El gobierno de Perú ha destituido al comandante general del Ejército y al comandante general de la Fuerza Aérea tres meses después de su nombramiento. Los exaltos mandos de las Fuerzas Armadas ya han exigido al presidente Pedro Castillo que respete y haga respetar la institucionalidad del ejército. Además, a petición de la oposición, el ministro de Defensa, Walter Ayala, tendrá que dar explicaciones en el Congreso.
Según el periódico digital Perú21, la controvertida disposición del Ejecutivo –que autoriza la salida a las calles de los efectivos castrenses para asumir labores de seguridad ciudadana en Lima y Callao durante 30 días– no habría sido del agrado de los comandantes, lo que habría motivado su relevo.
El motivo del cese, según Perú21, pudo ser una reunión que mantuvieron el comandante general de la Fuerza Aérea, teniente general Jorge Luis Chaparro, con el ministro Ayala, en la que Chaparro mostró sus discrepancias a raíz de la polémica medida. Otras fuentes militares señalaron que el titular de Defensa habría tenido diferencias con ambos comandantes.
El presidente de la Comisión de Defensa, José Williams, comentó que otro motivo para cesar a los comandantes del EP y la FAP habrían sido los desacuerdos con los últimos ascensos en los institutos castrenses, y reveló que ninguno de ellos fue notificado de su cambio “ni por el presidente de la República ni por el ministro de Defensa”. “El comandante general del Ejército se enteró por su secretario personal, y el de la FAP se encontraba volando cuando fue avisado; eso es agraviar a las FFAA”, declaró en Perú21.
Pronunciamiento de exaltos mandos de las FFAA
Los altos mandos que trabajaron al servicio de las Fuerzas Armadas han publicado un comunicado en el que recuerdan al presidente Castillo que “la designación como Comandante General del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, no representan cargos de confianza sujetos a los intereses de la política“.
También le recuerdan que “los oficiales que llegan a liderar sus instituciones lo hacen en mérito a los servicios prestados a la Nación y al Estado peruano a lo largo de casi cuatro décadas y no como parte de un proyecto político partidario”.
Además, denuncian que el cese de forma “intempestiva y sin comunicación previa” a través del boletín oficial peruano constituye “un maltrato y abuso de poder“. Consideran que los relevos afectará a la coordinación entre instituciones “en momentos críticos con un escenario de incremento de la conflictividad social, la reciente y polémica decisión de autorizar la intervención de las FFAA en apoyo de la PNP en Lima y Callao, así como la lucha contra las amenazas a la Seguridad Nacional”.
