El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha tomado medidas drásticas al clausurar la Asociación de Scouts y otras siete organizaciones no gubernamentales en el país. Estas acciones han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
La clausura de la Asociación de Scouts de Nicaragua, junto con otras organizaciones religiosas y sociales, ha sido atribuida al supuesto incumplimiento en la presentación de informes financieros por parte de estas entidades. Según el diario oficial La Gaceta, la asociación scout no ha presentado sus estados financieros desde 2020 hasta 2022, además de tener una junta directiva obsoleta desde septiembre de 2021.
La medida adoptada por el Ministerio del Interior implica que los activos, tanto muebles como inmuebles, de estas organizaciones serán transferidos al Estado. Esta situación ha generado preocupación sobre el destino y la utilización de los recursos que anteriormente estaban destinados a proyectos y actividades de beneficio social y comunitario.
Además de estas clausuras, el gobierno de Joe Biden ha aplicado sanciones a más de 100 funcionarios municipales de Nicaragua, como respuesta a la represión y la detención injusta de personas que apoyan una sociedad civil libre. Estas sanciones incluyen la restricción de visas de ingreso a Estados Unidos para aquellos funcionarios señalados por su papel en el régimen de Ortega-Murillo.
La Asociación de Scouts de Nicaragua, que ha estado presente en el país desde 1979, ha sido reconocida por su labor en la formación de ciudadanos comprometidos y en la promoción de la educación integral y el contacto con la naturaleza. Su cierre ha generado consternación entre sus miembros y seguidores, quienes valoran su contribución al desarrollo de jóvenes líderes y constructores de un mundo mejor.
Estas clausuras no son un hecho aislado, sino parte de una serie de medidas tomadas por el gobierno de Ortega, que ha cerrado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales desde las protestas sociales de 2018. Estas acciones han sido atribuidas por la administración sandinista a un supuesto intento de golpe de Estado organizado por la oposición política y respaldado por Estados Unidos y diversas agrupaciones.
La clausura de las organizaciones religiosas, como la Asociación Católica Fraternidad Misioneras del Fiat de María y las evangélicas Asociación Ministerio “Rey David” (AMIRD), Asociación de Iglesia Evangélica Luz en la Integración y Asociación de la Doctrina Viva de Jesucristo Sala de Luz y Verdad, ha generado particular preocupación por la limitación de la libertad religiosa en el país.
