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¿Y el acuerdo con las FARC? Colombia vive una nueva ola de sangre y masacres

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Este sábado se cumplen cuatro años de la primera firma de la paz en Colombia, porque sí, en Colombia se firmó la paz dos veces. Tan solo una semana después de ese histórico 26 de septiembre en Cartagena, cuando el mundo creyó que por fin había llegado el final del conflicto armado más longevo de occidente, los colombianos votaron NO en un referéndum que pretendía revestir de legitimidad al acuerdo.

El Acuerdo Final logró ser firmado nuevamente el 24 de noviembre en el Teatro Colón en Bogotá, tras la inclusión de profundas modificaciones sugeridas por los promotores del NO en el Plebiscito por la Paz, pero a partir de ahí el camino de la paz ha sido más de espinas que de rosas.

Si Juan Manuel Santos, el presidente que negoció y firmó el acuerdo, entregó el país con unas FARC desarmadas, en camino de convertirse en un partido político formal y una hoja de ruta para poner en marcha las reformas pactadas, su sucesor, Iván Duque, era el llamado a implementarlo y garantizar que lo escrito no quedara en letra muerta. No era fácil: es que el nuevo Gobierno ganó las elecciones haciendo una oposición frontal al tratado de paz.

Ya van más de dos años de Gobierno de Iván Duque, cuatro del acuerdo, y el anhelo de paz de gran parte de la sociedad colombiana aun se ve muy lejos. Este año, en vez de consolidación, ha sido de retroceso, ya que el deterioro de la seguridad nacional es notorio, con nuevos conflictos engendrándose en los territorios que han producido una ola de masacres, asesinatos selectivos a líderes sociales y persecución contra excombatientes desmovilizados.

El 2020 ha representando un crecimiento en nuevos conflictos con dinámicas particulares en las regiones donde antiguamente las FARC tenían un poderío dominante.

Uno de los nuevos problemas son las llamadas “disidencias de las FARC”, grupos residuales que no se acogieron al acuerdo de paz. Cabe destacar que aunque el termino “disidencias” se utiliza para denominar a todo grupo que provenga de una u otra forma de las antiguas FARC, dentro de ellas hay grandes diferencias y a diferencia de la guerrilla que sí se desmovilizó, no actúan cohesionadamente salvo contadas excepciones.

Las disidencias concretamente serían los grupos que no se desmovilizaron cuando el Secretariado de las FARC decidió firmar el Acuerdo de Paz.El cabecilla de las disidencias de las FARC, ‘Gentil Duarte’, y el cabecilla del ELN, ‘Pablito’.

El máximo líder disidente sería Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, comandante del Bloque Oriental, del cual hace parte el disidente Frente 1. Duarte, es quien más adeptos ha logrado ganar entre los viejos comandantes de las FARC que se mantuvieron en armas y su poder va en aumento.

Para él, a diferencia del antiguo Secretariado de la guerrilla, lo importante es mantener la lealtad de frentes federados con comandancia propia e independiente y más que tomarse el poder por la vía de las armas, su interés sería control territorial con fines de explotación de rentas ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, etc.

Dentro de los disidentes hay un grupo menor que ha sido catalogado como “Farcrim” por el Observatorio del Crimen Organizado de Insight Crime, pues no tienen ninguna ascendencia ideología ni deseo expansivo con un fin político, sino que operan como cualquier mafia o banda criminal.

Uno de los más destacados de estos grupos es el Frente Oliver Sinisterra que opera principalmente en Tumaco (Nariño) y que era comandado por el infame “Guacho” quien secuestró a los periodistas Ecuatorianos.Los reincidentes de la “Segunda Marquetalia” son liderados por “Iván Márquez” y “Jesús Sántrich”

Iván Márquez es un punto aparte y uno de los grandes fracasos de la paz. Tras firmar el acuerdo de Paz como jefe negociador, el otrora promotor del desarme volvió a la vida guerrillera acompañado por otros altos mandos de las antiguas FARC como Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, todos firmantes del acuerdo.

Ellos lanzaron la “Segunda Marquetalia” que este 2020 cambió su política reactiva y empezó a jugar como un actor más dentro de los pequeños conflictos que subsisten en regiones como Nariño, Cauca, Norte de Santander, Chocó o el Valle del Cauca.

La “Segunda Marquetalia” serían “rearmados”, es decir, desmovilizaron que volvieron a reincidir en la vida guerrillera. Lejos de lograr el poderío de las antiguas FARC, Márquez y sus hombres han llegado a los territorios a disputarse el control del narcotráfico y otras economías ilegales con los grupos ahí asentados durante estos años, como son las disidencias antes mencionadas, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), sin mencionar a las bandas criminales regionales propias de cada lugar.

Sumadas, todas las anteriores disidencias alcanzan unos 4.600 miembros, según inteligencia del Ministerio de Defensa. Cifras que al contrastar con las mediciones de Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran un crecimiento exponencial de estos grupos es los años posteriores a la firma de la paz.

De acuerdo con Indepaz para 2018 que colocaban en 2.500 los miembros de los grupos residuales de las FARC, en 3.400 para 2019, lo que muestra un aumento de por lo menos mil miembros al año.

Todo este auge de nuevos conflictos, sumado a la pandemia que reforzó el control territorial que estos grupos tenían en muchos lugares del país, especialmente rurales, se ha traducido en una ola de masacres que a la fecha supera las 246 víctimas.

Solo en 2020 han ocurrido 61 masacres hasta este 26 de septiembre, lo cual quiere decir que en promedio se han presentado siete de estos hechos al mes, cifras escalofriantes que no se veían en el país desde 2013, año en que se registraron, según Indepaz, 71 masacres.

Infobae presentó un informe sobre este tema cuando la cuenta iba en 47 masacres, a menos de un mes de esa publicación, Colombia registra 14 nuevos sucesos en donde el saldo de muertos ha sido de tres o más personas.En 2020 van 61 masacres que han dejado 246 víctimas civiles.

Antioquia, con 14 masacres en el 2020, concentra el 23% de estos hechos, le siguen departamentos como Cauca (9) Nariño (9) Norte de Santander (6), Putumayo (4).

A estas cifras hay que sumarle los más de 81 asesinatos de líderes sociales que ha dejado este años. Asesinatos en su mayoría selectivos aunque también se mezclan con las víctimas de masacres en ciertos casos.

Además, tras cuatro años de firmada la paz por lo menos 228 excombatientes -según cifras del propio Partido FARC- han sido asesinados.

El agravante en este último mes es que la masacre con mayor número de víctimas sucedió en Bogotá, la capital del país, las noches del 9 y 10 de septiembre, en las cuales murieron 14 personas durante las protestas que se sucedieron tras el asesinato de Javier Ordóñez en una estación de la Policía.

Estas personas, que murieron en Bogotá y su área metropolitana, fallecieron por disparos de la policía, en un intento por controlar las protestas que además dejaron más de 22 CAI (Centro de Atención Inmediata) incinerados.

La violencia institucional, que terminó de manifestarse este viernes 25 con el asesinato de Julia Giraldo en el Cauca por una bala disparada por un miembro del Ejército, añade un elemento más al año más sangriento que ha vivido el país desde la firma de la paz.

Tal vez el punto más neurálgico del acuerdo de paz sea la reforma rural integral y los programas de transformación del territorio que están inmersos en el primer punto de lo pactado.

Eso, llevado a la realidad, encuentra su materialización en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDET), que no son otra cosa sino la hoja de ruta de la implementación del acuerdos de paz.

En estos PEDET debe quedar consignados las prioridades en la inversión, los programas y proyectos, las obras y demás intervenciones que debe realizar el gobierno en los territorios más afectados históricamente por el conflicto armado.

A la fecha y tras dos años del Gobierno Duque, y cuatro de la paz, hay firmados 17 de estos planes y uno con una ruta de implementación definida, el de la región de Catatumbo. En total se pretende impactar 170 municipios priorizados en lo que le queda del mandato al presidente.

Este es el punto en que más se ha avanzado en la implementación y todavía está en pañales. Sin embargo, la agencia de Renovación del Territorio trabaja para cumplir la meta en los dos próximos dos años.

Aparte del avance lento de los PDET, siguen estando muy rezagadas el resto de reformas esenciales para implementar la paz, como la reforma rural integral, la reforma política o las circunscripciones especiales de paz, enfocadas en darle participación política a las víctimas del conflicto.

La Jurisdicción Especial de paz, un tribunal creado para juzgar los crímenes del conflicto armado, buscar la verdad y reparación de las víctimas, se erige como el gran pilar del Acuerdo de Paz, la cual pese a las trabas iniciales para entrar en funcionamiento ya se encuentra operando y dando pequeños pero importantes resultados.

La JEP actualmente se encuentra escuchando a los exjefes de las FARC quienes están entregando su primeras versiones sobre los secuestros, asesinatos, reclutamientos forzados y demás delitos cometidos durante los largos años de enfrentamiento con el Estado.

Sobre esto hay gran polémica en el país, pues la celeridad de los procesos no ha sido del todo satisfactoria. Sin embargo, en el marco de estas audiencias las FARC han aceptado su responsabilidad -aunque parcial- en temas tan sensibles como el reclutamiento de menores, las violaciones en sus filas, los abortos ilegales, los secuestros y actos atroces como masacres y asesinatos.

El trabajo de la JEP constituye una luz de esperanza entre quienes confirmaron en la salida pactada al conflicto armado. Se espera que su trabajo logre una reparación real a las más de 8 millones de víctimas que dejó el conflicto, y se establezcan las verdaderas responsabilidades de todos los que participaron en los hechos victimizantes.

Lo pactado indica que la JEP, con las herramientas que les dio el punto de Justicia y Víctimas del Acuerdo de Paz, pueda emitir juicios que en los casos más graves no representen penas alternativas sino prisión para quienes no cumplan con la reparación y la entrega de la verdad total.

Aunque para esto aún falta un largo camino, el avance de la JEP representa un pilar importante para poder cerrar el largo capítulo de la guerra en Colombia. A ella han pedido ingresar antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más grande del país que se desmovilizó durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El ingreso de los paramilitares, como Salvatore Mancuso y otros jefes extraditados a los Estados Unidos, sería un elemento fundamental para alcanzar la verdad completa del conflicto colombiano y llegar una justicia restaurativa.

Respetar el trabajo de la JEP, tras las objeciones iniciales que presentó el Gobierno, es un punto a destacar del presidente Duque frente a la implementación del Acuerdo de Paz, si esto continúa, la paz podrá seguir andando, aunque su paso no sea tan firme como el esperado a estas alturas. /Con informacion de Infobae

Perú

Por presunta corrupción investigan a 142 candidatos de estas próximas elecciones

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Seis aspiran a la presidencia, 134 son postulantes al Congreso y 40 tienen el número 1. Los partidos con más casos son APP, Podemos, Fuerza Popular, SP, Victoria Nacional, Avanza País y Perú Libre.

Historia ya conocida: ciudadanos que tienen investigaciones por diversos delitos y se postulan al Congreso. La única diferencia es que ahora ya no gozarán de la inmunidad parlamentaria, aunque sí tendrán poder político para intentar influir en el curso de las indagaciones o enfrentar conflicto de intereses al momento de debatir o legislar en temas relacionados con sus eventuales delitos.

Son al menos 142 los candidatos al Congreso y también a la presidencia que a la fecha tienen investigaciones en curso, en sus distintas etapas, por presuntos actos de corrupción, según información procesada desde el Proyecto Talleres de Periodismo de la Fundación Gustavo Mohme Llona, contando con la validación de las procuradurías anticorrupción de las regiones del país.

Estos 142 candidatos suman en total 274 carpetas, teniendo en cuenta que algunos tienen más de un proceso en curso.

De los 274 expedientes, 269 son encausados en el marco del nuevo Código Procesal Penal. De esta última cifra, 136 carpetas están recién en la etapa de diligencias preliminar para que las autoridades determinen si hay motivo para formalizar investigación. Es decir, varios de estos casos podrían también quedar archivados, si se verifica que no hay indicios de delitos.

En cambio, 57 casos sí presentan investigación formalizada y 50 en etapa intermedia. Finalmente, 17 expedientes ya están en la etapa de juzgamiento.

Aspirantes presidenciales

De los 142 candidatos con investigaciones, seis son aspirantes a la presidencia y dos postulan a las vicepresidencias.

Los seis candidatos presidenciales que reportan investigaciones por presunta corrupción son Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Daniel Salaverry (Somos Perú), Ollanta Humala (Partido Nacionalista), Alberto Beingolea (PPC), Ciro Gálvez (RUNA), y Rafael Santos (PPS).

En el caso de Keiko Fujimori, la investigación está en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos.

Daniel Salaverry (SP) también está en la etapa de diligencias preliminares, a cargo de la Fiscalía de la Nación, por el supuesto delito de colusión. En tanto, Humala tiene indagaciones por presunto delito de colusión agravada en la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción.

La lista incluye a Alberto Beingolea (PPC), quien tiene una investigación por supuesta colusión agravada. “Me están investigando por trabajar”, fue la respuesta que dio el candidato, al ser consultado sobre este caso. Según detalló, él ya dio su manifestación ante la Fiscalía por la investigación abierta por el supuesto direccionamiento para su contratación como asesor en el Gobierno Regional del Callao. “Ya contesté todo y entregué todos los documentos. Lamentablemente, vino esto de la pandemia y se paralizó. Yo estoy esperando que esto se archive”, concluyó.

Ciro Gálvez (RUNA) enfrenta una investigación por peculado, mientras que Rafael Santos (PPS) tiene una investigación por el mismo presunto delito en agravio de la municipalidad distrital de Pueblo Libre.

A ellos se suman dos candidatos a vicepresidencias: Victoria Paredes Sánchez, que postula a la primera vicepresidencia por PPS y es investigada por supuesta malversación; y Jaime Salomón Salomón, aspirante a la segunda vicepresidencia por Avanza País, investigado por colusión.

El Congreso

En tanto, son 134 los que aspiran al Congreso y tienen investigaciones por presunta corrupción. Un aspecto que puede ser materia de suma preocupación es que 40 de estos postulantes van nada menos que con el número 1 en las listas de sus regiones.

Al hacer un análisis por partidos, la organización política con el mayor número de candidatos con investigaciones por corrupción es Alianza para el Progreso, de César Acuña.

Este partido ya tiene los antecedentes de haber llevado al Parlamento a los hoy sentenciados Edwin Donayre y el cusqueño Benicio Ríos Ocsa. Ahora mismo, APP tiene en el Congreso al sentenciado por corrupción Humberto Acuña, hermano del dueño del partido.

Ahora APP tiene a 23 aspirantes al Congreso con investigaciones por corrupción. De ellos, un postulante tiene hasta 15 carpetas de investigación. Se trata de Luis Picón, aspirante congresal por Huánuco con el número 1. Le sigue en el ‘ránking’ César Peña Reyes, postulante por Piura, también con el número 1: tiene 14 carpetas.

APP no encabezaba en ninguna de las encuestas, pero sí lidera la lista de partidos con mayor número de investigados.

Sobre el tema, el secretario general de APP, Luis Valdez, declaró a esta redacción que el partido tuvo el cuidado necesario y se valió para ello de la Ventanilla Única del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Reconoció, al mismo tiempo, que este filtro pudo haber resultado insuficiente y consideró que una tarea pendiente en materia legislativa podría ser que la Ventanilla Única también incluya información sobre las investigaciones en curso.

El segundo partido con el más alto número de investigados es Podemos Perú, del candidato presidencial Daniel Urresti. Este grupo tiene 16 postulantes con investigaciones por presunta corrupción y uno de ellos es José Luna Gálvez, con una carpeta por el presunto delito de organización criminal.

En el tercer puesto empatan los partidos Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y Victoria Nacional, del postulante presidencial George Forsyth. Cada grupo tiene 13 investigados.

Luego está Somos Perú, con diez investigados, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, que reporta cinco carpetas, por delitos que van desde tráfico de influencias hasta peculado. Sigue Avanza País, de Hernando de Soto, con 9 investigados.

Luego aparece Perú Libre, con ocho postulantes investigados. Este partido tiene especial respaldo en el centro del país, pero esto mismo puede representar un serio peligro, si se tiene en cuenta que de los 6 candidatos por Junín, 3 enfrentan investigaciones, entre ellos el número 1, Waldemar Espinoza, hermano del ya sentenciado Vladimir Cerrón.

El constitucionalista Omar Cairo recalcó que los congresistas electos ya no tendrán inmunidad parlamentaria y tendrán que seguir respondiendo por estas investigaciones. Sin embargo, apuntó que los elegidos tendrán también poder político y eso puede ser usado en sus regiones para intentar influir en los jueces o fiscales que tienen a su cargo las investigaciones.

Otro factor de riesgo, según explicó, es que los congresistas con investigaciones tendrán conflicto de intereses al momento de legislar sobre temas penales que estén relacionados con sus posibles delitos. /Con información La República

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Perú

López Aliaga: “Perú en grave riesgo de ser Cuba o Venezuela, esta puede ser la última elección libre”

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“Son medidas ateas y comunistas. Y genocidas, inclusive”. El empresario peruano Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por el movimiento conservador Renovación Popular, no ahorra descalificativos al referirse a la respuesta del gobierno frente a la pandemia de COVID-19, y advierte que el país andino está encaminado a ser una dictadura de izquierda si no vota por un cambio de rumbo en las próximas elecciones de abril.

“Esta es la última elección libre de Perú. De aquí, si no salimos bien, esto va a ser Venezuela o Cuba, acuérdate de mí”, indicó en entrevista con Infobae, antes de partir a un viaje por el norte del país, donde intenta formar su bastión de apoyo. La campaña continúa mientras su equipo legal está apelando la decisión del Jurado Electoral Especial que lo excluyó de la carrera por prometer que donaría su sueldo.

El panorama que proyecta López Aliaga desde su acérrimo antiizquierdismo se basa en la profunda crisis sanitaria y económica que atormenta al país, uno de los más afectados a nivel mundial en ambos frentes por la pandemia. Es un constante opositor a las medidas de confinamiento (que en las últimas semanas se recrudecieron en varias regiones por los picos de casos) y defiende la libertad empresarial. “Vamos a tener 10 millones de desempleados en los próximos meses, se nos viene un problema grave, están quebrando muchas empresas por el estilo comunista del gobierno de (Martín) Vizcarra y este payaso que se llama (Francisco) Sagasti. Han reventado toda la economía”, advirtió.

“Date cuenta que el Perú ha crecido 30 años seguidos hasta que llegó Vizcarra y este payaso, ahí comenzó la muerte del Perú”, afirmó, sin mencionar la aparición de la pandemia. Sobre la respuesta a la crisis, analizó: “(Estuvo) mal manejada, sin ayuda del Ejército, sin ayuda de la Iglesia, sin el sector privado, lo propio de un comunista”.

López Aliaga, quien a la par de un achicamiento del estado (eliminación de casi la mitad de ministerios) propone una especie de Plan Marshall con algunas medidas keynesianas para afrontar la crisis, indicó que no distinguiría entre la procedencia de las inversiones que lleguen a Perú, ya sean chinas o estadounidenses, siempre que su origen sea lícito, para hacer grandes proyectos de infraestructura, como un tren que una la costa peruana desde el extremo norte al sur.

En el plano regional, aseguró que mantendría la presión contra el régimen de Nicolás Maduro desde el Grupo de Lima, e incluso la incrementaría. “Tendríamos una protección al pueblo venezolano que está bajo una narcodictadura asesina. Lo que han hecho con Venezuela es fatal. Han matado a la pobre gente, la han masacrado, están ligados al narcotráfico mundial. Me duele que Estados Unidos, pudiendo hacer algo en Venezuela, no lo haya hecho”, indicó.

López Aliaga propone expulsar a los extranjeros que delincan

Perú ha visto en los últimos días varios episodios de xenofobia contra los migrantes venezolanos, incluyendo amenazas de muerte y homicidios. López Aliaga, que ha propuesto expulsar a los extranjeros que cometan delitos, ahondó: “Un venezolano que te quita la paz, que te roba algo menor como un celular, o te mete un balazo… si entra al sistema judicial peruano, olvídate, al día siguiente va a estar libre, porque hay mucha corrupción. Hay que aplicar la ley de migraciones peruana, que dice que un extranjero que comete una falta tiene que ser deportado”.

No obstante, dijo que mantendría el voto peruano en la Asamblea General de la ONU a favor de levantar el bloqueo comercial contra Cuba, “por un tema humanitario” hacia “la pobre gente que está adentro”.

Tras algunos coqueteos con la política en 2007 y 2011, se lanzó de lleno en 2019, pero se niega a considerarse un “político”. El ingeniero de 60 años, proveniente de una familia humilde, se enriqueció vertiginosamente en los años 90, durante el fujimorismo, con una empresa de inversiones bursátiles. Actualmente lidera compañías en el sector ferroviario y turístico, entre otros, y afirma tener alrededor de 10 mil empleados.

Por ello, entre sus desafíos está convencer a una población indignada con la clase política y empresarial, especialmente tras el escándalo del Vacunagate, en el que cientos funcionarios y allegados accedieron a la fórmula de Sinopharm incluso antes del inicio de la campaña de vacunación. Según López Aliaga, que hace de la batalla contra la corrupción una de sus principales propuestas, él se ha alejado de estos círculos. “Hace rato me he desmarcado hace rato de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), que es una banda de salvajes, todos tienen videos con (Vladimiro) Montesinos, son socios de Odebrecht. Odebrecht ha corrompido al Perú bastante. No te imaginas el nivel de corrupción que hay. Por eso soy el único que puede decir que voy a expulsar (a Odebrecht) y meterlos presos hasta que me muera o me maten, porque estás peleando con un poder muy grande”, indicó.

Vacunas para privados

“A Sagasti le pido que viaje a Chile a comprar vacunas”, dijo. El vecino del sur se ha erigido como un ejemplo en la región, habiendo aplicado la primera dosis de Pfizer más del 15% de su población, mientras que Perú ha inoculado a menos del 1%. Si bien Chile no tiene un excedente de dosis para revender a otros países, ni está claro si los contratos le permitirían hacerlo, López Aliaga insiste en que allí está la solución, ya que los contratos firmados por Perú refieren a una entrega masiva recién para el segundo semestre.

Además, para agilizar el proceso, sostiene que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las compañías de seguros deberían ser habilitadas para comprar millones de vacunas, una medida que no ha adoptado casi ningún país del mundo, y que los pocos que lo han habilitado se han visto frenados por la falta de oferta: los principales laboratorios solo negocian con gobiernos. La medida, además, es desaconsejada por la mayoría de epidemiólogos.

“Las AFP, como tienen ubicados a sus afiliados, pueden traer 30 millones de vacunas y vendérselas, no regalarles, por 30 dólares. Los 30 dólares los paga cualquier persona que quiere salvar su vida. Y traer vacunas solidarias para regalarle a la gente que no está en AFP o el sistema previsional privado”, propuso.

Además, opinó que no ocurriría lo que pasa actualmente con el oxígeno medicinal, que escasea gravemente en Perú, se vende en privado y el precio se multiplicó en las últimas semanas. Según dijo, sería necesario que los eventuales compradores de vacunas estén regulados por el estado y que puedan vender sin perder dinero.

Voto religioso

Soltero, sin hijos y con un voto de celibato desde hace 40 años (cuando tenía 20), cambió el color del partido para elegir el celeste, con el que encabeza el frente “provida” y ha reunido a varios líderes evangélicos que proponen defender el modelo “tradicional” de la familia.

Por ello, explicó que solo apoya el aborto terapéutico, en caso de que esté en riesgo la vida de la madre, y añadió: “Que el médico cargue con su conciencia”. Para situaciones de niñas violadas, indicó que deben recibir toda la contención del Estado, con hogares de acogida para protección legal y emocional, pero rechazó la posibilidad de interrumpir el embarazo, porque lo consideraría un asesinato.

“Soy inclusivo, incluyo a muchos seres humanos”, aseguró, marcando distancia de líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, para quienes anteriormente dedicó elogios a sus medidas y crítica a sus estilos. Aunque antes indicaba que su propuesta era de “derecha popular”, ahora rechaza todo tipo de etiquetas, solo identificándose como social cristiano.

Consultado sobre la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se besen en espacios públicos, indicó que eso afecta la libertad de otros y que sería correcto que un policía los separe. “Es que estás creando escándalo, por lo menos en Perú. La discriminación existe cuando se afecta un derecho, pero (al besarse) perjudican a otros. Le estás quitando la inocencia, no es lo que los niños reciben de su casa, no es lo que ha recibido de manera natural, antropológicamente natural, estás forzando la realidad”, argumentó. De todas formas, insistió en que siente respeto y tolerancia.

El candidato, que ha declarado que es “adicto” a la Eucaristía, también remarca que el estado debe estar separado de la religión e instó a los líderes religiosos a renunciar al dinero que reciben de las arcas públicas. Además, indicó que las exenciones impositivas solo deben aplicar a las iglesias que se limiten a realizar actividades religiosas, y no a aquellas comerciales o inmobiliarias.

Renovación Popular ha conseguido un ligero crecimiento en las encuestas en una contienda muy numerosa (17 candidatos) e incierta (ninguno llega al 12%). Así, con sumar algunos puntos, logró salir del grupo de “Otros” y acercarse a los primeros puestos.

“Con el crecimiento de la ola celeste, podemos tener mayoría en el Congreso”, dijo, optimista de llegar a la segunda vuelta. Recordó que, en 2016, en esa instancia, votó por Pedro Pablo Kuczynski (y no por Keiko Fujimori): “No sabía realmente quién era PPK, tenía otra imagen. Después, viendo que era el empleado número uno de Odebrecht, que lo habían corrompido, como han hecho con todos los ex presidentes”.

Pero también ya traza estrategias para posibles alianzas, aunque eso lo acerque al “centro” político. “Siempre tienes que conversar, pero eso no significa transar. Hay un partido Frepap, evangélico, me interesa porque no tienen candidato a la presidencia. Hay otros partidos que son provida”. ¿Es ese el requisito para sentarse a dialogar? “Sí -responde-, pero felizmente el 95% del Perú es provida, profamilia, y en sectores populares es 99%”. /Con información de Infobae

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Perú

Perú: la Canciller renuncia por el escándalo de la vacunación del ex presidente Vizcarra

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La canciller de Perú, Elizabeth Astete, renunció este domingo salpicada por la tormenta política desatada por la denuncia de vacunaciones reservadas a autoridades antes de la inmunización de la población, siendo la segunda en salir del gabinete del presidente interino Francisco Sagasti por este caso.

“He presentado al señor presidente de la República mi carta de renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores”, dijo Astete en un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter, en el que admitió que fue un “grave error” el haberse vacunado el 22 de enero.

Sagasti anunció minutos después que aceptó la dimisión de la jefa de la diplomacia peruana.

“Esta noche he recibido la carta de renuncia de la canciller Elizabeth Astete, la que he aceptado”, tuiteó el mandatario.

La tormenta política se desató el jueves cuando un diario limeño publicó que el entonces presidente Marín Vizcarra había sido vacunado en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago.

La revelación levantó una ola de críticas del Congreso al gobierno, lo que llevó a la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el viernes.

Aunque en otros países, presidentes y funcionarios se han vacunado en público para dar el ejemplo a la población, en el caso peruano las críticas van dirigidas a que miembros del gobierno recibieron las dosis sin comunicarlo y cuando aún no arrancaba la campaña de vacunación formal.

El popular ex presidente Vizcarra (2018-2020), que busca un escaño en el Congreso en los comicios de abril, se defendió diciendo que fue voluntario en el ensayo clínico de Sinopharm, como miles de otros peruanos.

Pero la universidad a cargo del ensayo negó que él o su esposa hubiesen sido voluntarios en el estudio.

Perú acumula hasta este sábado 43.491 fallecidos por covid-19, con 1,22 millones de casos confirmados y 1,13 millones de personas recuperadas.

El sistema de salud se encuentra saturado con 14.222 hospitalizados y un déficit de 20% en la demanda de oxígeno medicinal.

Por otra parte, medio millón de peruanos estarán vacunados contra el covid-19 a fines de febrero, aseguró el presidente de Perú, Francisco Sagasti, tras el arribo del segundo lote de dosis de la vacuna de Sinopharm que completaron el primer millón.

Sagasti declaró que “nuestra meta – y eso va a depender de la entrega de las vacunas – es dejar vacunadas a casi 10 millones de personas” hacia el final de su gobierno, el próximo 28 de julio.

Sin embargo, al ser consultado por el diario La República sobre cuál sería el mínimo de vacunación durante su gobierno de transición, Sagasti indicó que “a fin de mes vamos a dejar vacunados a medio millón, con toda seguridad”.

“Si quiere una cifra mínima, ahí la tiene”, agregó el mandatario en la entrevista publicada este domingo por el matutino.

El jefe de Estado añadió que la meta de los 10 millones de ciudadanos vacunados hasta julio, un tercio del total de la población peruana, “no es una cosa loca”. Si logramos hacer que los acuerdos ya avanzados se concreten, podríamos llegar a esa cifra”. /Con información de AFP y EFE

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