En un acto sin precedentes, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció que la oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU tendría que abandonar el país en un plazo de 72 horas. Esta medida se tomó como respuesta al rechazo de la ONU a las detenciones arbitrarias que se están llevando a cabo en Venezuela.
El ministro de Exteriores del régimen de Maduro afirmó que la suspensión de la oficina también implicaría una revisión de las relaciones, hasta que rectifiquen lo que el régimen considera una conducta “abusiva y violadora de los acuerdos de Naciones Unidas”. Además, acusó a la oficina de desempeñar un “papel impropio” y de actuar como un “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”.
La oficina del Alto Comisionado condenó enérgicamente las detenciones arbitrarias, como la perpetrada contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue aislada e incomunicada bajo acusaciones infundadas de participar en presuntos planes golpistas.
Después de la expulsión, la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela emitió una comunicación en la que denunció que:
La Sociedad Civil en Venezuela atraviesa actualmente momentos muy oscuros en su historia. En los últimos días, el país ha experimentado un aumento de las tensiones dirigidas contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y todo parece indicar que se aprobará la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
Esta decisión del gobierno venezolano conlleva una serie de consecuencias preocupantes tanto para el Estado como para la población en general. A continuación, se detallan cinco de estas consecuencias:
- Ausencia de Asistencia Técnica en Derechos Humanos para el Estado: La suspensión de la Oficina Técnica del Alto Comisionado implica la falta de apoyo especializado en materia de derechos humanos para el Estado venezolano. Esto puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales orientadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
- Limitación en la Protección de los Derechos Humanos de los Venezolanos: La expulsión de la Oficina Técnica del Alto Comisionado sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar las violaciones a los derechos fundamentales podría verse mermada, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de la población.
- Abandono de la Agenda de Conexión de la Sociedad Civil con los Mecanismos de Protección: El cese de operaciones afecta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La falta de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para defender sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos, lo que repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.
- Limitaciones en el Acceso de los Relatores de la ONU al País: La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede generar limitaciones significativas en el acceso de los relatores de la ONU al país. Esta restricción dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas.
- Limitación en el Acceso a Información Objetiva y Veraz para Informes de Recomendación: La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado puede resultar en limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones. Esta falta de información confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordarlas violaciones y mejorar la protección de los derechos humanos en Venezuela.
