Manifestantes prodemocracia salieron de nuevo a la calle este lunes en Myanmar a pesar de que la junta militar intensificó la represión, desplegó tropas en varias ciudades y cortó internet.
Cientos de ingenieros y estudiantes se congregaron en el norte de Rangún, la capital económica. Cerca de allí, en las inmediaciones del banco central, los manifestantes protestaban en medio de vehículos del ejército, con pancartas en las que se leía: “Apoyamos los llamamientos a la desobediencia civil”, “únanse al movimiento”. Otros saludaban con tres dedos, un gesto de resistencia.
Hay fuerzas de seguridad, respaldadas con cañones de agua y tanques, en varios lugares de Rangún pero, por ahora la presencia militar no es masiva.
En la víspera los militares se desplegaron en varias ciudades, el internet estuvo cortado durante buena parte de la noche. La ONU y varios países occidentales condenaron esta espiral.
La conexión se restableció el lunes por la mañana, según la ONG de vigilancia NetBlocks. El golpe de Estado del 1 de febrero derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi y puso fin a una frágil transición democrática de diez años.
La ex dirigente de 75 años, acusada de haber importado ilegalmente walkie-talkies, se encuentra “bien de salud” y bajo arresto domiciliario en la capital administrativa Naipyidó, según su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Normalmente, su prisión preventiva expira este lunes. La prensa no ha podido contactar con su abogado, Khin Maung Zaw. El miedo a las represalias está en mente de todos en el país, donde las revueltas populares de 1988 y 2007 fueron reprimidas a sangre y fuego por los militares.
En Myitkyina (norte), varias personas resultaron heridas el domingo cuando las fuerzas de seguridad dispararon para dispersar a los manifestantes. Se desconoce si eran balas reales o de goma. Cinco reporteros fueron detenidos.
Desde el golpe de Estado unas 400 personas han sido detenidas, entre políticos, activistas, médicos o estudiantes.
El ejército también publicó una lista de siete activistas. “Si encuentra a estos fugitivos (entre ellos un líder del movimiento estudiantil de 1988) o dispone de información sobre ellos, preséntese en la comisaría más cercana”, advirtió, amenazando a “quienes los alojen” con represalias.
Como reacción a las oleadas de detenciones nocturnas han surgido comités de vigilancia ciudadana para que los vecinos vigilen el barrio por si las autoridades llevan a cabo operaciones para detener a opositores.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el domingo a la junta a “garantizar que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica”, y pidió a los generales que autoricen “urgentemente” a la diplomática suiza Christine Schraner Burgener “evaluar directamente la situación”.
“Se responsabilizará” a los jefes de la junta de la violencia, advirtió Tom Andrews, relator especial de la ONU para Myanmar. Entre tanto las legaciones diplomáticas de Estados Unidos, Canadá y varios países de la Unión Europea pidieron al ejército que “no recurra a la violencia”.
Washington ha detallado una serie de sanciones contra varios generales y les ha pedido que devuelvan el poder. En vano.
La movilización prodemocracia sigue siendo multitudinaria, con cientos de miles de manifestantes en las calles. Muchos funcionarios (trabajadores ferroviarios, profesores, médicos …) respondieron a los llamamientos a la desobediencia civil declarándose en huelga. Algunos medios de comunicación locales informan de varias deserciones de policías.
La junta ordenó a los funcionarios que se reincorporen al trabajo si no quieren ser sancionados. Y dotó a las fuerzas de seguridad de poderes excepcionales: pueden realizar registros sin mandato judicial u ordenar detenciones por un período breve sin la autorización de un juez.
Los generales golpistas y su jefe Min Aung Hlaing, un paria a nivel internacional por las atrocidades cometidas contra los musulmanes rohinyás en 2017, cuestionan las elecciones legislativas de noviembre, que ganó por abrumadora mayoría la LND.
Afirman haber tomado el poder respetando la Constitución y han ordenado a los periodistas que dejen de hablar de “golpe de Estado”. Myanmar ha vivido casi 50 años bajo los militares desde su independencia en 1948. /Con información de EFE