Con capacidad para 70 detenidos, el centro de prisión preventiva supera los 300 reclusos actualmente, lo que representa un hacinamiento de 486 por ciento.
La situación en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Plaza de Toros, al sur de Valencia, es horrorosa. Así lo denunciaron familiares de los presos que se encuentran allí, quienes están preocupados ante la posible existencia de un brote de COVID-19 debido al hacinamiento y a la gran cantidad de nuevos reclusos que son incorporados a esas instalaciones prácticamente a diario.
Marta* es esposa de uno de los privados de libertad. Detalló que todos los días, al mediodía, los familiares deben llevar comida porque no se les garantiza la alimentación. Mientras esperan que los reciban, ven como entran patrullas de Cicpc y otros cuerpos policiales abarrotadas de hombres y mujeres a los que, al parecer, no les realizan ninguna prueba para descartar si están contagiados o no con coronavirus. “Sencillamente van para adentro y ya”.
A ella le preocupa el estado de salud de su esposo Alberto*, quien hace dos semanas presentaba un severo cuadro febril que no cesaba, además de pérdida del gusto y dificultad para respirar, algunos de los síntoma de la COVID-19. Con ayuda de su abogado, logró que lo trasladaran a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), donde la médico forense que lo atendió le aseveró que posiblemente estaba contagiado con el virus, pero que no contaban con las pruebas para confirmarlo. En ese momento, Marta pensó que su esposo moriría.
A los días, Alberto se recuperó de la fiebre, pero sus compañeros comenzaron a presentar los mismos síntomas. “Todos están iguales, han perdido el gusto y el olfato”, señaló Marta. “Todo el que se siente mal en ese lugar, que ya no aguanta más y que uno como familiar canalizó todo para que los trasladen a algún hospital, no los atienden. Procuran (los funcionarios) no llevarlos al médico”.
El Cicpc de Plaza de Toros, donde funciona un centro de prisión preventiva donde los detenidos no deberían permanecer más de 48 horas, cuenta con tres celdas para hombres (A, B y C) y una cuarta (D), para mujeres, sin contar el espacio habilitado en el área de la División de Vehículos. Entre las cuatro, hay una capacidad total de 70 plazas. Sin embargo, actualmente hay más de 300 detenidos en esas instalaciones, lo que representa un porcentaje de hacinamiento de 486 por ciento.
Recientemente fallecieron tres hombres mayores que se encontraban recluidos en los calabozos, aseveró Marta. El primero era diabético, hipertenso y tenía patologías asociadas al colon. “Pedía que lo llevaran al médico y los funcionarios ni pendiente. A ellos no les interesa nada”. Lo sacaron de la celda y lo metieron en un lugar denominado “La Previa”, en donde dejan a los reclusos que reportan algún malestar. Murió al día siguiente.
Hace menos de una semana falleció el segundo. Al parecer, padecía de cáncer de próstata y tenía los testículos inflamados. Además, se le hicieron huecos en las piernas que desprendían un olor putrefacto cuando se los limpiaban con agua y cloro, que era lo único que tenían a la mano sus compañeros. “Era como cuando un animal tiene muchos días muerto. Así olía y los calabozos se inundaban de ese olor”.
El tercer muerto fue reportado esta semana. Se trata de un hombre de 59 años que tenía aproximadamente seis meses detenido por estar presuntamente implicado en el incendio de los galpones de Cantv. Era el vigilante. De un momento a otro se puso mal de salud, lo llevaron al médico y cuando regresó, lo dejaron en “La Previa” tirado en el piso, donde falleció.
En general, los presos sobreviven bajo condiciones infrahumanas. Inicialmente, en el Cicpc de Plaza de Toros recibían la comida que los familiares les llevaban a los reclusos en tazas, pero luego lo prohibieron y les pidieron que la llevaran en bolsas. Las cañerías están tapadas y no tienen poceta, sino un hueco al que deben colocarle un banco para poder evacuar.
Tampoco tienen agua por tuberías, por lo que deben bañarse con agua que llevan los familiares. Además, debido al hacinamiento el calor en las celdas se hace insoportable. “Tienen un extractor y se lo apagan por puro gusto”, agregó Marta.
Sin acceso a la justicia
Desde que inició en marzo la cuarentena por COVID-19 en Venezuela, fueron suspendidas las visitas de los familiares en los centros de prisión preventiva y en las cárceles. Pero eso no fue lo único que se puso en pausa: los procesos judiciales también quedaron paralizados debido al cierre parcial de los tribunales, que se mantienen despachando lo que a discreción ellos consideran como casos de emergencia.
En el Cicpc de Plaza de Toros los privados de libertad están a la espera de la audiencia preliminar, que debería hacerse 45 días después de la de presentación. Viven en carne propia la agudización del retardo judicial ante la cuarentena. Algunos tienen hasta un año esperando esos 45 días, otros ochos meses y así van acumulando semanas de incumplimiento del debido proceso.
“Mientras todo esté suspendido ellos están ahí. Todo es una mentira. Los tribunales trabajan a media máquina y solo llevan a sus audiencias a quienes tienen dólares para pagar. El resto, que se pudra y se muera ahí en esos calabozos”, sentenció Marta.
*Las identidades reales de Marta y Alberto fueron resguardadas ante el riesgo de posibles represalias en su contra. /Con información de CaraotaDigital
