Del total de muertes, 52 ancianos fallecieron por causas atribuibles al Estado: estaban haciendo colas para cobrar sus pensiones, poner gasolina, retirar las cajas Clap y haciendo huelga de hambre para cobrar pasivos laborales, como fue el caso de jubilados de la estatal Pdvsa.
Para el año 2019, se registró un total de 411 muertes violentas de personas mayores. 45 % de los que perdieron la vida fueron clasificados como fallecimientos por causas específicas ocurridas en hechos atribuibles al crimen, teniendo como principal móvil el robo, que constituyó 57 % del total de los decesos.
Estas cifras son parte de los datos presentados en el Informe de Victimización y Vulneración de Derechos de las Personas Mayores, 2019, de la organización no gubernamental Convite.
Vía plataforma virtual, Luis Francisco Cabezas, quien dirige la ONG, en compañía de dos de sus investigadoras, Thais Maingon y Milagros Fagúndez, dio a conocer los resultados del monitoreo de la sección de sucesos de 57 portales web, pertenecientes a diarios nacionales, regionales y locales.
A partir de ese sondeo se construyó una base de datos que les permitió analizar y presentar la información, en un país donde las cifras que tienen que ver con la salud, seguridad y educación no se divulgan a la opinión pública.
¿Cómo están muriendo?
Lo que totaliza el informe es que 411 personas de la tercera edad murieron violentamente: 104 producto de otros tipos de decesos, en los que destacan accidentes vehiculares (65), que representan más de la mitad; seguida de los suicidios (29), que sería 28 % del total registrado, todos de hombres.
En la información recabada 73 % (298) de los homicidios se cometió contra hombres adultos mayores, y 27 % de las víctimas fueron mujeres (113)
Refiere que 89 % (361) de los que perdieron su vida durante el año 2019, tenían entre 60 y 80 años, 275 (67 %), se encontraban en el rango, entre 60 y 70 años, y 91 entre 70 y 80 años (22%).
Asimismo, se perdieron las vidas de 18 mujeres entre 55 y 59 años (4,4 %) y no de forma natural o por causa de una enfermedad; y se contabilizaron otras 10 de ciudadanos mayores de nacionalidad diferente a la venezolana que desaparecieron de forma violenta.
Sin justicia
El estudio informa que solo en 68 de los casos reseñados se identificaron, capturaron e imputaron a los victimarios. De los responsables, 40 tenían alguna conexión, relación o parentesco directo con las víctimas.
“La gran mayoría de los homicidios permanecen impunes. De esta forma, se profundiza la situación de violencia y se transgrede el derecho a la justicia para las familias. Entre los acusados hay parientes directos, vecinos, amigos, parejas y amantes”.
En 14 casos, los asesinos fueron sus propios hijos; en ocho, sus nietos; en siete eran hermanos, sobrinos y otros familiares, y un número igual fueron vecinos y amigos.
En estos crímenes el móvil principal fue el robo y las riñas. “Esto pone en evidencia el deterioro del tejido familiar, social y de convivencia que se exacerba en una situación de crisis económica aguda y privaciones de todo tipo”.
El Estado responsable
Thais Maingon señaló que las muertes de 52 adultos mayores por causas atribuibles al Estado ocurrieron por falta de medicinas e insumos, de atención asistencial y seguridad.
“El Estado no fue capaz de garantizar el derecho a la vida de muchas de las personas. Fallecieron haciendo colas para cobrar sus pensiones, poner gasolina, retirar las cajas Clap, haciendo huelga de hambre para cobrar pasivos laborales de la que otrora fue la principal empresa estatal, Pdvsa. Por el contrario, negó y privó de medios a las personas mayores lo que provocó una muerte no natural o temprana”.
Los cuatro estados que presentan la mayor incidencia donde el Estado tiene responsabilidad directa, son área metropolitana de Caracas, Bolívar, Lara y Zulia (siete cada uno). Siguen Falcón (6) y Aragua (4); las demás entidades presentan cifras menores.
Otro dato relevante es que desde 2017 hasta 2019, los arrollamientos aparecen como la principal causa específica de afectación a las personas mayores, y para el año pasado hubo incremento en esta categorización. En cuanto a las asfixias mecánicas se contaron 32 casos, más que los años anteriores.
Sin protección
Estas estadísticas muy rojas en el análisis social, se presentaron justo en el día del Adulto Mayor, y difieren de lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de 1999 que señala que:
“El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”.
Nada está por encima de la carta magna, pero aún así hay otras legislaciones, para mejorar la calidad de vida, como Ley del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas (2005) y decretos que dan pie la Misión Mayor (2011).
Sin embargo, y así lo describe el informe, todo ha sido letra muerta. En las últimas décadas este sector de la población se ha visto inmerso en circunstancias adversas económicas, sociales, políticas y familiares, problemas que se intensificaron con la migración forzosa de los jóvenes, lo cual dejó en el abandono y soledad a los más viejos y los puso en riesgo al enfrentarse a una muerte temprana o prevenible.
“Hoy en día la población mayor está excluida, maltratada y sistemáticamente sufre la violación de sus derechos humanos fundamentales”, refiere Luis Francisco Cabezas.
Para 2019, según la Cepal, la población total de personas mayores en Venezuela, con edades comprendidas entre 55 y 99 y más años, era de 4.859.711 (2.234.409 hombres y 2.625.302 mujeres) lo que representa el 16,4 % de la población total para ese año.
El mismo organismo estima una tendencia hacia su crecimiento para los próximos años. “Esto hace necesario que el Estado elabore y profundice normas y políticas dirigidas a este grupo etario, sobre todo en un escenario donde el país vive una emergencia humanitaria que se prolonga y que afecta los derechos humanos, siendo las poblaciones vulnerables las que más sufren esta privación”, dicen los investigadores de Convite. /Con información de AlbertoNews
