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Odebrecht demanda a Perú ante el Ciadi en busca de una indemnización millonaria

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La constructora Odebrecht llevó a Perú ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial que dirime controversias comerciales, para obtener una millonaria indemnización por un contrato cancelado hace tres años, una decisión criticada por Lima este miércoles.

Eje de un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos y otros dirigentes latinoamericanos, la gigante brasileña anunció haber acudido al CIADI -Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington- en busca de una indemnización de 1.200 millones de dólares para “preservar sus legítimos derechos”.

La controversia se originó porque el gobierno canceló, el 24 de enero de 2017, el contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, del que ya se había hecho un tercio. La obra inconclusa, de 1.000 km de longitud, debía transportar gas natural a través de las altas cumbres de los Andes desde Quillabamba, en la región de Cusco, hasta la costa de Arequipa.

“Odebrecht no ha tenido más remedio que iniciar formalmente un arbitraje internacional en el CIADI buscando preservar sus legítimos derechos y de sus acreedores”, expresó la empresa en un comunicado.

“Es irónico que Odebrecht tenga la frescura de ir a un arbitraje ante evidencias de corrupción”, replicó poco después el primer ministro peruano, Vicente Zeballos.

El contrato fue cancelado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski después de que la brasileña admitiera que había pagado 29 millones en sobornos a funcionarios y políticos peruanos para conseguir negocios.

Irónicamente, Kuczynski dimitió 14 meses más tarde sumido en el escándalo, cuando el Congreso peruano se disponía a destituirlo después de que Odebrecht reconociera haber pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a firmas vinculadas a él, mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski (2016-2018) permanece bajo arresto domiciliario desde abril por el caso Odebrecht, mientras Toledo está en prisión en Estados Unidos en virtud de una solicitud de extradición de Perú.

También están bajo la lupa de la Fiscalía por este escándalo de sobornos el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y la líder opositora Keiko Fujimori. Esta última fue enviada por segunda vez a prisión preventiva el pasado 28 de enero, dos meses después de ser liberada tras pasar 13 meses en la cárcel.

Por su parte, el dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril cuando iba a ser detenido en el marco de esta megacausa, que también involucra a decenas de otros funcionarios y políticos peruanos.

– “Golpe muy fuerte” –
Odebrecht, que ha suscrito un acuerdo con la Fiscalía peruana para colaborar en las indagaciones del escándalo, argumentó que la cancelación del contrato fue un “golpe muy fuerte” para la empresa frente a sus acreedores y aseguradores internacionales.

Destacó además que Perú no la indemnizó al cancelar el contrato, a pesar de que había gastado más de 1.000 millones de dólares obtenidos en créditos en diversos bancos brasileños y extranjeros.

Pero el gobierno peruano atribuyó la cancelación del contrato a que el consorcio a cargo de la obra -integrado por Odebrecht y dos empresas peruanas- no logró conseguir a tiempo el financiamiento para terminar el gasoducto.

“El Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado”, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas peruano en un comunicado.

“El consorcio tiene tres integrantes Graña y Montero, Enagas (ambos peruanos) y Odebrecht. La primera ha asumido su responsabilidad y el estado situacional de la investigación, de orden procesal penal, está poniendo de manifiesto evidencias concretas graves de hechos de corrupción”, dijo el primer ministro Zeballos.

El Ministerio de Economía afirmó que “Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales. El Estado ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de 50.000 millones de dólares en más de una docena de casos presentados”.

Las obras del gasoducto están paralizadas hasta ahora. /La Patilla

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