El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha tomado la decisión de expulsar a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. El canciller Yván Gil anunció esta determinación, señalando que en los próximos 30 días se revisarán los términos de cooperación técnica establecidos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina.
Como resultado, el personal de la oficina deberá abandonar el país en un plazo de 72 horas, hasta que rectifiquen públicamente su actitud, que según el régimen, consideran colonialista, abusiva y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas.
El canciller venezolano también argumentó que esta medida se tomó debido al papel inapropiado que, según ellos, ha desempeñado la Oficina del Alto Comisionado, acusándola de parcialidad y de actuar como un bufete jurídico para grupos golpistas y terroristas que constantemente conspiran contra el país.
Según el comunicado emitido por el canciller Gil, la Oficina del Alto Comisionado no solo vulnera la Carta de la ONU, sino que también incumple las obligaciones establecidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU. Según el régimen, el Alto Comisionado tiene la responsabilidad de respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados.
Es importante destacar que esta medida se produce dos días después de que la agencia de las Naciones Unidas expresara su profunda preocupación por la detención de la destacada activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, y solicitara su liberación inmediata. La expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Venezuela puede interpretarse como una respuesta del régimen ante las críticas y las llamadas a respetar los derechos humanos en el país.
Esta acción del régimen de Maduro ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha suscitado un debate sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La expulsión de la oficina encargada de monitorear y asesorar en esta materia plantea interrogantes sobre la transparencia y el acceso a información confiable en relación con la situación de los derechos humanos en el país.
La expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Venezuela es un paso más en la tensa relación entre el régimen de Maduro y las organizaciones internacionales de derechos humanos. Esta medida refuerza las críticas hacia el gobierno venezolano por su presunta violación de los derechos fundamentales y su falta de cooperación con los mecanismos de control y supervisión establecidos por la comunidad internacional.
