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Latinoamerica

Protestas por deportación de venezolanos frente a la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas

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Estudiantes universitarios, miembros de la sociedad civil y distintas organizaciones protestaron frente a la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas por la deportación de los 16 niños venezolanos por el gobierno de ese país, los cuales se encuentra en un bote en altamar.

Lustay Franco, dirigente nacional de Acción Democrática y secretaria general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), expresó: “Nosotros tenemos que rechazar contundentemente la política internacional que está llevando Trinidad y Tobago con los venezolanos”.

“Aquí estudiaron e hicieron familia. Venezuela tiene una carrera histórica política sana con Trinidad y Tobago. Les exigimos que tomen postura porque sino, serán las generaciones de Venezuela las que la van a tomar con Trinidad y Tobago”, agregó.

Y concluyó: “Que asuman su responsabilidad. No pueden seguir haciendo silencio para una situación migratoria que les está explotando en la cara. La situación no es para quedarnos en silencio”.

Por su parte, Carlos Rada, secretario juvenil de Acción Democrática-Caracas, dijo: “Le recordamos a Trinidad y Tobado y al mundo que Venezuela fue una fuente de oportunidades a todo el mundo. El que venía aquí era bien recibido, con los brazos abiertos y, sobre todo, con oportunidades para salir de la desgracia de la que ellos escapaban”.

“Nuestra exigencia al embajador es que se pronuncie”, manifestó.

La oposición venezolana denunció en las últimas horas que 16 niños del país caribeño -entre ellos un bebé de 4 meses de edad- que habían llegado a Trinidad y Tobago fueron rechazados y deportados en botes precarios por las autoridades, que además los separaron de sus padres. El grupo estuvo desaparecido durante casi un día en altamar, hasta que los padres de los menores lograron comunicarse con el capitán del bote.

Según la periodista venezolana Beatriz Adrián, la ex líder adjunta del Movimiento Nacional del Pueblo, el partido gobernante del país, dijo que la deportación tuvo lugar en la zona de Peñeros “y en medio de una tormenta”. Agregó que “muchos (niños) fueron deportados sin sus padres y las embarcaciones podrían haberse quedado sin combustible en altamar”.

La deportación generó fuertes críticas por parte de la oposición venezolana. El representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, David Smolansky, calificó de atrocidad la decisión de las autoridades y remarcó que “un juez de la Corte Suprema ordenó a la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago que devuelva a la isla a los niños”.

Las autoridades del país, además, ignoraron un recurso de habeas corpus introducido por la defensa de los menores. Según recordó Smolansky, Trinidad y Tobago “ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951”, dos instrumentos que “protegen a migrantes y refugiados contra la devolución”.

“Muchos trinitarios emigraron a Venezuela por décadas en busca de trabajo y estudio para superar la pobreza que padecían en su isla. Se les recibió con los brazos abiertos. No hay el mismo trato para los 40.000 refugiados venezolanos que han huido a esa isla por la dictadura”, concluyó.

En paralelo, el canciller del gobierno interino, Julio Borges, pidió a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que intercedan ante las autoridades de Trinidad y Tobago.

“Instamos a Acnur y la OIM a interceder ante esta situación. Es un hecho cruel, que no refleja un espíritu de hermandad que tuvimos los venezolanos con todos los que llegaron a nuestra tierra en el siglo pasado”, manifestó. Distintos miembros de la Asamblea Nacional se hicieron eco de las denuncias y demandaron la aparición con vida del grupo. /Con información de Infobae

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Colombia

Colombia aplicará tercera dosis de vacuna anticovid a mayores de 70 años

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Las personas que deseen recibir la inyección adicional deberán hacerlo por lo menos seis meses después de la aplicación de la segunda dosis, detalló el Ministerio de Salud. La medida regirá desde el 1 de octubre.

Colombia ofrecerá una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a mayores de 70 años, anunció el pasado jueves el Ministerio de Salud. Se aprueba “la aplicación de una tercera dosis o dosis de refuerzo para la población colombiana de 70 años en adelante”, dijo el jefe de esa cartera, Fernando Ruiz, en un video divulgado en Twitter.

Aquellos que deseen recibir la inyección adicional deberán hacerlo por lo menos seis meses después de la aplicación de la segunda dosis, detalló Ruiz. La medida regirá desde el 1 de octubre.

Colombia ha aplicado unas 37,8 millones de dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Sinovac. Casi 16 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación recomendado por los laboratorios.

El ministro Ruiz aconsejó aplicar “el mismo biológico” utilizado en las dos dosis previas o las vacunas de Pfizer o Moderna, que son de tipo ARN mensajero.

En agosto, el Ministerio de Salud ya había ofrecido una dosis adicional a las personas con inmunodepresión, que son más vulnerables ante el virus.

Colombia registra unos 125.000 muertos por la enfermedad y más de 4,9 millones de contagios.

El país de 50 millones de habitantes superó la fase más crítica de la pandemia y desde mediados de julio reporta un descenso progresivo en decesos e infecciones. El mortal tercer pico fue detonado por la variante “mu”, según autoridades.

La cartera de Salud ha reconocido que la vacunación masiva, que empezó en febrero, ha sido el principal motivo de la reducción en las cifras. En el país se pueden vacunar todos los mayores de 12 años.

Otro países como España, Uruguay o el Reino Unido ya han empezado a administrar una tercera dosis a las categorías de población más vulnerables.

Con 2.259 muertes por millón de habitantes, Colombia es el cuarto país más afectado por la COVID-19 de Latinoamérica, por detrás de Perú, Brasil y Argentina.

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Latinoamerica

Atacan con drones una cárcel en Ecuador

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Una prisión de la provincia costera de Guayas, en Ecuador, fue atacada con drones desde el exterior, que provocaron tres explosiones y afectaron al techo del centro, informaron este lunes las autoridades penitenciarias del país.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), precisó que el ataque, “estaría dirigido a los cabecillas de las bandas” y calificó de “grave” la situación que se vive en las cárceles al asegurar: “Estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales”.

El suceso se produjo de madrugada y, tras las explosiones, varios agentes de la Policía ecuatoriana ingresaron en la prisión para salvaguardar su seguridad.

El jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, Santiago Jácome, informó de que unidades tácticas incursionaron en la cárcel para mantener el control después de los ataques con aparatos no tripulados.

El uniformado confirmó que sobre las 3:30 de la madrugada, hora local, se escuchó el sobrevuelo de un dron sobre la cárcel de Guayas, lo que alertó al dispositivo de seguridad perimetral del centro penitenciario que activó los protocolos correspondientes.

“Según versiones de vecinos y de propietarios de los inmuebles colindantes, se han escuchado dos detonaciones”, aclaró el funcionario.

Personal técnico de Criminalística ha llevado a cabo pesquisas en la prisión y sus inmediaciones para dar con indicios, artefactos o vestigios que puedan evidenciar la actividad de los aparatos sin piloto.

El Gobierno de Ecuador anunció el mes pasado que destinará 75 millones de dólares en los próximos cuatro años para atajar la crisis de su sistema penitenciario.

El caso más elocuente de la grave situación se dio en febrero cuando dos bandas protagonizaron un enfrentamiento en cuatro centros penitenciarios que acabó en la muerte de casi 80 reclusos, aunque los casos son constantes y en julio murieron otra veintena en un caso similar.

Las autoridades atribuyen los enfrentamientos a las disputas entre bandas y al crimen organizado, que deja más de medio millar de asesinatos sólo en la provincia de Guayas.

Fuente: The Epoch Times

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Latinoamerica

Un sismo de magnitud 7,1 estremece a México

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Un sismo de magnitud 7,1 con un epicentro muy cercano al balneario de Acapulco sacudió este martes el centro y sur de México, sin que hasta el momento se reporte pérdida de vidas humanas.

El temblor se produjo a las 20.47 hora local (01.47 GMT), con origen a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, indicó del Servicio Sismológico Nacional, que en un reporte preliminar había dado una magnitud de 6,9.

En declaraciones a Milenio TV, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que el sismo se «sintió muy fuerte» y la gente está «bastante alarmada».

Pero indicó que por el momento no hay reportes «de gravedad» y pidió a la ciudadanía tener «cuidado» por las posibles réplicas.

Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que no se espera la generación de un tsunami en la zona costera.

Ciudad de México en alerta

El terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde miles de personas salieron de casas y edificios como medida de seguridad y prevención, y donde en varios barrios se han producido cortes de electricidad.

“El secretario de Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch) está sobrevolando (la ciudad). Hasta el momento no se reportan daños graves. Seguimos informando”, indicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en Twitter.

Posteriormente, García Harfuch informó que hay cortes de luz en algunos barrios de la ciudad y el servicio de metro funciona con normalidad y, por el momento, no hay reportes más relevantes.

El sismo de esta noche ocurrió en la misma fecha en la que hace cuatro años -el 7 de septiembre de 2017- se registró un terremoto de magnitud 8,2 el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida.

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