Aseguran que Guyana incumplió con un acuerdo de 1966 que reconoce una controversia sobre la soberanía territorial al garantizar ” concesiones ilícitas a empresas petroleras internacionales y otras naciones, y efectuar actos de explotación minera y forestal, sin control”
El tema de la Guayana Esequiba siempre ha sido particularmente sensible en la Fuerza Armada venezolana. Esa región, también conocida como territorio del Esequibo, forma parte del escudo guayanés, que abarca casi 160 mil kilómetros cuadrados y es administrado por la República Cooperativa de Guyana. No obstante, Venezuela reclama la soberanía sobre este basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
En este marco, dos instituciones, integradas en su mayoría por militares retirados de la Fuerza Armada y algunos profesionales del derecho y la educación, presentaron un documento conjunto sobre la situación de la Guyana Esequiba: son el Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV) y el Frente Institucional Militar (FIM).
El manifiesto, que tiene fecha del 15 de marzo 2020, está dirigido a “todos los venezolanos, sin exclusiones”, y se refiere a las “continuas acciones y actuaciones que sigue realizando la República Cooperativa de Guyana con el fin de desconocer la vigencia del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966 por Gran Bretaña, su colonia la Guayana británica y la República de Venezuela”.
El Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV) está presidido por el general de División (Ej) Oswaldo Sujú Raffo; como vicepresidente el ingeniero Aníbal R. Martínez; en la secretaría la licenciada María E. Vásquez de Ojer; siendo el tesorero el doctor Luis Semprúm Salgado; además de varios vocales. En el Consejo Académico se encuentran los doctores Cesáreo José Espinal Vásquez y Blanca Mármol de León, entre otros.
Por su parte, el Frente Institucional Militar (FIM) está presidido por el vicealmirante Rafael Huizi Clavier; en la vicepresidencia está el general de brigada Teodoro Díaz Zavala mientras que el secretario general es el coronel (Ej.) Rubén Bustillos Rávago. Las vocalías, en tanto, están compuestas por los diversos componentes de la Fuerza Armada.
Dicen los oficiales, de diverso rango militar, que “en estricto apego a los postulados ineludibles e imprescriptibles que ordena la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es impostergable volver a elevar nuestros sentimientos e ideales patrióticos en la defensa de nuestra soberanía nacional”.
Es por ello, resaltan, que es necesario manifestar que “Venezuela nunca reconoció la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, por estar viciado desde su inicio de componendas entre los árbitros del laudo, como ha quedado plenamente comprobado”.
El párrafo hace referencia a la resolución emitida como consecuencia del Tratado Arbitral de Washington de 1897, por el cual Estados Unidos -en representación de Venezuela- y el Reino Unido -propietario en ese entonces de la hoy República Cooperativa de Guayana- acordaron someterse a ese mecanismo para resolver su controversia respecto del territorio.
El laudo fue favorable al Reino Unido, pero Venezuela inmediatamente lo cuestionó. Y en 1962, el estado logró un avance en sus reclamos: “El entonces Canciller venezolano Dr. Marcos Falcón Briceño denuncio ante la XVIII Asamblea de las Naciones Unidas la nulidad, del Laudo de París de 1899, lo cual dio lugar a un debate acerca del derecho de Venezuela en el Oeste del río Esequibo, desde su nacimiento hasta su llegada al Océano Atlántico. El 17 de febrero de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra (ONU), donde el gobierno de Venezuela, Gran Bretaña y la colonia de Guayana Británica, reconocen la existencia de la controversia y se establecen procedimientos para una solución pacífica”, expresa un párrafo de la misiva.
El documento asegura que la firma del Acuerdo de Ginebra implicaba que, “al aceptar las partes someterse a este Acuerdo, quedó nulo de nulidad absoluta el Laudo de París de 1899”.
A juicio de los militares, Venezuela no debe aceptar ir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y, como lo ha solicitado Guyana, volver atrás para conocer la eficacia y validez del Laudo de París de 1899. “Venezuela no debe volver analizar lo irrito de este Laudo de París de 1899 porque sería darle vigencia a lo que está nulo por el Acuerdo de Ginebra de 1966”, resaltan. /Infobae