La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015 está culminando su quinto y último año. Por mandato constitucional, el próximo 5 de enero deberían renovar las bancas. Esto, claro, por medio de elecciones parlamentarias libres y transparentes, como establece la Carta Magna. Tal como ocurrió en 2018 (en ese entonces para “elegir” al presidente), los comicios legislativos convocados para este domingo 6 de diciembre vuelven a estar viciados de todo tipo de manipulación por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Pese a los reclamos de garantías democráticas por parte de la oposición y de gran parte de la comunidad internacional, el régimen siguió adelante con este proceso que prácticamente no tendrá ningún tipo de reconocimiento a nivel internacional por considerarlo “fraudulento”.
¿Qué pasará con la Asamblea Nacional?; ¿Cuál será la estrategia de la oposición?; ¿Se mantendrá el apoyo internacional? Son muchos los interrogantes que surgen respecto a los márgenes de maniobra que tendrá el gobierno interino de Guaidó ante este contexto.
En diálogo con Infobae, la diputada Delsa Solórzano y el embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, explicaron cómo queda la situación política de Venezuela ante “un nuevo fraude” de la dictadura chavista.
En primer término, ambos coincidieron en aclarar que lo de este domingo “no son unas elecciones”. “Jamás las llamaría elecciones. Una elección es un proceso donde un ciudadano asiste a una convocatoria hecha por el órgano competente. En Venezuela el proceso está siendo convocado por unas personas que fueron designadas por otras que usurpan el cargo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, indicó la diputada por el partido Encuentro Ciudadano.
“Es un fraude porque no existe un Consejo Nacional Electoral designado conforme a la Constitución, no hay observadores internacionales, nuestros partidos fueron controlados y asaltos por Maduro, utilizando su ilegítimo Tribunal Supremo. También se prohibió participar a casi todos los principales líderes por inhabilitaciones políticas, fabricadas con persecuciones de cárcel, y por obligar a otros a estar en el exilio”, agregó Vecchio.
Solórzano enumeró las distintas maniobras que realizó el régimen en los últimos años para mantener el control, tras la derrota en las elecciones parlamentarias de 2015: “Cuando ganamos las elecciones, diputados que perdieron se nombraron a sí mismos para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin contar con los requisitos. Nosotros designamos magistrados conforme a la ley y la Constitución. La respuesta del régimen fue dictar orden de captura y hoy todos están en el exilio. Entonces, esas personas que están ahí, ni siquiera son magistrados. Luego, la competencia constitucional para designar a los rectores del Consejo Electoral, que es el ente regulador de las elecciones, lo debe designar la Asamblea Nacional. Eso aquí no ocurrió porque el régimen designó a unos rectores a través del Tribunal Supremo, por lo que ya en principio hay una ilegitimidad absoluta en cuanto al ente que convoca”.
Cabe recordar que, en 2017, tras perder el poder parlamentario, Maduro instaló ilegalmente una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada únicamente por chavistas, sin seguir los procedimientos que marca la Constitución, que establece que el presidente debe convocar un referéndum para que la población tome la decisión final; como sí lo hizo Hugo Chávez cuando llegó al poder en 1999. Con la Constituyente, hoy presidida por Diosdado Cabello y que terminará sus funciones este mes, el chavismo ubicó arbitrariamente a las autoridades judiciales y electorales.
En línea con lo expuesto por Vecchio, Solórzano recordó cómo en el último tiempo la justicia que responde al dictador desplazó de sus cargos a las principales autoridades de los partidos políticos de oposición para ubicar en su lugar a funcionarios “que vendieron su conciencia” al pactar con el régimen. Funcionarios que el pasado 5 de enero intentaron instalar “una Asamblea Nacional paralela” -con el aval del chavismo-, al impedir con la Guardia Nacional el ingreso al hemiciclo de los diputados que debían renovar su voto de confianza a Guaidó como presidente del Parlamento. Luis Parra, quien hace un año fue expulsado del partido opositor Primero Justicia (PJ) por estar involucrado en un caso de corrupción y quien actualmente es un aliado de Maduro, juró como titular de la junta directiva con el apoyo de la bancada chavista y cerró la sesión rápidamente. Todo esto, sin contar con el quórum ni los votos necesarios. Desde entonces, la Asamblea presidida por Guaidó no tiene acceso al Palacio legislativo, que se encuentra “tomado violentamente” por los colectivos chavistas y los militares, según Solórzano. Más allá de esto, aclaró, “la Asamblea está donde se encuentran sus funcionarios electos”.
Respecto a esos dirigentes “opositores” que se unieron a la dictadura, como los casos de José Brito, Franklyn Duarte, José Noriega, y Adolfo Superlano, entre otros, fustigó: “Están utilizando nuestros colores partidistas, nuestros símbolos, sin tener legitimidad para eso. Los ‘candidatos’ son personas que ya se habían prestado para vender sus conciencias y tratar de montar una Asamblea Nacional paralela, bajo actos de corrupción que costaron millones de dólares, y se prestaron además para tomar violentamente el palacio federal”. “Por todo eso, no son elecciones; puedes ponerle el nombre que quieras, pero no elecciones”.
Vecchio, por su parte, sostuvo que la intención de Maduro es “darle una apariencia de elección” al proceso del 6D, y hacer creer que existe una oposición alineada a la idea de realizar los comicios tal como están planteados por la dictadura. “Mi partido, Voluntad Popular, nos lo quitó Maduro y colocó personas allegadas a él. Ves la publicidad y dice que el partido está llamando a votar cuando nosotros tenemos un rechazo a eso. Además, no hay ningún medio de comunicación dentro de Venezuela en el que podamos decir lo contrario porque ellos los manipulan, y tienen prohibido pronunciar las palabras presidente Guaidó, y promocionar la consulta. Estamos en una censura que busca confundir a los venezolanos queriéndoles hacer ver que hay un proceso democrático, que todos nosotros estamos participando, cuando no es así”.
Ante este panorama, ¿qué pasará con la Asamblea Nacional presidida por Guaidó? Solórzano explicó que, si no hay elecciones libres y transparentes, lo que obliga la Constitución “es que la Asamblea Nacional continúe en el ejercicio del cargo hasta que pueda haber un proceso legítimo”. “Nosotros tendremos que seguir siendo parlamentarios, hasta que se elija una nueva Asamblea”.
Argumentó, además, que “la única manera de sustituir a una autoridad electa es a través de un referendo revocatorio, o de una nueva elección”. “Acá no hay una elección. Entonces la Asamblea no puede cesar sus funciones, porque no puedes dejar al país sin ente legislativo”.
Vecchio, en tanto, indicó que el artículo 233 de la Constitución “establece que cuando el presidente interino asume la presidencia, él asume hasta que existan elecciones presidenciales libres; ese es el mandato constitucional”. “La Asamblea Nacional, al no tener un poder legislativo a quien entregarle el mandato popular, tiene que preservar su poder hasta que tengamos un poder legislativo al que podamos transferir ese poder. De manera que esa Asamblea electa en 2015 conserva su poder hasta que pueda transferirlo a un órgano legislativo que refleje la expresión de la voluntad popular”.
Además de haber rechazado participar de las elecciones por considerarlas fraudulentas, una de las cartas de Guaidó es la consulta popular que se desarrollará del 7 al 12 de diciembre. Más de 23,9 millones de venezolanos -dentro y fuera del país- están habilitados para participar de la iniciativa, que está enmarcada en el artículo 70 de la Constitución venezolana, que establece que tiene carácter vinculante y no debe ser convocada por el Consejo Nacional Electoral pues no es un proceso electoral.
Solórzano manifestó que el principal objetivo de esta consulta es brindar a los venezolanos “la oportunidad de participar”: “Los venezolanos somos gente demócrata. Nos costó demasiado nuestra democracia. A nosotros nos gusta expresarnos, participar. Las manifestaciones y protestas en Venezuela han sido históricas; creo que en ninguna otra parte del planeta se vieron protestas semejantes, además aquí nos reprimen como en ninguna otra parte”. “Nosotros nos vamos a manifestar alzando nuestra voz”, aseguró.
Vecchio opinó que la iniciativa “es una forma de rechazo, de mostrar resistencia a la dictadura, de rechazar el fraude”: “Pero también manifestar nuestro deseo de impulsar como un mecanismo de solución a la crisis política en Venezuela el llamado a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes en 2021 (…) Lo enmarco como una política de resistencia, de lucha, y de deseo de vivir en libertad”.
Esta consulta -de la que se podrá participar de forma virtual entre el 5 y el 11 de diciembre, y presencialmente en Venezuela el 12-, está basada en tres preguntas concretas con las que el gobierno de Guaidó buscar recibir el respaldo de la soberanía venezolana para poder actuar en base al apoyo popular y lograr la salida de Maduro.
La primera de las preguntas, que fue aprobada por la mayoría opositora del Parlamento, consulta a los venezolanos si exigen “el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”. La segunda de las preguntas reza: “¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?”. La tercera, y última, plantea a los ciudadanos si “ordenan hacer las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.
Solórzano y Vecchio consideraron fundamental el acompañamiento y respaldo de la comunidad internacional. “Hemos pedido a la comunidad internacional que condene, rechace y desconozca lo que Maduro pretende hacer. Ya lo hizo en el 2018 con la elección presidencial, con la Asamblea Constituyente en el año 2017, y nada de eso ha servido para Venezuela”, apuntó el embajador de Guaidó en Estados Unidos.
Pese a los interrogantes que puedan surgir, se mostró confiado en mantener el apoyo de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela, puesto que todos ellos ya adelantaron su postura respecto a los comicios convocados por el chavismo: “Ya hemos visto algunos adelantos de lo que vendrá después del 6 de diciembre a nivel internacional, donde la Unión Europea decidió no participar tampoco porque rechaza la forma en que se está haciendo ese proceso, también lo desconoce Estados Unidos; la OEA también manifestó su postura de rechazo a la convocatoria, y lo que vamos a ver es un desconocimiento total de ese evento”.
Asimismo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sancionado a los funcionarios opositores que llevaron a cabo el golpe parlamentario de enero tras quedar involucrados en casos de corrupción con el chavismo. Un gesto más que demuestra que la única autoridad legítima reconocida a nivel internacional es Guaidó.
El diplomático comentó, además, que en las últimas semanas ha redoblado esfuerzos en Estados Unidos dialogando con funcionarios de la administración de Donald Trump y del Congreso para que de forma “bipartidista” sea desconocido el resultado que pronunciará el CNE chavista, y persista el apoyo a Guaidó. Además, confió que la política de Washington hacia Venezuela no cambiará con la llegada del demócrata Joe Biden al poder: “Hay unos puntos de consenso que no van a variar y no cambian. Primero, considerar a Maduro un dictador, rechazar esa dictadura. Segundo, la necesidad de una transición que nos lleve a la democracia con elecciones presidenciales. Y tercero, el apoyo en ayuda humanitaria y el proceso de reconstrucción de Venezuela. Podrán cambiar tácticas, pero nunca va a cambiar una política hacia Venezuela que es abrazada por ambos partidos y por las instituciones de este país. Siento que eso se va a mantener, porque la crisis de Venezuela ha desestabilizado a la región y tiene un impacto también en Estados Unidos, sobre todo porque juegan actores internacionales que son enemigos de Estados Unidos”. /Con información de Infobae.
