Las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que las autoridades del régimen someten a los cerca de 130.000 migrantes que han retornado al país provoca el incremento de la transmisión de la COVID-19, denunció este martes la ONG Human Rights Watch (HRW).
Así se desprende de un informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, en el que instan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos a que aborden con urgencia la situación de los retornados en el próximo encuentro del Proceso de Quito.
En su informe, ambas instituciones detallan que hallaron “condiciones insalubres y de hacinamiento” en los centros donde se “obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica”.
A muchos de los retornados “se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena” durante más tiempo que los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que, según el informe, se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y, cuando han protestado, han sido amenazados.
Al respecto, la doctora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Kathleen Page, afirmó que “enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar la COVID-19”.
Aunque las condiciones en los centros “varían considerablemente”, según los datos recabados por HRW entre junio y septiembre, la mayoría de los retornados que entrevistaron les indicaron “que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación”.
Afirmaron que tuvieron serias dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y productos para los niños pequeños.
Tal y como recordó HRW, el hacinamiento en estos centros donde pasan sus cuarentenas “hace que el distanciamiento social resulte imposible” y en algunas instancias, la gravedad del trato a los retornados “podría constituir trato degradante”, lo que está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.
Asimismo, aseguraron que “no se aplica ningún estándar común a todos los centros”, conocidos como Puntos de Atención Social Integral (PASI) y que son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Por ello, las condiciones, al igual que el acceso para los trabajadores humanitarios, “varía considerablemente dependiendo de quién esté a cargo”.
HRW explicó que el pasado 10 de julio pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta “ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos” y no han obtenido respuesta.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que “los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos lados de la frontera” y afirmó que “el Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo y mejoren el modo en que ellos mismos tratan” a los compatriotas que vuelven al país.
Del Proceso de Quito forman parte doce países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que buscan dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela.
HRW insta a los países que forman parte del proceso que “soliciten al secretario general de la ONU, António Guterres, su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud”.
También a que exhorten “a las autoridades venezolanas a permitir acceso irrestricto a actores humanitarios y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para monitorear las condiciones en los centros” donde permanecen los retornados.
Por otra parte, HRW explica que muchos venezolanos no tienen estatus legal regular en los países donde viven, por lo que a menudo carecen de acceso a atención médica y otros servicios, como pruebas de detección de COVID-19 o tratamiento para esa enfermedad.
Pese a que, en algunos países, como Perú, Ecuador y Colombia, indican haber incluido en los servicios de salud a refugiados y migrantes cuyas pruebas dan positivo o quienes se sospecha que tienen COVID-19, esos servicios no alcanzan a quienes tienen un estatus migratorio irregular.
“Por ello, miles de venezolanos -incluyendo niños y niñas, adultos mayores, hombres y mujeres, incluso embarazadas – están volviendo a su país de origen, muchos del mismo modo en que huyeron anteriormente, es decir, a pie”, sostienen.
Finalmente, denuncian que el 8 de junio, el régimen de Nicolás Maduro limitó el ingreso diario por cruces fronterizos oficiales a 100 o 300 personas, dependiendo del lugar, y en algunos cruces sólo permite el ingreso tres días en semana.
“Desde entonces, las multitudes que esperan para ingresar se han aglomerado en albergues improvisados al lado de carreteras, con escaso distanciamiento social”, concluyen.
Por todo ello, explican que los trabajadores humanitarios prevén que la cantidad de venezolanos varados en el lado colombiano de la frontera llegue a miles de personas a medida que las autoridades colombianas levanten las restricciones de viaje dentro del país.
Del otro lado, las autoridades de Colombia también anticipan que, con la futura reapertura de la economía colombiana, es probable que cerca de 144.000 venezolanos vuelvan a instalarse en este país, “sobre todo, considerando que Venezuela sigue atravesando un contexto de inestabilidad económica y política”. /Con información EFE
