El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, expresó su preocupación por la masacre cometida contra integrantes de la etnia Pemón, ocurrida en la localidad de Ikabarú, al sur del estado Bolívar, por parte de hombres armados que buscan controlar las minas situadas al sur de la entidad y exige una invstigacion inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos, se sancione a los responsables y se protejan los derechos territoriales, a la vida de la población Pemona y el derecho a la consulta previa, contemplado en el artículo 120 de la Constitución de Venezuela y en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
El Comisionado Prado resaltó que ante la falta de independencia de los poderes en Venezuela, que no garantizan credibilidad en los resultados, se hace imperativa la intervención de la Comisión de Determinación de Hechos, creada recientemente por la Organización de Naciones Unidas.
Prado detalló que “esta sería la segunda masacre perpetrada contra el pueblo Pemón”. Entre el 22 y el 27 de febrero de este año, más de 25 indígenas pemones fueron masacrados, durante los cinco días que duró la toma de Santa Elena de Uairén para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a territorio nacional.
En julio, Luís Almagro, secretario general de la OEA, manifestó que el caso sería llevado ante la Corte Penal Interamericana y calificó lo ocurrido, como un nuevo intento de sacar de su territorio a esta etnia indígena, que ocupa espacios importantes en la zona minera del país.
El 23 de abril se cumplieron dos meses de los sucesos en la población indígena de Kumaracapay. Desde entonces, 80 pemones se encuentran desaparecidos tras la acción de funcionarios, según denunció la diputada Dennis Fernández en la Asamblea Nacional.
El Comisionado Prado informó de este nuevo ataque contra la comunidad pemona a los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao y enviará un informe a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz y a Antonia Urrejola Noguera, Comisionada de la Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH. /La Patilla
