El presidente peruano Martín Vizcarra, quien estaba completando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido este lunes “por incapacidad moral” por un Congreso integrado por 68 parlamentarios (de 130) con procesos judiciales en curso, a cinco meses de las elecciones generales programadas para el próximo abril, en una nueva crisis de la política local que no logró sacudirse tras una renovación de la Cámara en enero.
Como en el juicio anterior a Vizcarra, realizado hace solo dos meses, no hubo asuntos ideológicos en esta disputa, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha: 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. En tanto, el resto de ex presidentes vivos del país están condenados o imputados por diversos delitos, y Perú solo parece dar tumbos en un círculo en el que sale de una crisis política para entrar a otra. Por el momento, algunos líderes políticos calificaron lo sucedido como un golpe de Estado y en redes sociales se plasmó el descontento, con la viralización del Artículo 46 de la Constitución: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.
El diagnóstico es unánime y no tan aislado de varios otros países de la región: la debilidad institucional y la falta de partidos políticos fuertes. Sin embargo, al cumplirse 20 años de la difusión de los “vladivideos”, que destaparon la corrupción fujimorista y a la postre forzaron la caída del dictador, el país no ha logrado la refundación política que se prometió en ese entonces.
En un rápido repaso: Alberto Fujimori (1990-200), condenado por crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006), espera su extradición desde EEUU acusado de recibir hasta 35 millones de dólares de Odebrecht; Alan García (1985-1990; 2006-2011) se disparó cuando la policía iba a detenerlo por el escándalo de la constructora brasileña; Ollanta Humala (2011-2016) podría enfrentar 20 años de cárcel por lavado de activos; y Kuczynsky (2016-2018), bajo arresto domiciliario, también por el caso Lava Jato.
“La polarización entre fujimorismo y antifujimorismo marcó todo el período del nuevo siglo, es la lógica que ha movido el escenario desde 2001. La reconstrucción institucional y política no es fácil y los actores que estaban llamados a hacerla fracasaron. Alejandro Toledo (2001-2006) debía sentar las bases, pero abandonó esa agenda de reforma institucional. Los que siguieron, no tuvieron demasiado interés y recién ahora estamos discutiendo el tema”, explicó Martín Tanaka, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Católica del Perú.
El análisis es similar al del sociólogo y analista político Agustín Haya de la Torre, quien subrayó la crisis de representatividad de los partidos. Si bien considera que la transición liderada por Valentín Paniagua (2000-2001) “fue impecable”, lamenta que no hubo el tiempo o el margen necesario para un cambio de la Constitución fujimorista de 1993. “La debilidad de los partidos dio lugar a una serie de movimientos que no han dejado de surgir y resurgir. Lo que hay ahora son partidos regionales, locales. Mayormente son agrupaciones circunstanciales, que han devenido en una nueva burguesía proveniente de las economías informales, lindando con lo delictivo, que forman su propio partido porque tienen mucho dinero”, expresó en diálogo con este medio.
Haya se refiere a movimientos como Alianza para el Progreso y Podemos Perú, lideradas por César Acuña y José Luna, dos poderosos empresarios que se enriquecieron con la educación privada, administrando universidades de escaso prestigio y que ahora combaten desde el Congreso fieramente los intentos de reforma educativa; y a Unión Por el Perú, partido etnonacionalista comandado desde prisión por Antauro Humala (hermano del ex mandatario), preso por la muerte de cuatro policías en un levantamiento armado en 2005.
Si el bloque fujimorista de Fuerza Popular que forzó la salida Kuzcynski dominaba el Legislativo con una aplastante mayoría, ahora está reducido a una bancada menor y de escaso respaldo en las urnas por sus vínculos con la corrupción. Pero eso no se trasladó a una fortaleza de Vizcarra, cuya formación política no compitió en las elecciones extraordinarias de enero, y acabó sentado en el banquillo en septiembre por una rocambolesca acusación de malversación y unos audios surgidos de su propio círculo cercano. Esta vez, se trató de acusaciones de presunta corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).
La politóloga Milagros Campos, docente en la Universidad Católica y la Universidad San Martín, se refirió a la compleja situación que enfrentaba el mandatario: “Vizcarra es un presidente que desde temprano se configura como sin partido y sin bancada. Tiene a 130 congresistas sin ningún vínculo político con el gobierno. Cuando censuran a sus ministros, nadie se opone. Lo normal es que la oposición presente mecanismos de control y alguien cercano al gobierno lo defienda. Este gobierno es de un presidente solitario y con un entorno muy acotado”. El mandatario tampoco intentó tender puentes con gabinetes de coalición.
Si bien la popularidad de Vizcarra alcanzó niveles no vistos en décadas (especialmente tras cerrar el Congreso y también en el inicio de la pandemia, superando el 80%), la gravedad de la crisis sanitaria y económica ha mermado su aprobación. Si algo lo salvaba es que los congresistas se llevan el mayor rechazo (imagen negativa de 72%, según IPSOS), aun después de la votación que reconfiguró las fuerzas y castigó a los partidos más ensuciados con la corrupción. Pero la disolución no trajo mejoras sustanciales.
“Pasamos de un extremo a otro”, expresó Tanaka. “Antes el fujimorismo tenía mayoría absoluta, ahora uno encuentra el mayor nivel de fragmentación”. Al tratarse de una legislatura corta (menos de dos años), y con la nueva prohibición de reelección parlamentaria, muchos “pesos pesados” políticos no postularon (reservándose para 2021) y los partidos presentaron en su mayoría candidatos de poca experiencia.
Campos sostiene que la prohibición de reelección quitó incentivos para la cooperación entre agrupaciones o incluso entre congresistas de una misma bancada. “Hay partidos que están inscritos como tales pero que no constituyen propiamente un agregado de intereses y posiciones ideológicas. Terminan siendo la suma de intereses muy particularistas ajenos a una actividad política”.
Las sorpresas de esta peculiar conformación no se hicieron esperar, pero en el sentido opuesto.
“Antes de la epidemia, esperábamos un Congreso timorato, sin mayores iniciativas, sin ponerse de acuerdo, relativamente mediocre. La pandemia cambió totalmente la dinámica. Con los problemas que ha tenido el gobierno para manejarla, el Congreso empezó a tener un protagonismo inesperado”, apuntó Tanaka.
Si Perú se ha caracterizado por las crisis políticas mencionadas, es igualmente llamativo otro detalle: no han estado acompañadas por caídas económicas. El piloto automático del orden ortodoxo de las finanzas se mantuvo intocable… hasta ahora.
“Se dio algo que no habíamos visto hace 20 o 30 años: un parlamento desafiando abiertamente el manejo económico. La izquierda siempre cuestionó al modelo neoliberal, pero ahora uno encuentra parlamentarios de todos los grupos desafiando la ortodoxia de mercado, pidiendo un aumento del gasto público, más intervenciones. Cuando les dicen que las medidas son insostenibles, la respuesta es populista. Es un cambio muy notorio. El desorden político no es novedad, pero hay tendencias y conductas difícilmente previsibles”, sostuvo Tanaka.
En sintonía, Haya analizó: “Es un fenómeno peculiar. Cuando terminó la hegemonía del fujimorismo, se acentuó un aliento de hastío ante el modelo económico liberal, y los movimientos políticos recogen un aliento popular muy confuso. Están en contra del modelo, pero improvisados, poco articulados. Expresan un hartazgo con el modelo que ha generado 75% de informalidad y economías delictivas, contra una situación anómica, de poco respeto por la ley”.
A cinco meses de las elecciones presidenciales, reina la incertidumbre, con un número alto de indecisos en las encuestas. “Hasta 2016, uno creía identificar cierto elenco estable de candidatos, uno sabía que los ex candidatos se iban a presentar y que el fujimorismo iba a tener un candidato de fuerza. Con el suicidio de Alan García, la crisis del fujimorismo, y los problemas judiciales de los líderes, se ha quitado del escenario a los actores que uno acostumbra ver y ha dejado un espacio vacío”, adelantó Tanaka.
Por el momento, solo un candidato supera el 10% de intención de voto, lo que arroja una alta volatilidad. El ex futbolista y actual alcalde del barrio limeño de La Victoria, George Forsyth, lidera los sondeos; mucho más atrás aparece el congresista y general en retiro Daniel Urresti, con recientes declaraciones homofóbicas; la centro-izquierdista Verónika Mendoza, ex candidata presidencial; y el economista Hernando de Soto.
Además, habrá otro ingrediente que cambia el escenario tradicional, una clara consecuencia de los escándalos de Lava Jato que implicaron a la enorme mayoría de partidos por recibir fondos de campaña provenientes de la corrupción. “Por primera vez vamos a ver elecciones sin publicidades fuera de la franja electoral, con un control mucho más fuerte del financiamiento. Será una campaña atípica, con reglas nuevas. pueden llevar a un resultado insospechado, se puede generar el triunfo de alguien que hoy no podemos ver”, adelantó Campos.
Sobre la posibilidad de un “Bolsonaro peruano” o un líder considerado extremista, en medio de una acuciante crisis económica y un salto de la pobreza de 10 puntos porcentuales, Tanaka consideró: “Es el gran temor, el avance de algún candidato que, bajo la bandera del orden, antisistema, de carácter conservador frente al fracaso de las élites. Deberíamos preocuparnos”.
Por su parte, Haya apunta un tono pesimista. Su reclamo por partidos fuertes puede estar además ligado a su pasado y origen, dos veces diputado en los años 80 y sobrino de Víctor Raúl Haya de la Torre, histórico político y fundador del APRA, una de los últimos grandes movimientos del país, hoy sin representación en el Congreso y sin proyecciones alentadoras. “Los escándalos han profundizado el desasosiego. Hace 30 años esperamos que los partidos se recompongan, pero ahora ya tengo mis dudas. Es muy difícil pronosticar el 2021, la elección es un agujero negro, vaya uno a saber qué pasará”. /Con información de Infobae
