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Asumirá proyecto de ley de Contraloría para destrabar proyectos paralizados en regiones y gobiernos locales.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que emitirá un Decreto de Urgencia, basado en una iniciativa legislativa de la Contraloría, que permitirá destrabar las inversiones en los municipios y regiones.
Explicó que muchas obras iniciadas por las autoridades anteriores se encuentran paralizadas y es necesario hacer un corte para que las nuevas autoridades puedan terminarlas sin asumir los pasivos ante eventuales irregularidades cometidas antes que asuman el cargo.
Muchos alcaldes electos tienen desconfianza de continuar las obras dejadas por sus antecesores –prosiguió Vizcarra– pues temen ser acusados si es que se detecta alguna irregularidad, y eso demora la ejecución de las obras.
Manifestó que es mucho más fácil concluir una obra que está avanzada en 60 o 70 por ciento que empezar de cero, por lo que es necesario hacer un corte que permita reactivar esos proyectos.
En la cita que tuvo con los burgomaestres de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) en Palacio de Gobierno, informó que se reunió con el contralor Nelson Shack, quien se comprometió a adecuar ese proyecto de ley en un decreto de urgencia.
Se trata del proyecto de Ley N° 3995-2018-CG que fue enviado al Congreso, pero no fue tomado en cuenta. La norma plantea crear un régimen excepcional que permita a las Entidades Públicas tomar el control de las obras paralizadas y reactivarlas.
Será aplicable para las obras públicas paralizadas por un periodo mayor a 6 meses y que tengan avance físico significativo igual o mayor al 80%, debiendo considerarse preferentemente los proyectos de inversión u obras que tengan por objeto satisfacer servicios públicos en salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres.
Vizcarra dijo que el contralor Shack se ha comprometido a adecuar este proyecto de ley en un Decreto de Urgencia que a la brevedad será evaluado y emitido por el Ejecutivo en uso de sus facultades, lo que generó aplausos de los alcaldes.
Sin obstrucción
Ayer, en la ceremonia por el 198º aniversario de la Marina de Guerra y el 140º aniversario del Combate de Angamos, el presidente destacó que con respeto a la Constitución y la democracia el país está redefiniendo su futuro, después de superar la crisis que afrontaba.
“Nuestro país ha sido puesto a prueba una vez más y han sido la Constitución y la democracia las que nos han permitido resolver una situación de crisis que nos afectaba a todos”, señaló.
A nueve días de haber disuelto el Congreso, sostuvo que “el Perú está redefiniendo hoy su futuro. Tenemos que dejar atrás la polarización y la obstrucción, que solo traen atraso y subdesarrollo”.
Ad portas del Bicentenario de nuestra independencia, pidió comenzar una nueva etapa donde deben prevalecer el respeto a las instituciones, el diálogo y la transparencia, que permita trabajar para alcanzar los grandes objetivos de progreso.
Consideró que “las mayores fortalezas que tenemos son nuestra fe, nuestro amor por el Perú, nuestro espíritu democrático y nuestro compromiso con el Estado de derecho”.
El primer mandatario saludó a los miembros de la Marina de Guerra y recordó la importante gesta de Miguel Grau y su compromiso por poner al Perú primero, cuando atendió el llamado para dejar su cargo de diputado por Paita para incorporarse a la Armada en 1879.
Agradeció a los alcaldes
En Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra agradeció a los alcaldes de los diferentes municipios del Perú el respaldo recibido ante la decisión de disolver el Congreso.
Recordó que al día siguiente del cierre del Parlamento las instituciones públicas y privadas trabajaron normalmente, lo que consideró una muestra de apoyo.
La palabra
– Mesías Guevara, presidente de la ANGR
“Es una muy buena salida para destrabar los proyectos a nivel municipal y regional. Ahora falta que se efectúe de manera más decidida el control concurrente para lograr eficiencia y transparencia”.
– Álvaro Paz de la Barra, presidente de la AMPE
“Será el mecanismo que garantice la ejecución de obras. Debe tener precisiones jurídicas y en su cumplimiento se deben priorizar servicios básicos, infraestructura vial, saneamiento y educación”.
/La República
