Las reservas de oro en control del Banco Central de Venezuela (BCV) se ubicaron por debajo de las 100 toneladas al cierre de junio, según los datos difundidos el lunes por el ente emisor del régimen de Nicolás Maduro. La cifra representa el volumen más bajo del mineral en las bóvedas en 50 años.
En el primer semestre del año, unas siete toneladas de oro de máxima pureza dejaron de pertenecer a las reservas del Banco Central, y la disponibilidad de lingotes es ahora de 98 toneladas, de acuerdo con las notas de los estados financieros del organismo.
El valor de las reservas en oro se ubicó a junio en USD 4.993 millones, USD 200 millones más que en diciembre de 2019, cuando fueron valorizadas en 4.789 millones de dólares. Sin embargo, ese aumento obedeció a un incremento significativo en el precio del metal, en buena medida producto de la intención de inversores de recurrir a lo que es considerado un refugio de valor, en el marco de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.
Por más de 50 años, el Banco Central venezolano llegó a tener unas 350 toneladas de oro. Sin embargo, el volumen comenzó a decrecer en 2015. Entre ese año y 2017, el régimen tramitó préstamos utilizando lingotes como garantías. Algunas barras se recuperaron y otras se perdieron en operaciones de canje.
Luego las reservas de oro continuaron reduciéndose, al tiempo que fuentes locales advertían que del ente emisor salían lingotes para presuntamente venderlos en el exterior, como una vía del régimen -agobiado por la caída de los ingresos petroleros y las sanciones de Estados Unidos- de conseguir liquidez.
En abril se reportó un retiro de lingotes, y según dijeron fuentes consultadas, parte de esa operación tenía como fin comprar algunos insumos para procesar gasolina, debido a las fallas de suministro de combustible.
Según consignó la agencia Bloomberg, alrededor de nueve toneladas de oro -cantidad equivalente a unos USD 500 millones- fueron enviados a Irán a modo de pago por la ayuda que el régimen de Teherán proveyó para revivir refinerías de gasolina que se encontraban paralizadas.
En 2018, Maduro confirmó que había comenzado a exportar oro extraído de las minas a Turquía. Pese a las presiones de Washington para advertir a compradores internacionales de oro, el régimen ha podido seguir negociando barras del metal, también de máxima pureza.
El gobierno interino de Juan Guaidó también ha solicitado en foros internacionales que se sancione la venta de oro del régimen, asegurando que buena parte de este fue extraído de manera ilegal.
La zona conocida como el arco minero del Orinoco es escenario de numerosas violaciones de derechos humanos de miles de trabajadores informales. La situación fue documentada en distintas ocasiones. La última de ellas proviene de un crudo informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet.
A principios de 2019 el Banco Central acumulaba 129 toneladas de oro monetario, según datos oficiales.
En paralelo al retiro de barras de oro, el emisor venezolano efectuó en abril gestiones para negociar parte del oro que tiene depositado en el Banco de Inglaterra. La intención era canalizar fondos a través de una entidad de Naciones Unidas para adquirir equipos y enfrentar la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, la administración de los fondos fue disputada por el gobierno interino de Juan Guaidó. El caso llegó al Tribunal Superior británico, que a principios de julio dictaminó que es el gobierno encargado quien tiene la potestad de acceder legalmente a las reservas, dado que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país latinoamericano.El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Foto: EFE
No obstante, el régimen apeló la decisión el pasado 24 de julio. De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia EFE, el juez de la causa Nigel Teare aceptó que se eleve un “recurso parcial”, es decir, que solo pueda volver a examinarse una parte del dictamen que él mismo emitió, la que hace referencia a la cuestión de “justiciabilidad”.
La Corte de Apelaciones tendrá que decidir en una fecha futura si Teare acertó cuando dictó, como parte de su sentencia, que los actos y nombramientos de Guaidó como “presidente interino de Venezuela” (tal como le reconoce el Gobierno del Reino Unido) no son “justiciables” en Inglaterra, es decir, que no deben ser escudriñados aunque hayan sido declarados ilegales por la Justicia venezolana. Con información de Reuters
