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Latinoamerica

Human Rights Watch: secuestros, extorsiones y otros abusos contra migrantes venezolanos en México

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La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que numerosos solicitantes de asilo enviados a México por el gobierno del ex presidente estadounidense Donald Trump sufrieron violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos. Muchos de ellos son venezolanos que huyeron de la represión del régimen de Nicolás Maduro.

El informe consigna que, desde enero de 2019, Estados Unidos cerró -en la práctica- su frontera sur a los solicitantes de asilo, a raíz de lo cual muchos quedaron expuestos a abusos en México.

“El gobierno de Trump, en el marco del programa ‘Quédate en México’, envió a más de 71 mil solicitantes de asilo a México mientras sus solicitudes de asilo eran procesadas en Estados Unidos. Asimismo, desde marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a más de 400 mil migrantes, muchos de ellos a México, incluyendo algunos que buscaban protección internacional y a quienes les negaron la posibilidad de solicitar asilo. Estas últimas expulsiones se realizaron invocando restricciones de viaje supuestamente impuestas para prevenir la propagación del COVID-19″, indicó la ONG.

“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Y agregó: “Ante los pasos positivos que está dando el presidente Biden para revertir algunas de las políticas migratorias más abusivas del gobierno de Trump, al Presidente López Obrador le queda mucho más difícil mirar hacia otro lado mientras funcionarios mexicanos siguen cometiendo abusos contra migrantes”.

La ONG entrevistó a 71 venezolanos que habían cruzado México para pedir asilo en Estados Unidos y fueron enviados a México para esperar mientras se procesaban sus solicitudes, en el marco del programa “Quédate en México”.

“La mayoría viajaba con sus parejas, hijos u otros familiares. Human Rights Watch también habló con funcionarios públicos, organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos de los migrantes y con dos abogados que representan a solicitantes de asilo. En muchos casos, consultó evidencias que eran consistentes con los testimonios, como por ejemplo fotografías, documentos migratorios e informes policiales”, explicó la organización.

Human Rights Watch concluyó que los migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros, extorsión, agresiones y trauma psicológico. Además, “los casi 1.600 venezolanos que aún tienen casos activos de asilo en el marco de ‘Quédate en México’ representan apenas una pequeña proporción de los cientos de miles de migrantes que han sido enviados a México por Estados Unidos en los dos últimos años”, agregó.

La ONG luego manifestó que “casi todos los venezolanos entrevistados” para el informe “indicaron haber huido de persecución política, tortura o acoso. Sus relatos son consistentes con investigaciones previas de Human Rights Watch que documentaron la brutal arremetida contra opositores por el gobierno de Nicolás Maduro, así como con informes de la fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, ambas cuales concluyeron, sobre la base de información con la que contaban producto de sus investigaciones, que es probable que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.

Casi la mitad de los entrevistados por HRW dijeron que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México. En 16 casos, los solicitantes de asilo manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno. Algunos afirmaron que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los carteles si no pagaban.

“En 27 casos, los solicitantes de asilo indicaron que grupos criminales los habían interceptado en cruces fronterizos, estaciones de autobús, hoteles u otros lugares en ciudades fronterizas. Los criminales los habían secuestrado o amenazado con secuestrarlos, y habían exigido cientos o miles de dólares a modo de rescate o a cambio de protección”, subrayó la ONG en su crudo informe.

Luego destacó que la mayoría de las víctimas afirmó haber sufrido estos abusos por su condición de migrantes. “Los agresores a menudo identificaban a las víctimas inspeccionando los documentos de identidad o migratorios que llevaban consigo. En algunos casos, el agresor ya tenía su fotografía o identificaba a la persona en cuestión entre la multitud. Muchas víctimas dijeron haber visto a desconocidos que los miraban o les tomaban fotografías antes o después de ser víctimas del delito”, acotó.

Haciendo referencia al hecho de que los migrantes son victimizados tanto por funcionarios públicos como por delincuentes, un hombre dijo a HRW: “No entiendo quién es un criminal y quién es la ley”.

“Me aterra salir”, contó una mujer. “No sé qué es peor, si estar aquí o en Venezuela”, agregó.

Vivanco denunció que “las peligrosas condiciones que enfrentan los solicitantes de asilo en el programa Quédate en México son injustificables”. Y agregó: “Mientras el gobierno de Biden termina de revertir este programa abusivo, el gobierno mexicano debe asegurarse de que los solicitantes de asilo puedan permanecer de manera segura en México y acceder a servicios esenciales”.

Los motivos por los que abandonaron Venezuela

Casi todos los venezolanos entrevistados en México por HWR habían huido de persecución política, tortura u hostigamiento en el país petrolero.

Los entrevistados mencionaron varios motivos para buscar asilo en EEUU; entre ellos, haber sufrido abusos por parte de agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y varias fuerzas policiales de los estados, así como por grupos armados partidarios del gobierno, conocidos en Venezuela como “colectivos”. Algunos habían sido miembros de partidos políticos opositores o activistas políticos. Algunos solamente habían participado en manifestaciones, en algunos casos en reclamo de servicios esenciales como agua y electricidad. Otros eran empleados públicos que se habían negado a participar en eventos a favor del gobierno o que habían compartido alguna imagen crítica del gobierno en redes sociales.

Jonathan, a quien, como a los demás entrevistados, se identifica con un seudónimo para garantizar su seguridad, contó que en abril de 2019 lo detuvieron cuando participaba en una manifestación en apoyo al líder opositor Leopoldo López. Estuvo detenido tres días, lo golpearon y lo obligaron a dormir de pie. Finalmente, lo acusaron de delitos como terrorismo, asociación para delinquir y uso de bombas incendiarias.

Su familia tuvo que vender sus pertenencias para poder pagar USD 3.500 para que lo liberaran. Relató que, durante meses, mientras su juicio era postergado una y otra vez, se presentaban agentes en los alrededores de su casa y tomaban fotografías. Su abogado en un momento le advirtió que el gobierno revocaría su libertad condicional, por lo que decidió huir de Venezuela con su esposa y sus dos hijos, de 3 y 13 años. En marzo de 2020, los enviaron a esperar a México tras haber solicitado asilo en EE.UU. En enero de 2021, seguían esperando en una ciudad fronteriza.

Otro caso

Mayra, abogada de derechos humanos y activista de un partido opositor, contó que en 2019 había ayudado a organizar marchas para que el gobierno permitiera el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó que después había comenzado a recibir mensajes amenazantes de funcionarios y desconocidos.

Finalmente, agentes allanaron su casa, la detuvieron violentamente, le vendaron los ojos y la arrastraron hasta una camioneta, donde perdió el conocimiento tres veces mientras la golpeaban y le aplicaban descargas eléctricas durante seis horas.

La llevaron a un campamento guerrillero cerca de la frontera, donde un hombre amenazó con matarla si no salía del país y dejaba de participar en eventos políticos.

Finalmente, regresaron a la ciudad, donde la abandonaron en una estación de la GNB. Mientras se recuperaba en casa, un amigo presentó una denuncia policial. Sin embargo, cuando Mayra se presentó en la dependencia para certificarla, dos personas la secuestraron y le dijeron que la policía había destruido la denuncia. Abandonó el país poco antes de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Ha estado esperando en el marco de Quédate en México desde septiembre de 2019.

Blanco de secuestros y extorsión en México

Dieciséis personas entrevistadas dijeron que agentes de migración o policías mexicanos las habían detenido y les habían exigido sobornos, en algunos casos de miles de dólares. Contaron que los funcionarios las habían amenazado con deportarlas, hacerlas desaparecer o entregarlas a carteles si no pagaban. Algunas dijeron que las habían extorsionado al ingresar al país. Otras, que las habían detenido en un aeropuerto y los agentes de migración las habían llevado a áreas de espera para exigirles un pago.

Ángel y su familia volaron de Ciudad de Panamá a Monterrey, en el norte de México, en octubre de 2019, como parte del trayecto para solicitar asilo en la frontera de EEUU. Ángel contó que un agente de migración mexicano que tenía fotos de ellos, presuntamente tomadas más temprano ese mismo día en el aeropuerto de Panamá, los sacó de la fila de llegada y les hizo pasar la noche en una celda. A la mañana siguiente, otro funcionario les exigió un soborno de USD 100 por persona y les dijo que los deportaría si no pagaban.

Ángel pagó, y él y su familia continuaron en un vuelo hacia la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Allí, agentes uniformados de la policía federal y municipal sacaron de la fila a todos los ciudadanos venezolanos y cubanos y les exigieron nuevamente sobornos de USD 100 por persona, mientras uno de ellos les decía: “Sabemos que están intentando llegar a la frontera”. Cuando Ángel se negó a pagar, esos mismos agentes lo detuvieron junto a su familia hasta el anochecer, los llevaron en una camioneta a un callejón abandonado y los amenazaron con que, si no pagaban USD 6 mil, los entregarían a un cartel.

Ángel dijo que no tenía esa cantidad de dinero, así que golpearon a su padre, rompieron las maletas de su familia para abrirlas y desparramaron su contenido por el suelo. La hermana de Ángel les entregó su cartera, en la que había USD 3 mil, todo el dinero que tenían para el viaje. Los agentes se fueron en la camioneta y, en el medio de la noche, la familia caminó hasta la frontera, donde comenzaron el proceso de asilo.

Human Rights Watch solicitó al Instituto Nacional de Migración de México que le enviara la información con la que contara sobre señalamientos de agentes migratorios que hubieran extorsionado a migrantes, pero no ha recibido respuesta. /Con información de Infobae

Farándula

YouTube retira el video de ‘Perra’, la canción de J Balvin y Tokischa

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El videoclip de la canción Perra del reguetonero J Balvin se rodó en un barrio pobre de Medellín, Colombia, con mujeres negras disfrazadas de animales, a cuatro patas y atadas con correas. Tras una fuerte polémica, YouTube lo retiró de su plataforma.

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, criticó con contundencia el video en un comunicado por considerar que sus contenidos son. Sexistas, Racistas, Machistas y Misóginos”.

En el video, que se estrenó el 7 de septiembre y que ahora solo se puede escuchar en YouTube, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas, según describió Ramírez.

Retiran de YouTube 'Perra', el controversial video de J Balvin

Y añadió sobre la letra: La letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar.

Una parte del tema dice: Me pusieron un bozal porque estoy muy animal / Tengo la rabia canina, calentura vaginal / Me tiene’ que castigar y me tiene’ que enrolar / Porque soy perrita ‘puppy’, siente Lassie, wa-wa-wa.

Además, al comienzo del video J Balvin dice que se marcha a un bajo mundo y las imágenes están grabadas en un barrio pobre de Medellín y él es el único mestizo de piel clara bailando entre decenas de personas negras.

Perra', el execrable videoclip de J Balvin, fue retirado de YouTube por su  contenido machista, misógino | J Balvin promueve mensajes racistas y  sexistas | Colombia | Youtuber | ESPECTACULOS | PERU21

Colombia invita a J Balvin a un pacto para defender los derechos de la mujer

En su carta, la vicepresidenta colombiana, hizo un llamamiento al artista como al resto de la industria musical para , un pacto con compromisos para la promoción de los derechos de las mujeres en la música.

El cantante todavía no se ha pronunciado sobre esa invitación, ni sobre estas críticas ni sobre la retirada de la plataforma YouTube.

Tampoco lo ha hecho Tokischa, una rapera de República Dominicana que coprotagoniza el video y en una parte de la canción dice: “Yo soy perra callejera con la popola (vagina) de raza”.

J Balvin: Retiran de YouTube el polémico video de “Perra”, su canción con  Tokischa EEUU Estados Unidos USA Celebs NNDC | BOCONVIP | EL BOCÓN

La canción obtuvo casi diez millones de reproducciones en YouTube en poco más de un mes.

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Perú

Restablecen relaciones diplomáticas Perú y Venezuela al más alto nivel

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Los gobiernos de Perú y Venezuela retomarán sus relaciones diplomáticas al más alto nivel, al haber designado y aceptado a sus nuevos embajadores en Caracas y Lima, informaron fuentes oficiales peruanas el viernes (15.10.2021).

La Cancillería de Perú anunció que Venezuela otorgó “el beneplácito de estilo” a la designación de Richard Fredy Rojas García como nuevo embajador peruano en Caracas. A su vez, Perú accedió a la designación de Alexander Gabriel Yánez Deleuze, como nuevo embajador de Venezuela en Lima.

Ambos países ponen fin así a más de cuatro años sin embajadores: Perú retiró a su representante en Caracas en marzo de 2017 y expulsó al venezolano en agosto de ese año, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El régimen de Kuczynski mantuvo las relaciones solo a nivel consular y promovió las acciones del Grupo de Lima, mientras apoyó el ingreso de migrantes venezolanos a su país, que actualmente acoge a más de 1,2 millones de ellos.

Guaidó desaprueba

La Comisión de Relaciones Exteriores que representa al líder opositor venezolano Juan Guaidó reaccionó al anuncio oficial de Lima con un comunicado, en el que destacó que “respeta” pero “no comparte” la reanudación de relaciones diplomáticas plenas con Caracas.

Según la Cancillería peruana, las designaciones de Rojas García y de Yánez Deleuze responden “a la evolución del proceso político venezolano y al reconocimiento recíproco como interlocutores legítimos que se han dispensado el gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela”.

“El diálogo que se desarrolla en México ha permitido que la oposición participe en el proceso electoral del 21 de noviembre para elegir autoridades regionales y municipales”, sostuvo la entidad.

Argumentó que el restablecimiento de la embajada de Perú en Caracas “permitirá atender mejor” a los peruanos residentes en Venezuela, así como “buscar una solución a la situación humanitaria de los ciudadanos venezolanos en el Perú”.

El pasado 18 de septiembre los presidentes de Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una reunión fuera de agenda durante la sexta cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Este encuentro generó duras críticas de la oposición política y gran parte de la prensa peruana, al punto que el canciller Óscar Maúrtua debió acudir el 28 de septiembre a dar explicaciones ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

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Perú

Perú: Niños siameses de padres venezolanos fueron separados con éxito

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Luis David Lozada y Keyli Zambrano Rodríguez pasaron meses de angustia luego que sus bebés siameses fueran separados tras una larga y riesgosa operación en el hospital Goyeneche de Arequipa, Perú.

Se conocieron en el puente Santa Rosa del distrito arequipeño de Paucarpata. Ella vendía dulces y él trabajaba cerca. “Conversamos, nos hicimos amigos, luego novios y ahora tenemos tres hijos”, confiesa Luis David al diario peruano La República.

Ambos llegaron a Perú en el año 2018 escapando de la crisis económica que vive Venezuela.

“Estos 50 días han sido exclusivos de ellos (sus bebés). Al principio era estresante no saber si se podía hacer la cirugía”, indica la madre al mismo medio.

Neythan y Dylan, los siameses separados, se encuentran hospitalizados aún, pero el director del hospital Goyeneche, Juan Herrera Chejo, informó que si los bebés muestran una evaluación favorable, el lunes 18 de octubre estarían siendo dados de alta.

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