Michelle Bachelet presentó ante la ONU una actualización del texto original y lamentó que el chavismo no haya tomado las medidas que le pidió para reducir la violencia estatal contra los venezolanos.
El régimen venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Así lo manifestó la alta comisionada Michelle Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde dijo que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas Y que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas“, denunció Bachelet.
Lamentó que el chavismo, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
En su informe julio, había exigido a Maduro: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”. Ahora, reclama que nada de eso se cumplió.
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La comunidad pemón ha sufrido además desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
La funcionaria, además, mostró su apoyo a los procesos de negociación para superar la crisis en el país, y puso a disposición los recursos de su oficina para acompañar los esfuerzos entre el régimen y la oposición. Recientemente, el chavismo amenazó con mantener congelado el diálogo. (Con información de EFE)
