La compleja situación epidemiológica que atraviesa Venezuela durante la pandemia ha profundizado el colapso del sistema de salud público, cuya gravedad viene siendo denunciada reiteradamente por organizaciones de derechos humanos, gremios y sindicatos desde años atrás. El deterioro progresivo de la infraestructura hospitalaria; la falta de insumos médicos; las malas condiciones de salubridad de los centros de salud; la falta de acceso a servicios públicos como electricidad, agua y recolección de desechos; así como las pésimas condiciones laborales de los trabajadores de la salud configuran un escenario de extrema gravedad y dificultan una respuesta efectiva a la crisis sanitaria por el Covid-19.
A la fecha, al menos 71 trabajadores del sector salud han perdido la vida por haberse contagiado de Covid-19, lo que representa un 25.7% de la cifra total de fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con las estadísticas disponibles, el porcentaje de fallecidos del personal de salud en Venezuela es el más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. Esta penosa situación es consecuencia del incumplimiento de las obligaciones internacionales del régimen de dotar a los profesionales de la salud de todos los equipos e insumos de protección necesarios para desempeñar sus funciones con un mínimo riesgo de contagio. La ineptitud, improvisación, corrupción y falta de experticia del gobierno de facto de Nicolás Maduro ha impedido que el personal de salud reciba los equipos de bioseguridad de forma oportuna, permanente y en estricto cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Al respecto, lamentamos el sensible fallecimiento de los profesionales de la medicina: Rafael Páez, María González, Ramón Galue, Ana Henríquez, Braulio Arteaga, Luis Urdaneta Patricio Rodríguez (Distrito Capital); Alexis Moya, Yanira Paruta, Graciali Rangel y José Guzmán (Estado Anzoátegui); Anselmo Rosales (Estado Aragua); Yamil Aboud (Estado Barinas); José Clavier, Sandra Ramos, Libia Carrión, Alcira Perache, Oswaldo Albornoz y Ramón García (Estado Bolívar); Henry Álvarez, Morella Martínez y Patricio Torres (Estado Carabobo); Juan Barreno y María Martínez (Estado Falcón); Luis Ramírez (Estado Lara); Adán Muñoz y Elsy Santander (Estado Mérida); Liz Duque (Estado Monagas); Isidro González (Nueva Esparta); Luis Manuel Azuaje (Estado Sucre); Guillermo Sáenz (Estado Vargas); Samuel Viloria, Marisela Ramírez, Solangel Scandela, Jorge Leal, Manuel Romero, Carlos Castillo, Nelly Hernández, Jesús Romero, Marisol Tigrera, Franklin Jiménez, Analy Fernández, Édgar Rabinovish, Jairo Valbuena, Rannefer Valbuena, Amable Amado, Édgar Manzaneros, Cipriano Brito, Alonso Adrianza, Héctor Millán, Alexander Gotera, Luis Felipe Salazar, Jesús Peña y Luis Sulbarán (Estado Zulia); de los profesionales de la enfermería: Zaida Zárate (Estado Apure); Rosalia Bonalde y Climer Forty (Estado Bolívar); Carmen Guillén (Estado Mérida); Carmen Corro (Estado Vargas); Keyla Molaya, Nadedsa Villasmil, Felipe Silva, Maritza Urdaneta, Ninfa Luz Caraballo, Yaletzi Carrillo y Juan Carlos Feria (Estado Zulia); y de los trabajadores del sector salud: Alfonso Duarte, Miguel Colina y Jazmín Alcalá (Distrito Capital); y, Leonardo Gutiérrez (Estado Falcón); cuyas vidas hubieran podido preservarse de contar con todos los equipos de protección. A su familia y seres queridos, extendemos nuestras condolencias, apoyo y solidaridad.
Finalmente, esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas exige al régimen de Nicolás Maduro y a los organismos internacionales con competencia en materia de salud los siguientes puntos:
1. Adoptar medidas urgentes para preservar la vida de los trabajadores de la salud en condiciones de igualdad y sin discriminación;
2. Activar los mecanismos de dotación de equipos de protección personal a todos los centros de salud del país conforme a los estándares internacionales;
3. Supervisar que los trabajadores de la salud cumplan de forma permanente, sostenida y continua con los protocolos sanitarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud, tanto en su lugar de trabajo como fuera de los centros asistenciales;
4. Garantizar que el personal de salud goce de condiciones de trabajo dignas en cuanto al salario, días de descanso, alimentación, transporte y acceso a servicios públicos; y,
5. Abstenerse de realizar cualquier acto de criminalización, amenazas, judicializar, y los ataques por parte de autoridades del regimen, en particular a través de canales de medios de comunicación de propiedad pública o presión contra los trabajadores del sector salud.
HUMBERTO PRADO SIFONTES
Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas
