El fiscal Abia sostuvo que firmó con la constructora un acuerdo de cooperación por el caso gasoducto del sur entre enero y marzo del 2017, pero Odebrecht nunca cumplió con entregar información
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia fue el primero en investigar el proceso de concesión del gasoducto del sur entre noviembre del 2014 y agosto del 2018. Su pesquisa concluyó al acusar al ex presidente del comité especial de la licitación, Edgard Ramírez Cadenillas, y a Claudia Hokama, ex representante de Odebrecht. Esa carpeta, la 301-2014 solo incluía a ambos investigados.
En diálogo con El Comercio, el magistrado reveló que mientras tuvo a su cargo esta investigación celebró un acuerdo de entendimiento con Odebrecht para que esta empresa le remita toda la información referida al proyecto, compromiso que la constructora no cumplió.
La segunda investigación, también sobre el proceso de concesión [carpeta 03-2017], que involucra a 61 personas, fue remitida en mayo del 2017 al equipo especial del Caso Lava Jato que, en ese momento estuvo liderado por el fiscal Hamilton Castro. Abia hizo entrega de ese expediente por disposición del entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez.
—En su acusación, ¿usted advierte que se cambiaron las bases del concurso durante el proceso de ejecución?
Efectivamente, mi despacho ha formulado acusación el 22 agosto de 2018 por algunos cambios [que se hicieron] en las bases, incluso [porque] se extendieron los plazos.
—Durante los interrogatorios, ¿aceptó culpabilidad el expresidente del comité especial de la licitación del gasoducto, Edgard Ramírez Cadenillas?
Ramírez no ha desconocido los vínculos con [Claudia] Hokama, ex representante de Odebrecht. Sin embargo, no ha aceptado ninguna responsabilidad de tipo penal. [Él] alega que en estas cuestiones del tema del gas existe un círculo reducido de profesionales expertos en ese tema y se defiende en ese sentido.
—¿Por qué su acusación no incluye a Odebrecht como tercero civil responsable?
Su incorporación [al caso] dependía de alguna manera de la procuraduría anticorrupción. También debemos entender que este caso se inicia en agosto del 2014 y, se formaliza la investigación preparatoria el 7 de agosto de 2015.
—¿Qué acciones realizó luego de que Odebrecht aceptará el pago de sobornos en el Perú?
Entre los meses de enero y marzo de 2017, junto a un grupo de fiscales, acudimos a [las oficinas de] Odebrecht y se firmó un convenio de cooperación a efectos de que nos puedan entregar toda la información relevante del caso gasoducto sur [carpeta 3-2017] [….] En el mes de mayo 2017, esa carpeta es requerida por el equipo que lideró el fiscal Hamilton Castro.
—Antes de que esa carpeta, la 3-2017, sea derivada al fiscal Hamilton Castro, ¿se hicieron diligencias, se tomaron declaraciones a los ex ejecutivos de Odebrecht?
Claro. Incluso en la carpeta gasoducto, cuyo número es el 301-2014, también contiene declaraciones de los directivos de Odebrecht, Proinversión y de otras instituciones públicas.
—¿Odebrecht aceptó haber entregado coimas?
Durante toda la investigación no ha aceptado ninguna situación irregular en este proceso.
—¿Odebrecht colaboró en las investigaciones?
No solamente acudimos a Odebrecht, también convocamos a la empresa Graña y Montero porque nos enteramos que [ellos participaron] en la construcción de ductos.
—En su acusación, usted reitera a Odebrecht qué remita información sobre este caso. ¿Qué pasó?
Nosotros hemos suscrito ese convenio, eso debe obrar en las actas de la carpeta [que fue derivada al fiscal Castro] y que no tengo en mi poder. Alguna información llegaba con retraso y hemos ampliado el plazo con otras actas. Recuerdo, incluso, que una de las cosas que alegaba Odebrecht era que tenían un abogado que desconocía el tema penal. [Ellos dijeron que] era un abogado civilista. En ese sentido, manifesté mi incomodidad y se notificó a la empresa que sí seguía incumpliendo lo establecido en el convenio, íbamos a incautar toda la información.
—¿La carpeta que su despacho remitió al fiscal Castro contenía el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario y el de las comunicaciones de las personas que estaban siendo investigadas?
Efectivamente, ya se habían desarrollado una serie de diligencias y declaraciones, se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones [que fue otorgado por el juez Juan Sánchez Balbuena] de las 61 personas [involucradas en el caso] para verificar el tráfico de llamadas que se habían realizado entre algunos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, Proinversión y los ejecutivos de Odebrecht.
—¿Se incluyó en la investigación al entonces ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga?
Mi despacho, a fin de que se esclarezca [la participación de Mayorga], remitió copias a la fiscalía de la Nación [a cargo de Pablo Sánchez] para que se investigue al ministro Mayorga [porque tenía derecho al antejuicio como ex ministro].
—¿Conoció del resultado de esa investigación que se hizo al ex ministro Mayorga?
Claro. Había una fiscal superior a cargo del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales a efectos de que se pueda verificar y esclarecer qué estaba pasando. Desconozco el resultado porque yo ya no tenía esa carpeta [la 3-2017]
—¿Se puede concluir que para fines del 2016 ya había un avance significativo en el caso gasoducto?
Este fue un megaproyecto y empezamos a entender todo lo que había pasado. […] Una obra de US$ 1.300 millones que terminó costando más de US$7.000 millones.
—¿Recibieron ayuda técnica de otras instituciones del Estado?
Solicitamos a la contraloría y se hizo un trabajo coordinado a efectos de que nos puedan determinar las irregularidades en todo el proceso de contratación, tanto es así que se tuvo que conformar un equipo multidisciplinario para determinar la construcción de los tubos que iban a transportar gas desde el Cusco hasta el puerto de Ilo.
—¿Usted realizó una investigación en la que comparaba los proyectos gasoducto sur y Kuntur? De pronto, este último se paralizó cuando inició el gobierno de Humala.
Efectivamente, nos generó sospecha. Había un proyecto anterior con el gobierno de García que se había otorgado en concesión a Kuntur para transportar gas. Sin embargo, entre los años 2011 y 2012 no había avances en el cumplimiento de este proyecto. Sabiendo que había este proyecto, en el 2012 el presidente Ollanta Humala lanza -por decirlo en sus propios términos- otro proyecto paralelo.
—¿Se trataba del mismo proyecto?
Claro, era lo mismo, la construcción de los tubos desde [el lote de] Camisea [en Cusco] hasta Ilo. Kuntur era Odebrecht y esta empresa participa paralelamente también en el consorcio del Gasoducto Sur Peruano y finalmente estos dos proyectos se fusionan.
—¿Los funcionarios de ProInversión y Energía y Minas le dieron una explicación lógica de por qué no ejecutaron la carta de garantía de Kuntur?
Todo proyecto tiene una carta fianza que es fiel cumplimiento, a la fiscalía nos extrañó por qué motivo nunca se ejecutó y lo advertimos en la acusación. Aquí hay una situación [en la que] el Estado también ha perdido.
—¿Lo mismo sucedió con el estudio de impacto ambiental de Kuntur que pasó a Gasoducto sin que nadie se oponga?
Esa es una situación que también fue detectada en el trabajo que hicimos con la contraloría.
—¿La información proveniente del Ecuador va a hacer incorporada en la etapa intermedia de la carpeta gasoducto (301-2014)?
Hay una información de carácter reservado que se ha tramitado. Efectivamente estamos analizando dicha información y lo podríamos ofrecer como medio de prueba porque el Código Procesal Penal nos faculta a hacerlo (El Comercio).
