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Internacional

OEA denuncia inacción de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en Venezuela

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La Organización de Estados Americanos (OEA) cree que la Corte Penal Internacional (CPI) no está cumpliendo con su papel: lleva casi tres años sin decidirse a actuar en el drama de Venezuela, eje de un nuevo informe del organismo continental que denuncia “delitos de lesa humanidad” perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

No podemos explicarnos por qué la fiscal Fatou Bensouda no toma ninguna acción”, dijo a Infobae Jared Genser, autor del informe de la OEA que, entre 2014 y 2020, confirmó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.

El informe también revela 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que “la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos”. El documento de la OEA certifica también 15.501 detenciones arbitrarias.

La OEA, liderada por el uruguayo Luis Almagro, es muy dura en el análisis de lo que está sucediendo en la otrora potencia petrolera mundial: “Tras reunir y analizar una voluminosa cantidad de pruebas, incluso el testimonio de ex funcionarios del régimen, el informe concluyó que había fundamentos razonables para establecer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad”.

“Sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Expertos, el secretario general Luis Almagro sometió el Informe y las pruebas recopiladas a la Fiscalía de la CPI, invitó a los Estados Partes en el Estatuto de Roma a remitir la situación a la Fiscalía, e instó a la Fiscal a abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de asesinato; encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación, persecución y desaparición forzada”.

La organización que reúne a los países de las tres Américas añade que “lamentablemente, desde que se publicó ese Informe, no ha dejado de aumentar la magnitud e intensidad de los presuntos crímenes de lesa humanidad que afectan a millones de venezolanos, tanto directa como indirectamente”.

“La crisis humanitaria, producto de las políticas deliberadas del régimen, ya de por sí grave cuando apareció el Informe de la OEA de 2018, se ha agudizado aún más: se registran innumerables casos de víctimas y miles de muertes, y se extiende el espectro de la hambruna generalizada. Entre tanto, el régimen no sólo protege a los autores de esos desmanes contra cualquier responsabilidad real, sino que, para premiar su lealtad, les concede frecuentes ascensos, sobre todo a los dirigentes de mayor rango, que son los principales culpables”.

Genser, que dirigió el informe como líder de un equipo de cuatro personas y un par de ayudantes, cree que la fiscal Bensouda “está subestimando la escala de lo que sucede en Venezuela”.

A comienzos de noviembre de 2020, el fiscal chavista Tarek William Saab viajó a La Haya para intentar impedir que la CPI avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial conocido como “Venezuela I”, sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista. Bensouda le dijo que ya habían avanzado porque existen “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte“. Sin embargo, aún no se abrió una investigación.

En el caso llamado “Venezuela II”, presentado en 2020 por el gobierno chavista sobre las sanciones internacionales, la fiscalía dijo que busca “llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta es de competencia de la Corte”. Se espera que en el informe de fin de año de los exámenes preliminares de la corte haya definiciones.

El informe denuncia también 724 desapariciones forzadas en 2018 y 2019, así como la continuidad de los casos de agresiones sexuales y violación de detenidos establecidos en el informe de 2018: “Fuentes fidedignas han comunicado la existencia de una pauta continua de agresiones sexuales y violaciones contra los detenidos desde 2018”.

A Genser le duele la inacción de Bensouda. “La justicia internacional es un medio muy importante, pero la mera apertura de una investigación tiene además un efecto disuasorio”, dijo el autor del informe a Infobae.

“Si la gente de Maduro sabe que en el futuro pueden ir a juicio van a pensar dos veces lo que hacen, en especial los mandos medios y bajos a la hora de recibir órdenes. El efecto de no hacer nada es mucho más que el problema de que no haya un proceso”.

Genser recordó que, en septiembre de 2018, seis países se presentaron ante la CPI para pedir una investigación: Argentina, Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú. La política exterior de Argentina cambió desde entonces, pero el funcionario dijo no tener “información que sugiera que Argentina retiró el pedido”.

“Y si lo hiciera, no tendría efecto práctico”, añadió.

La OEA enfatizó que no le pide a Bensouda “en modo alguno” que presente “conclusiones sobre denuncias concretas de crímenes de lesa humanidad ni que presente cargos específicos contra los presuntos responsables”.

¿Qué quiere entonces la OEA? “Simplemente que decida, al término de un proceso de casi tres años de duración, si dispone de toda la información necesaria para hacer una determinación”. /Con información de AlbertoNews

Latinoamerica

Fiscalía Chilena investigará ataque contra migrantes venezolanos

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La Fiscalía chilena abrió una investigación por el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique (norte) por un grupo de manifestantes, en un hecho que fue condenado por UNICEF y ACNUR.

La fiscalía anunció la investigación un día después de la manifestación que congregó a unas 3.000 personas que, con banderas chilenas y carteles con lemas antimigración, protestaban en contra en la creciente llegada de migrantes a la ciudad.

En medio de gritos xenófobos, un grupo quemó las pertenencias de migrantes que acampaban en las calles de Iquique y que la Policía evitó fueran golpeados por la turba.

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Latinoamerica

Chile:”¡Fuera ilegales!”: Gran marcha en Iquique contra la migración

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Unas tres mil personas marcharon este sábado contra la migración indocumentada en la ciudad de Iquique, norte de Chile, un día después del violento desalojo de una plaza donde numerosas personas, en su gran mayoría venezolanos con niños, dormían en carpas.

En un clima de abierto rechazo al inmigrante venezolano, los manifestantes cantaron un himno de la ciudad y alzaron banderas chilenas, así como la Whiphala, un pabellón colorido de pueblos originarios andinos.

También cantaron y pusieron en pancartas lemas como: “No más Inmigracion ilegal” y “Chile es una república que se respeta”.

Desde la Plaza Prat, en el casco histórico de Iquique, los manifestantes continuaron unas 10 cuadras hacia la playa sobre el Pacífico, donde los carabineros tuvieron que controlar escaramuzas aisladas provocadas por residentes chilenos que se acercaron a agredir a venezolanos en situación de calle.

Otros manifestantes radicales se dirigieron a un pequeño campamento de migrantes venezolanos -que no estaban en el lugar- y quemaron en una barricada sus pocas pertenencias: carpas, colchones, bolsos, cobijas, juguetes.

“Yo soy nacido, criado y malcriado en Iquique y siempre he vivido en esta zona del norte y esto que estamos viviendo es terrible, porque el problema es que en Venezuela han abierto sus cárceles y parte de esa gente ha llegado a Chile”, dijo Veliz Rifo, un agricultor de 48 años de La Tirana, un pueblo en una suerte de oasis en el desierto 72 km al este de Iquique, al hacerse eco de un rumor falso.

Chilenos protestan contra la migración ilegal en Iquique, Chile, el 25 de septiembre de 2021 MARTIN BERNETTI AFP

“Lo peor es que este gobierno de Chile ha dejado que esto crezca y los que han llegado no son refugiados políticos ni inmigrantes que aportan con su trabajo, aquí han llegado muchos delincuentes”, agregó al lamentar, como muchos de los manifestantes, el aumento de los asentamientos que levantan inmigrantes con casas de cartón y hojalata en las afueras de este puerto a casi 2.000 km de Santiago.

Otros manifestantes pedían a los más violentos que respetaran la acción pacífica, mientras en los restaurantes del casco histórico los meseros venezolanos y comensales chilenos veían desde lejos algo que calificaron como “triste”.

“Ni todos los venezolanos roban, ni todos los chilenos nos odian”, reían en una mesa del Café Francesco de la Plaza Prat.

– “Mala gestión” –

La manifestación ocurre un día después del desalojo en la Plaza Brasil, donde desde hace un año pernoctan los migrantes más pobres y sin papeles que no logran llegar a Santiago y sobreviven vendiendo dulces, pidiendo limosna o limpiando vidrios en los semáforos de la ciudad.

En el operativo policial, repudiado por autoridades locales y organismos humanitarios, desapareció por más de 24 horas Jeremy, un niño venezolano de 4 años que el sábado en la mañana era buscado por carabineros, que mostraban sus fotos a los transeúntes en la playa. Finalmente el pequeño fue hallado.

Manifestantes radicales quemaron las pocas pertenencias de un grupo de migrantes venezolanos, que no estaban en el lugar, al norte de Chile MARTIN BERNETTI AFP

“Menos mal encontraron al niño, pero esto resume la mala gestión de todo este drama humanitario, el gobierno cree que esto es solo deportar a algunos y desalojarlos de una plaza”, se quejó Franklin Pérez, administrador de un edificio en el centro de Iquique.

El gobernador de región Tarapacá, José Miguel Carvajal, responsabilizó de la crisis migratoria en el norte chileno al gobierno del presidente Sebastián Piñera, al quejarse que ni él ni el alcalde de la ciudad fueron alertados del desalojo del viernes que alentó el rechazo de una parte de la población.

“Las 100 familias en la Plaza Brasil, hoy día (sábado) estaban deambulando en distinto espacios públicos; están reubicándose con amigos, cercanos, con los cuales se están yendo a alojar nuevamente con carpas a las playas de Iquique, y otros están movilizándose a tomas (asentamientos) de Alto Hospicio”, la zona industrial en las afueras de Iquique.

La colectividad venezolana es la más numerosa en Chile, con más de 400.000 personas, aunque se estima una fecha mucho mayor ante el aumento de ingresos por pasos clandestinos desde 2020, cuando Chile cerró sus fronteras por la pandemia.

Migrantes venezolanos sitiados por manifestantes chilenos que protestan contra su presencia en Iquique, al norte de Chile, el 25 de septiembre de 2021
Migrantes venezolanos sitiados por manifestantes chilenos que protestan contra su presencia en Iquique, al norte de Chile, el 25 de septiembre de 2021 MARTIN BERNETTI AFP

Además, el gobierno chileno dio un giro a su política de solidaridad migratoria con los venezolanos, defendida por el presidente Piñera en 2018, incluso ofreciendo unas visas exclusivas para que los venezolanos “tuvieran oportunidades en Chile”.

Desde entonces se redujo drásticamente la aprobación de cualquier visa para quienes viajaran desde Venezuela, luego vino el cierre de fronteras por la pandemia y muchos venezolanos han empezado a llegar tras vivir unos años en Colombia, Ecuador y Perú.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre.

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Internacional

Grandes corporaciones inician operaciones petroleras en Guyana lo que puede generar conflictos por el Esequibo

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Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes son parte de un número creciente de empresas que operan en la industria del petróleo y el gas de Guyana que están trasladando más operaciones de suministro desde Trinidad y Tobago y otros lugares al país sudamericano, a medida que aumenta la capacidad local para ejecutar proyectos.

ExxonMobil Guyana dijo en una actualización de actividades el jueves que todos sus principales contratistas internacionales tienen presencia en el nuevo país productor de petróleo y han estado «trasladando constantemente las actividades de Trinidad y Tobago y otros lugares del mundo a Guyana», según un reporte del portal World Energy Trade.

Por ejemplo, las tres principales empresas de servicios de perforación: Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, también han construido importantes instalaciones de apoyo en Guyana, dijo ExxonMobil.

«Creemos realmente que es el enfoque sostenible correcto, el más eficiente para el negocio y, por supuesto, en última instancia, es la respuesta correcta para el país y para que la gente del país sienta que forma parte de ese desarrollo y que, en última instancia, se beneficie del desarrollo de los recursos», dijo el presidente de ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge.

Routledge visitó recientemente las instalaciones locales de Saipem y TechnipFMC donde se están ejecutando y planificando servicios clave, todo ello con la intención de utilizar mano de obra local.Halliburton confirmó que está en vías de prestar casi el 100% de los servicios locales en Guyana a finales de año.

El director general de Saipem Guyana Inc., Thuranthiran Nadarajah, dice que la empresa ha desarrollado y está aplicando un plan de contenido local como parte de sus contratos existentes con Exxon Mobil Guyana.

«El objetivo de Saipem es tener un crecimiento sostenible adecuado en Guyana. Hemos completado Liza 1, estamos en proceso de completar Liza 2 y estamos trabajando en Payara. En este proceso, también hemos desarrollado nuestras propias instalaciones de fabricación para poder traer a Guyana la tecnología de alta gama para la fabricación de saltos», dijo.

Recientemente trabajadores guyaneses ensamblaron enormes jumpers submarinos para el desarrollo de la fase 2 de Liza en las instalaciones de construcción offshore de Saipem, una tarea que antes se realizaba en Trinidad.

La mano de obra local se proporcionó a través de una empresa conjunta entre Guyana Oil and Gas Support Services (GOGSSI) y Trinidad Offshore Fabricators Company (TOFCO).

«Este es el comienzo de una gran industria de fabricación en Guyana», dijo Nadarajah. «Esto demuestra que Guyana puede construir su propia estructura para este campo con la orientación de Saipem».

Mientras tanto, Exxon trasladará casi todo el trabajo de suministro de Trinidad y Tobago a Guyana para 2022.

Con tres proyectos sancionados, Liza Fase 1, Liza Fase 2 y Payara, Exxon ve el potencial de hasta 10 FPSO para desarrollar la estimación actual de recursos de más de 9.000 millones de barriles de petróleo equivalente en el bloque Stabroek.

– Implicaciones geopolíticas –

Guyana mantiene una histórica disputa con Venezuela por el territorio Esequibo, cuya reclamación tiene amplio consenso político en Caracas; sin embargo, la entrada de grandes corporaciones petroleras, aunque no se diga expresamente, refuerza el poder geopolítico guyanés y le da armas para radicalizar su postura.

El gobierno de Guyana ha decidido abandonar la negociación directa con Venezuela y se atiene a una decisión pendiente de la Corte Internacional de Justicia, que se declaró competente para resolver la materia en 2020, pero cuya jurisdicción es desconocida por Venezuela.

Guyana, además, cuenta con el respaldo de la Caricom -la comunidad de estados caribeños- de Estados Unidos y Reino Unido.

Lo cierto es que la controversia territorial se mantuvo en el congelador hasta 2015 cuando Exxon Mobil anunció descubrimientos de reservas de crudo potencialmente explotables frente a las costas del país, lo que encendió las alarmas del gobierno antiestadounidense de Venezuela que reavivó la reclamación.

Aprovechando los problemas internacionales del gobierno de Nicolás Maduro, el presidente guyanés Mohamed Irfaan Ali denunció las «constantes amenazas» a la integridad territorial de su país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Irfaan dijo ante la Asamblea General de la ONU que en el futuro su país «reiniciará las relaciones internacionales frenando la avaricia territorial y adoptando la cooperación pacífica».

«En este sentido, queremos llamar la atención sobre las continuas amenazas abiertas contra la integridad territorial y soberanía por parte de la República Bolivariana de Venezuela».

En ese contexto internacional, el mandatario guyanés denunció el acuerdo entre el gobierno y la oposición de Venezuela para defender la soberanía sobre el Esequibo. «Guyana no puede ser usada como un altar de sacrificios para lograr un acuerdo en las diferencias políticas internas de Venezuela».

El ejecutivo venezolano acusó de «mala fe» al presidente de Guyana y dijo en un comunicado que su discurso estaba lleno de «tergiversaciones».

«La línea argumentativa que esgrime Guyana, desde 2015, es directamente proporcional a la seducción e injerencia de la Exxon Mobil y otras transnacionales», advirtió el gobierno de Maduro.

Fuente: Banca y Negocios

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