La organización Kapé Kapé acaba de producir su informe 2020, “Minería ilegal en comunidades indígenas”, revelando que aunque parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela (BCV), fuentes como Transparencia Venezuela, señalan que por cada cargamento que el Ministerio de Minas entrega al BCV, sale del país por contrabando hasta tres y cuatro veces la carga, que se va hacia Curazao, Aruba, Colombia, Brasil, Surinam, Arabia Saudita, Turquía, entre otros.
El informe de 52 páginas fue producido por el equipo de investigación que conformó Henry Gómez, Higinio Montiel, Ítalo Pizarro, José Naveda, Melquiades Ávila y Simeón Rojas con asesoramiento de Carmen Teresa Peña, Faustino Rodríguez e Isabelina Rodríguez. Contaron con la colaboración de las Comunidades Indígenas.
Revelan que “en el caso del Coltán denominado Oro Azul, mineral de alto valor comercial y gran demanda en la industria tecnológica por su propiedades (Primer Informe, 2020), y cuyas minas se encuentran en Parguaza al sur del municipio Cedeño en el estado Bolívar, la Organización SOS del Orinoco ha denunciado recientemente el avance que está teniendo su explotación y su consecuente contrabando, el cual finaliza en países como Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y Mercados del Medio Oriente”.
Considera Kapé Kapé que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero se debe a la conformación progresiva de prácticas delincuenciales, con participación de distintos que manejan cuantiosas cantidades de oro, coltán, diamantes y otros minerales de modo ilegal, lo cual “solo ha sido posible a partir de la complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas del país y altos funcionarios del gobierno”.
Destaca el informe, como un fracaso, medidas como el Plan de Ahorro en Oro, a través del cual el Estado venezolano invitó a la población a comprar pequeños lingotes de oro al Banco Central de Venezuela, como fórmula de ahorro.
Dice el informe que “la venta de los lingotes de oro se vendía con una importante prima de diferencia respecto al precio del oro a nivel internacional. Así mismo, el país ha liquidado parte de sus reservas en oro para hacer frente al pago de préstamos y operaciones con bancos internacionales, y finalmente parece una burla en medio de la crisis existente, la pretensión del Estado de estimular el ahorro de los ciudadanos con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades elementales”.
En cuanto al llamado Plan Minero Tricolor, “que implicaba la entrega de un yacimiento o mina a cada gobierno regional, así como la militarización de territorios indígenas en donde existiese oro y diamantes, este plan demostró la clara intención del gobierno de extender e intensificar, a través de la vía militar, sus acciones en la explotación minera del país, obviando además los derechos de los indígenas sobre sus territorios”.
Se lee que, según Transparencia Venezuela, “ninguno de los 24 estados del país ha logrado sacar provecho de sus recursos minerales a pesar de formar numerosos contratos de exploración conjunta con diversas empresas”.
La vida en el área que abarca el Arco Minero “versa en función del oro, allí la moneda nacional, el Bolívar, no existe, ni siquiera es una referencia comercial”.
Los mineros, del oro extraído, pagan a los molinos para su procesamiento, también a los grupos armados que controlan el territorio entre un 30 y un 50 %, y a otros grupos. Hay mineros que pagan hasta 80% a los llamados sindicatos. “Pero no solo los mineros deben pagar a estos grupos, también los residentes que trabajan en otros negocios como expendio de alimentos, restaurantes, alquileres de locales, entre otros deben pagar una cuota fija de oro semanal para poder trabajar”.
Es decir, todos pagan una “vacuna” o extorsión. El incumplimiento tiene consecuencias atroces en las comunidades indígenas. “Es natural que, en este tipo de contexto delictivo, donde se desarrolla la actividad minera emerjan todo tipo de abusos y violaciones, como la trata de personas y la violencia de género, violencia sexual, explotación infantil, persecuciones, desapariciones y masacres”.
Si ya es difícil la situación que viven en la zona, peor es para las niñas y adolescentes “utilizadas como mercancía de compra y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo mayor a menor edad de la mujer”.
Si se resiste entonces es víctima “de hostigamiento, secuestros y torturas”, incluso resultando heridas o asesinadas en muchos de los enfrentamientos entre los grupos armados por el control de la minería. “Uno de los casos que causó conmoción el año pasado (2019), fue el asesinato de una mujer embarazada y una niña de 6 años por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, también en el hecho resulto herido un hombre; estas tres víctimas pertenecían a la etnia Warao, localizada en la comunidad de Mariusa en la parroquia Juan Millán, del municipio Tucupita en Delta Amacuro”
Dicen que en las zonas mineras se ha reportado “la presencia de niños trabajando algunos desde los diez años. Según, (Bram, 2018) en las zonas mineras del Callao el 45% de las personas que operan los molinos para procesar el oro son niños y adolescentes”.
“Otras de las denuncias, que han derivado de los efectos perversos del contexto violento que tienen lugar en las zonas mineras, son las relacionadas a las desapariciones, heridos y muertes a causa de los enfrentamientos de los grupos armados”.
Recuerdan que Human Rights Watch, indicó que, para el 19 de octubre 2019, “al menos 16 personas se encontraban desaparecidas y 6 resultaron heridas en la mina
Los Candados en el estado Bolívar, durante un enfrentamiento entre un supuesto sindicato y el ELN. Así mismo, el 22 de noviembre de 2019 al menos 8 personas se informaron como fallecidas en un enfrentamiento en el territorio indígena Pemón Ikabarú en el municipio Gran Sabana. Una de las personas identificadas fue un Guardia Nacional Bolivariano y otra un indígena de la comunidad de Manak Kru”.
Las comunidades indígenas más afectadas, según Kapé Kapé, son las que habitan en el municipio Sucre y Gran Sabana de Bolívar, estado donde habitan aproximadamente 198 comunidades indígenas.
“El municipio Gran Sabana, donde se encuentra el eje Santa Elena de Uairen-Ikabarú ha sido foco de permanente tensión por conflictos de ocupación de tierras de los grupos armados. Así mismo, las zonas mineras del Callao, Tumeremo, Upata y Guasipati, no han escapado de la violencia que imponen los grupos que detentan el control minero”.
Señalan que “el municipio El Callao está considerado como el más violento de Venezuela con 876 víctimas por cada 100 mil/ hab y el municipio Sifontes, donde se encuentra Tumeremo ocupa el tercer lugar con una taza de 274 víctimas por cada 100 mil/hab”.
Revela Kapé Kapé que “bajo la figura de empresas mixtas, específicamente empresas mixtas eco socialistas, autorizadas para explotar oro, cobre y coltán entre otros minerales, conformadas por representantes nacionales y extranjeros, no se han alcanzado los resultados esperados, pues en la práctica como apunta Transparencia Venezuela, 2018, amenazas como la inestabilidad política, inseguridad jurídica, expropiaciones y la propia inseguridad y violencia en las áreas mineras son algunas de las tantas razones que desmotivan al capital extranjero a invertir en el sector minero en Venezuela, salvo algunos países como China y Rusia por ejemplo, que tienen intereses políticos en Venezuela”.
Destaca el informe que por ejercicio ilegal e la minería, según Human Rights Watch, la Fiscalía había dictado 32 órdenes de detención que no se había ejecutado, 9 detenidos, se presentaron 12 cargos, y había 426 cuentas bancarias bloqueadas y vehículos retenidos vinculados al tráfico del oro.
Kapé Kapé relata que hasta ahora nada de lo establecido por el Estado ha sido eficiente para detener el avance de la minería ilegal y sus consecuencias.
La minería ilegal, que se ejerce en los estados del sur, específicamente en las comunidades indígenas localizadas en las áreas de confluencia del Arco Minero, ha causado, revela Kapé Kapé, “incontables e irreparables daños entre los que se destacan: hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, masacres, además del severo daño ambiental, ecológico y cultural”. /Con información de Infobae
