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Latinoamerica

¿Gana la corrupción del Lava Jato?

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Las denuncias por corrupción en América Latina llegan a las sentencias después de atravesar enormes dificultades. La mayoría quedan en el camino. Y una vez dictada la condena, es aún más difícil que se cumpla en su totalidad. Ese es el caso del Lava Jato, la investigación anticorrupción que se inició en Brasil hace seis años, con 500 denuncias y 250 condenas en 12 países, y que en la última semana se chocó contra un gigante muro muy difícil de atravesar. Los fiscales del caso denunciaron la creciente oposición del Congreso, la Corte Suprema y los funcionarios del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Unas horas después de que dimitiera Deltan Dallagnol, el fiscal federal y coordinador del grupo de trabajo, renunciaron otros siete fiscales y el caso de corrupción más grande expuesto en Latinoamérica está a punto de caer en el agujero negro de la impunidad.

“Hay una fuerte alineación de fuerzas políticas contra la investigación del Lava Jato. Y es mucho más que una operación de las que estamos acostumbrados a soportar, el esfuerzo brasileño contra la corrupción está en riesgo”, dijo Dallagnol. En un documento conjunto enviado a la Fiscalía General, los siete procuradores del equipo de investigación de Sao Paulo, dijeron que dejaban su puesto por “incompatibilidades insolubles con la actuación de Viviane de Oliveira”, designada por el fiscal general, Augusto Aras, para coordinar los trabajos en esa ciudad. Aras, a su vez nombrado por Bolsonaro a inicios del año pasado, es un crítico de la investigación. Cree que los fiscales incurrieron en “excesos” en el caso que en los últimos años llevaron a la cárcel a influyentes políticos y empresarios. El fiscal general atacó en particular los métodos de los fiscales de Curitiba, centro neurálgico de la Lava Jato, a los que acusó de mantener “una caja de secretos con 50.000 documentos bajo la más completa opacidad”. “Es la hora de corregir los rumbos para que el ‘lavajatismo’ no perdure”, había sentenciado Aras en julio pasado en una videoconferencia con abogados.

Dallagnol lideró desde el inicio de la operación, en 2014, al grupo de fiscales dedicados exclusivamente a los casos de la Lava Jato, y trabajó codo a codo en esos asuntos con el entonces juez Sergio Moro, que en 2019 asumió el Ministerio de Justicia en el gobierno de Bolsonaro y renunció en abril pasado después de enfrentarse al presidente por su intervención en los asuntos de la Policía Federal con el objetivo de frenar otra investigación por corrupción en la que está involucrada toda la familia presidencial. Como magistrado, Moro dictó algunas de las sentencias más duras y polémicas de todo ese proceso, como la que condenó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un juicio en el que fue acusado por la oposición de actuar “imparcialmente y con fines políticos”.

Bautizado con el nombre de un lavadero de coches utilizado para lavar dinero en Brasilia, la investigación comenzó en 2014 y se amplió rápidamente después de que los fiscales descubrieron un vasto plan de contratos por sobornos en el que participaba la poderosa empresa petrolera estatal Petrobras, un grupo de empresas de construcción y decenas de políticos prominentes. Los enjuiciamientos resultantes se consideraron un momento decisivo para Brasil, donde la élite gobernante había disfrutado durante mucho tiempo de impunidad por sus excesos.

Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado. Luego era transferido al extranjero, a través de empresas “fachada”, a cuentas en Hong Kong. Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a funcionarios de distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina. El dinero que se pagaban en coimas era cargado al costo final de las obras a través de adendas al contrato original. Ganaba la constructora, ganaba el funcionario corrupto, perdía el Estado. Parte de ese dinero también era blanqueado a través de la red montada en Brasil.

Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8.000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina. Según la justicia de Estados Unidos, funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht (que abrió otro caso relacionado de corrupción en todo el continente y dos países africanos) admitieron que durante 2005 y 2014, pagaron a funcionarios peruanos 29 millones de dólares para obtener licitaciones. En ese país fue donde más avanzó la investigación y están procesados o encarcelados los ex presidentes Alejandro Toledo Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la líder opositora Keiko Fujimori y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. El ex presidente Alan García se suicidó cuando la policía lo iba a arrestar. En el caso argentino, ex gerentes de la empresa admitieron haber pagado coimas a ex funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por 100 millones de dólares. La investigación, como todas las de los casos de corrupción en los tribunales argentinos, está demorada.

En una entrevista de esta semana en una revista brasileña, el fiscal Dallagnol dijo que la investigación sólo había arañado la superficie de la corrupción en el Brasil. “Tenemos un problema de capitalismo de amigos. Lava Jato fue capaz de cortar algunas de las ramas y hojas, pero no desenterrar este árbol maligno”, agregó. Los que conocen los pasillos del poder judicial de Brasilia creen que el fiscal general Aras va a desmantelar gradualmente las investigaciones a través de recortes presupuestarios o límites de tiempo. De todos modos, esa no es la única fuerza que se opone a las investigaciones. El Congreso, que era el principal objetivo de la lucha contra la corrupción, aprobó el año pasado una ley destinada a prevenir los abusos de poder de los fiscales.

Varios miembros del Tribunal Supremo también son críticos con los supuestos excesos del Lava Jato. El año pasado, los jueces supremos dieron un golpe a los esfuerzos de los fiscales cuando dictaminaron que los convictos en estos casos sólo podían ser encarcelados después de agotar todas las apelaciones, algo que permitió la excarcelación del ex presidente Lula da Silva y otros ex funcionarios. El tribunal dijo que la decisión estaba en línea con los derechos constitucionales de Brasil, pero otros juristas creen que de esa manera se elimina el incentivo para que los delincuentes colaboraren.

Dallagnol afronta ahora una treintena de investigaciones internas en el Consejo Nacional del Ministerio Público, buena parte de ellas originadas por una serie de reportajes del sitio web The Intercept Brasil, en un escándalo conocido como “Vaza Jato”. El portal publicó en 2019 conversaciones escritas entre Dallagnol y otros fiscales del caso y el juez Moro, que sugieren que el antiguo magistrado orientó, de forma ilegal, las investigaciones, y siembran la sospecha sobre el carácter selectivo de las mismas en función de quién era la persona a ser investigada. El fiscal que substituyó a Dallagnol, Alessandro José Fernandes de Oliveira, de perfil más discreto y de buena reputación en los tribunales, pidió la continuidad de la operación y avisó: “Un equipo que gana no se toca”. El asunto es que el equipo rival, el de los políticos corruptos, también se siente ganador. /Con información de Infobae

Colombia

Colombia aplicará tercera dosis de vacuna anticovid a mayores de 70 años

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Las personas que deseen recibir la inyección adicional deberán hacerlo por lo menos seis meses después de la aplicación de la segunda dosis, detalló el Ministerio de Salud. La medida regirá desde el 1 de octubre.

Colombia ofrecerá una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a mayores de 70 años, anunció el pasado jueves el Ministerio de Salud. Se aprueba “la aplicación de una tercera dosis o dosis de refuerzo para la población colombiana de 70 años en adelante”, dijo el jefe de esa cartera, Fernando Ruiz, en un video divulgado en Twitter.

Aquellos que deseen recibir la inyección adicional deberán hacerlo por lo menos seis meses después de la aplicación de la segunda dosis, detalló Ruiz. La medida regirá desde el 1 de octubre.

Colombia ha aplicado unas 37,8 millones de dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Sinovac. Casi 16 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación recomendado por los laboratorios.

El ministro Ruiz aconsejó aplicar “el mismo biológico” utilizado en las dos dosis previas o las vacunas de Pfizer o Moderna, que son de tipo ARN mensajero.

En agosto, el Ministerio de Salud ya había ofrecido una dosis adicional a las personas con inmunodepresión, que son más vulnerables ante el virus.

Colombia registra unos 125.000 muertos por la enfermedad y más de 4,9 millones de contagios.

El país de 50 millones de habitantes superó la fase más crítica de la pandemia y desde mediados de julio reporta un descenso progresivo en decesos e infecciones. El mortal tercer pico fue detonado por la variante “mu”, según autoridades.

La cartera de Salud ha reconocido que la vacunación masiva, que empezó en febrero, ha sido el principal motivo de la reducción en las cifras. En el país se pueden vacunar todos los mayores de 12 años.

Otro países como España, Uruguay o el Reino Unido ya han empezado a administrar una tercera dosis a las categorías de población más vulnerables.

Con 2.259 muertes por millón de habitantes, Colombia es el cuarto país más afectado por la COVID-19 de Latinoamérica, por detrás de Perú, Brasil y Argentina.

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Latinoamerica

Atacan con drones una cárcel en Ecuador

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Una prisión de la provincia costera de Guayas, en Ecuador, fue atacada con drones desde el exterior, que provocaron tres explosiones y afectaron al techo del centro, informaron este lunes las autoridades penitenciarias del país.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), precisó que el ataque, “estaría dirigido a los cabecillas de las bandas” y calificó de “grave” la situación que se vive en las cárceles al asegurar: “Estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales”.

El suceso se produjo de madrugada y, tras las explosiones, varios agentes de la Policía ecuatoriana ingresaron en la prisión para salvaguardar su seguridad.

El jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, Santiago Jácome, informó de que unidades tácticas incursionaron en la cárcel para mantener el control después de los ataques con aparatos no tripulados.

El uniformado confirmó que sobre las 3:30 de la madrugada, hora local, se escuchó el sobrevuelo de un dron sobre la cárcel de Guayas, lo que alertó al dispositivo de seguridad perimetral del centro penitenciario que activó los protocolos correspondientes.

“Según versiones de vecinos y de propietarios de los inmuebles colindantes, se han escuchado dos detonaciones”, aclaró el funcionario.

Personal técnico de Criminalística ha llevado a cabo pesquisas en la prisión y sus inmediaciones para dar con indicios, artefactos o vestigios que puedan evidenciar la actividad de los aparatos sin piloto.

El Gobierno de Ecuador anunció el mes pasado que destinará 75 millones de dólares en los próximos cuatro años para atajar la crisis de su sistema penitenciario.

El caso más elocuente de la grave situación se dio en febrero cuando dos bandas protagonizaron un enfrentamiento en cuatro centros penitenciarios que acabó en la muerte de casi 80 reclusos, aunque los casos son constantes y en julio murieron otra veintena en un caso similar.

Las autoridades atribuyen los enfrentamientos a las disputas entre bandas y al crimen organizado, que deja más de medio millar de asesinatos sólo en la provincia de Guayas.

Fuente: The Epoch Times

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Un sismo de magnitud 7,1 estremece a México

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Un sismo de magnitud 7,1 con un epicentro muy cercano al balneario de Acapulco sacudió este martes el centro y sur de México, sin que hasta el momento se reporte pérdida de vidas humanas.

El temblor se produjo a las 20.47 hora local (01.47 GMT), con origen a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, indicó del Servicio Sismológico Nacional, que en un reporte preliminar había dado una magnitud de 6,9.

En declaraciones a Milenio TV, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que el sismo se «sintió muy fuerte» y la gente está «bastante alarmada».

Pero indicó que por el momento no hay reportes «de gravedad» y pidió a la ciudadanía tener «cuidado» por las posibles réplicas.

Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que no se espera la generación de un tsunami en la zona costera.

Ciudad de México en alerta

El terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde miles de personas salieron de casas y edificios como medida de seguridad y prevención, y donde en varios barrios se han producido cortes de electricidad.

“El secretario de Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch) está sobrevolando (la ciudad). Hasta el momento no se reportan daños graves. Seguimos informando”, indicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en Twitter.

Posteriormente, García Harfuch informó que hay cortes de luz en algunos barrios de la ciudad y el servicio de metro funciona con normalidad y, por el momento, no hay reportes más relevantes.

El sismo de esta noche ocurrió en la misma fecha en la que hace cuatro años -el 7 de septiembre de 2017- se registró un terremoto de magnitud 8,2 el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida.

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