Faltando un poco más de un mes para los comicios presidenciales, los incendios forestales y el enfrentamiento en las calles entre oficialistas y opositores suben al máximo la pugna electoral.
Al menos 80 arrestados, ocho heridos, tres casas de campaña de Evo Morales destruídas, amenazas de juicio al presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusaciones de supuestos intentos de golpe de Estado de la oposición y la difusión de sospechas de un posible nuevo montaje del Gobierno de un escenario de violencia para involucrar y perseguir a sus adversarios fue el saldo de una jornada de duros enfrentamientos esta semana en el centro de Santa Cruz de la Sierra.
Mientras centenares de jóvenes y policías chocaban en los alrededores de algunos locales de campaña del partido del Presidente de Bolivia en la capital cruceña, en la sede del Comité Cívico su directorio aprobaba para el viernes 4 de octubre la realización de un Cabildo, en el que se espera definir futuras acciones para detener los monumentales incendios de la Chiquitania, el rechazo a la habilitación de Evo Morales como candidato y una posible proclama de autodeterminación que profundice la autonomía o encamine el federalismo. La autoconvocatoria ciudadana será la antesala de las elecciones presidenciales, previstas para dos semanas después, además que los comités cívicos de cinco regiones del país confirmaron un paro indefinido que comenzaría diez días antes de la votación.
La violencia política en Bolivia, que empezó el miércoles de la misma semana con enfrentamientos en la localidad de Chulumani, en La Paz, por una casa de campaña del oficialista MAS y que siguió al día siguiente en Santa Cruz de la Sierra, puso en segundo plano las crecientes protestas por la negativa del Gobierno a declarar “desastre nacional” en la Chiquitania y porque no deroga y anula una ley y un decreto que son mencionados como promotores de las quemas en zonas boscosas y áreas protegidas.
El primer detonante de los enfrentamientos más graves ocurridos en la región cruceña al finalizar la tarde del jueves fue el anuncio de una marcha, desde la población de Pailón, a 51 kilómetros al este de la ciudad capital, de campesinos que simpatizan con Evo Morales para “cercar” a la Gobernación de Santa Cruz en protesta contra La ley de Pausa Ambiental que se promulgó la semana pasada para frenar los incendios. El segundo hecho que disparó los enfrentamientos fue la convocatoria del partido oficialista a una llamada”tarde azul“, que pretendía instalar a los seguidores del Presidente en todas las rotondas del segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra, con su emblemático monumento al Cristo Redentor, símbolo de la autonomía y escenario de algunos multitudinarios cabildos contra Morales en años anteriores.
El clima de tensión política y social, previo a estas dos movilizaciones de allegados al primer mandatario, había ido en gran ascenso por la demora en la atención del desastre ambiental y por una Asamblea de la Cruceñidad caliente, que derivó en una autodeclaración ciudadana de “desastre nacional”. Horas antes de los enfrentamientos, que derivaron en detenciones, heridos y casas de campaña del MAS destruídas, habían circulado por las redes sociales llamados de jóvenes a movilizarse en las calles para impedir el anunciado “cerco”de los campesinos allegados a Evo Morales y a evitar también que sus seguidores tomen una de las principales avenidas de la ciudad para sus actividades proselitistas.
Ambas movilizaciones de afines al oficialismo fueron asumidas como una provocación e interpretadas como una trampa por algunos activistas pacifistas como Federico Morón, de la plataforma ciudadadana Ríos de Pie, que pronosticó horas antes el desenlace violento. “Evo Morales y Alvaro García Linera necesitan violencia, porque están jodidos. Ya se van a ir. No piquemos el anzuelo. Hay que sacarlos por el voto”, expresó en un video emitido por redes sociales.
Violencia y acusaciones
Una columna de personas, en su mayoría jóvenes que portaban algunas banderas del 21-F, que representa a la lucha contra la habilitación de Evo Morales para otra reelección, enfiló el jueves en la tarde por el llamado segundo anillo de la ciudad para contrarrestar la anunciada movilización proselitista del MAS. En el trayecto se cruzaron con algunos jóvenes de ese partido, hubo golpes y comenzaron los destrozos de algunas casas de campaña de Evo Morales.
La Policía trató de impedir las acciones con represión y detenciones de una decena de ellos. Las gasificaciones llegaron hasta la emblemática zona del monumento al Cristo, donde fue dispersada una concentración de centenares de personas, en su mayoría jóvenes, que se autoconvocaron para protestar contra Evo Morales y sus seguidores.
Mientras se enfrentaban a los policías, varios de los jóvenes los acusaban de estar al servicio del Gobierno. A tiempo de confirmar los arrestos y los heridos, un jefe policial los sindicó de cometer actos vandálicos y de cometer atropellos contra los uniformados, por lo que justificó la represión.
Molesto con la destrucción de las tres casas de campaña de su partido, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que “un grupo de fascistas busca provocar una muerte para culpar”al MAS. Por su parte, el candidato a senador por el oficialismo, Rolando Borda, responsabilizó al Comité pro Santa Cruz de la violencia y adelantó que enjuiciará a su presidente Luis Fernando Camacho.
La respuesta del líder cívico cruceño no se dejó esperar. “No tengo miedo. Si quieren detenerme no voy a huir. Borda ve fantasmas donde no hay. El único responsable de todo esto es el Gobierno. Pido a los jóvenes no salir ni responder a las provocaciones“, afirmó, mientras realizaba una vigilia para encontrarse con los marchistas allegados a Evo Morales para convencerlos de no cercar a la Gobernación cruceña.
Más tarde, el cívico visitó a los detenidos y denunció abuso policial. Horas después fueron liberados alrededor de 70 y unos nueve quedaron presos para ser procesados.
Legisladores del MAS también acusaron de la violencia al Comité pro Santa Cruz. Casi en simultáneo, los marchistas que se trasladaban a Santa Cruz para cercar a la Gobernación anunciaron la suspensión de sus movilizaciones.
Intento de golpe o un montaje
La mañana del viernes el presidente Evo Morales aseguró que los hechos de violencia ocurridos en Santa Cruz obedecen a un intento de golpe de Estado de la oposición de derecha y una conspiración contra la democracia.”Como no pueden usar a las Fuerzas Armadas ahora pagan a algunos jóvenes. La violencia patrocinada por grupos de derecha atenta contra la paz social necesaria para la democracia. Los actos vandálicos protagonizados por agresores del 21-F son una afrenta contra el espíritu solidario, trabajador y pacífico del pueblo de Santa Cruz”, expresó,
Por su parte, el partido Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa condenó la violencia “venga de donde venga” y pidió no caer en las provocaciones del Gobierno y en sus intentos de desviar la atención. El Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, también dijo que se ha tratado de generar un escenario de violencia para desviar la atención del problema del desastre ambiental.
Mientras tanto, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, opinó que el Gobierno busca repetir en la región cruceña el montaje de las experiencias del caso Porvenir, La Calancha y terrorismo, de años pasados, para generar violencia y culpar y detener a sus adversarios.
El fuego sigue y habrá Cabildo
Mientras la violencia política puso en segundo plano por unas horas el desastre ambiental, el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz acordaron con diez alcaldes de la Chiquitania conformar un comando único y otros diez en cada municipio para coordinar mejor las acciones contra los incendios que no paran.
Aunque en los últimos dos días se redujeron los focos de calor a poco más de 2.000 en toda Bolivia, el fuego destruyó una decena de casas en San Matías, amenaza al Parque Noel Kempff Mercado y golpea a la Chiquitania, donde ya se quemaron más de 2 millones de hectáreas.
Los alcaldes de la zona y la Gobernación cruceña aseguran que ya se les acabó los recursos para enfrentar los incendios y que es necesario declarar desastre nacional, el Gobierno insistió en que no lo debe hacer y que se cuenta con ayuda internacional.
Las autoridades municipales también comunicaron al Comité pro Santa Cruz que no es oportuna la realización del Cabildo, ya que puede distraer la atención del desastre. Sin embargo, el directorio cívico fijó la fecha para el 4 de octubre.
Entre tanto, sectores como los indígenas del oriente boliviano marcharán desde este lunes para que se abrogue la ley y se anule el decreto que promueven las quemas.
Incendios y encuestas
En medio de la creciente tensión, el vicepresidente Alvaro García Linera admitió en una entrevista con la red televisiva Bolivisión que los incendios provocaron un costo político al Gobierno y que han relantizado su ascenso en las encuestas.
A propósito de sondeos, la decisión del Tribunal Supremo Electoral de vetar la difusión de uno de ellos abrió otro frente en la confrontación electoral.
Los vocales electorales prohibieron la encuesta más grande realizada hasta ahora, con más de 14.000 boletas, a cargo de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, la fundación católica Jubileo y otras universidades. Las instituciones encargadas de la encuesta se quejaron de limitaciones a la libertad de expresión y algunas asociaciones de periodistas denunciaron “censura previa”. En ella Evo Morales aparece con una cifra menor de apoyo que en todas las que se difundieron hasta ahora.
El fuego cruzado alcanzó al candidato presidencial Carlos Mesa. Su adversario del MNR, Virginio Lema, demandó que el TSE lo inhablite porque uno de sus candidatos a diputado habría difundido la encuesta prohibida. Años antes ya se inhabilitó a varios candidatos en la región de Beni por haber difundido un sondeo sin que estuviera autorizado por ley. /Infobae
