cuyos sótanos hay 40 presps políticos militares junto a más de 150 presos políticos civiles y se le ha prohibido la entrada a su Comisión en Venezuela”.
De La Sotta le recuerda a la Alta Comisionada Bachelet Jeria que, a pesar de lo establecido en el Mandato que firmó con el Canciller Jorge Arreaza, el 20 de septiembre 2019, se ha incumplido la Resolución del 26 de septiembre 2019 del Consejo de los Derechos Humanos, donde se aprueba que la comisión tendrá el “ingreso ilimitado a todas las regiones y centros de detención”. Eso no ha sucedido.
Revela lo que ha estado sucediendo con la Oficina de Bachelet (Oacnudh) en Venezuela, en lo que se refiere a los presos políticos militares. “No hemos recibido ni el apoyo para la protección de sus derechos, ni el resultado positivo de las innumerables reuniones de sus Oficiales con las ‘Autoridades’ de 21 Instituciones del Estado”.Michelle Bachelet en la última visita que hizo a Venezuela en 2019
Tampoco ha habido “mejora en el servicio de dichas Instituciones que reciben los Talleres impartidos a los funcionarios cómplices de tortura, tratos crueles e inhumanos. Todo lo contrario, los abusos por parte de dichas autoridades se han incrementado y sus Oficiales en Venezuela, lo único que responden cuando denunciamos es: ‘le trasladamos a las Autoridades sus preocupaciones’ y cuando preguntamos por la respuesta ‘aún no nos han contestado’, es lo que nos contestan”.
Insiste De La Sotta en el incumplimiento de la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 26 de septiembre 2019 que “lejos de ser un instrumento para apoyar a Venezuela, a sus instituciones y a las víctimas de violaciones de DDHH, ha sido un medio para que las Instituciones del Estado, se escuden en los diplomas recibidos por sus funcionarios en Talleres de Procedimientos de DDHH, que implica la Cooperación técnica con las Naciones Unidas, y los presenten ante la Comunidad Internacional como garantía de que cumplen con la Carta de Entendimiento”.
En realidad lo que se esconde con ello es “la existencia de un Sistema que nos impide el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de la NO repetición de crímenes de lesa humanidad como lo es la Tortura y los tratos crueles e inhumanos a los que están sometidos nuestros familiares en Venezuela, bajo la mirada silenciosa de sus Oficiales que no han logrado que estos delitos disminuyan como lo menciona en su informe oral de julio 2020”.
Desde el 14 de marzo de 2020, hace casi seis meses, los detenidos no han recibido visitas de familiares y abogados, por las medidas contra el COVID-19. Mujchos de ellos “con restricciones en la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos, sin luz del sol, sin atención médica, sin despacho en los tribunales cerrados desde el 16 de marzo de 2020 y con restricciones de llamadas telefónicas”.
Narra De La Sotta que “el 21 de julio 2020 hicimos la denuncia ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General, a cargo de Tarek Willliam Saab, solicitando un Fiscal Nacional para que ingresara a la DGCIM y comprobara el estado físico y mental del Capitán de Navío Luis De La Sotta: la Fiscalía designó a la Fiscal Nacional No. 32 Dusay Dueñas, la cual se dirigió a la DGCIM, y no pudo ingresar por haber casos positivos de COVID-19 en sus sótanos”.
Los familiares alarmados le solicitan apoyo a la OACNUDH, para acompañar a los familiares de los presos políticos civiles y militares a las afueras de la DGCIM en Boleíta, Caracas, para exigir fe de vida, ingreso de médicos de la Cruz Roja Internacional, y traslado medico de los enfermos. “El mismo operativo seria organizado en el SEBIN y en la cárcel militar de Ramo Verde. La respuesta tanto de Nekane Lavin como Helene Devaux, es que ese no es el procedimiento de Naciones Unidas, y no pueden acompañarnos”.
Los familiares se hacen la pregunta ¿Cuál es el Procedimiento de la Oficina de derechos Humanos de las Naciones Unidas para proteger los derechos de las víctimas que se encuentran en sótanos y celdas infrahumanas siendo tratados como animales y en riesgo de contagio con el COVID-19? Pasaron las semanas y “aún no tenemos respuesta y la situación continúa siendo la misma. Sus oficiales (dirigiéndose a Bachelet) siguen reuniéndose con las “Autoridades” y la vida de nuestros familiares, continua en peligro”.
De La Sotta le recuerda a Bachelet el compromiso que hizo en Venezuela, “ante cientos de familias de presos políticos militares que confiamos en sus palabras el 20 de junio 2019, cuando después de escuchar nuestros testimonios nos dijo ‘Mi padre fue preso político, militar y muerto por torturas en la cárcel, ustedes no le están hablando a alguien que no sabe lo que dicen, mis amigos fueron torturados, muertos, desaparecidos, exiliados…yo siento su dolor… Haremos lo posible para que los presos políticos tengan el derecho a la defensa, al debido proceso, a la libertad’. Por eso solicitamos el cumplimiento del Mandato, a través del apoyo a las víctimas por parte de la OACNUDH en Caracas”.
Los familiares de los presos civiles y político solicitan a la Comisión de Bachelet en Venezuela que se active en estos puntos específicos:
1.- Medidas Humanitarias para detenidos en riesgo de contagio por Covid-19.
2.- Ingreso urgente de la OACNUDH los centros de reclusión donde están los 132 presos políticos militares para exigir Fe de Vida y Atención Medica, en especial el ingreso al centro de tortura en DGCIM Boleita.
3.- Liberación inmediata de los militares sin juicio de hasta cuatro años, militares sin Audiencia Preliminar por más de un año, aquellos que han cumplido la pena impuesta y los que han cumplido las 3⁄4 partes de la sentencia.
4.- Justicia y reparación, para los crímenes por tortura, tratos crueles e inhumanos
y en especial, que usted se pronuncie ante el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas por la impunidad en el asesinato del Capitán Rafael Acosta
Arévalo.
5.- Resultados de los Talleres que la OACNUDH ha impartido para prevenir la tortura y atención a la víctima, a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Publico y Tribunales.
6.- Que la OACNUDH de respuesta a las denuncias consignadas durante este año.
7.- Atención urgente a las notas diplomáticas y solicitudes de repatriación de militares con doble nacionalidad.
Finalmente, De La Sotta le dice a Bachelet: “Adjuntamos el informe complementario con los hechos que demuestran la violación del Mandato firmado el 20 de septiembre de 2019 y la Resolución del Consejo de Derechos Humanos del 26 de septiembre del 2019, además del incremento de violaciones de Derechos Humanos en el tiempo que su Comisión ha permanecido en Caracas que no fueron reflejadas en su informe anual ante el Consejo sobre Venezuela en julio del 2020, a pesar de haber sido denunciadas”. /Con información de Infobae
